Departamento de Educación abre investigación de derechos civiles a estados que prohíben medidas contra COVID
La investigación se produce después de que Joe Biden amenazara con emprender acciones legales contra los gobernadores que intentaban bloquear los mandatos de las mascarillas
El Departamento de Educación ha abierto una investigación de derechos civiles en cinco estados que han prohibido los mandatos del uso de cubrebocas en las escuelas.
Las limitaciones en Iowa, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Utah que prohíben a las escuelas exigir máscaras podrían discriminar a los estudiantes con discapacidades o problemas de salud al impedirles asistir a clases presenciales, según el departamento.
No se han abierto investigaciones en Florida, Texas, Arkansas o Arizona, ya que sus prohibiciones sobre el enmascaramiento interior universal no se están aplicando como resultado de órdenes judiciales o acciones estatales.
“Sin embargo, el Departamento continuará monitoreando de cerca esos estados y está preparado para tomar medidas si los líderes estatales impiden que las escuelas o distritos locales implementen el uso de mascarillas interiores universalmente o si las decisiones judiciales actuales fueran revertidas”, declaró el departamento en un comunicado.
Joe Biden ordenó previamente a su secretario de educación que usara “todas sus autoridades de supervisión y acciones legales” contra los gobernadores que impusieron prohibiciones a los mandatos de mascarillas.
La Oficina de Derechos Civiles del departamento escribió el lunes a los cinco directores escolares estatales para afirmar que las prohibiciones de cubrebocas al interior de manera universal evitan que las escuelas implementen políticas que creen protegerían al personal y a los estudiantes del covid-19.
Las prohibiciones “pueden estar impidiendo que las escuelas… cumplan con sus obligaciones legales de no discriminar por motivos de discapacidad y de brindar igualdad de oportunidades educativas a los estudiantes con discapacidades que corren un mayor riesgo de contraer enfermedades graves por covid-19”, decía la carta.
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento investigará si los estados violan la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que garantiza a los estudiantes con discapacidades el derecho a la educación pública gratuita.
Anunciaron que también investigarían si existe una violación del Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, que prohíbe la discriminación por discapacidad por parte de las instituciones de educación pública.
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El organismo de investigación del Departamento de Educación afirmó ser un investigador neutral y que abrir una investigación de derechos civiles no implicaba una determinación sobre si ha habido una violación de la ley.
Eso es a pesar de que el secretario de Educación, Miguel Cardona, se adelantó al resultado de la investigación para decir que los derechos de los estudiantes necesitaban protección.
“Es simplemente inaceptable que los líderes estatales pongan la política sobre la salud y la educación de los estudiantes a quienes juraron servir”, expresó Cardona en un comunicado.
“El departamento luchará para proteger el derecho de todos los estudiantes a acceder al aprendizaje en persona de manera segura”.