Procesar a padres de Ethan Crumbley por tiroteo escolar de Oxford es una admisión de fracaso
Dos personas más serán sometidas al escrutinio público para que todo el mundo pueda ignorar al sistema
Después de que un estudiante de segundo año de la preparatoria de Michigan mató a tiros a cuatro personas en su escuela, los fiscales tomaron la inusual decisión de acusar a sus padres, James y Jennifer Crumbley, de homicidio involuntario. La derecha pro armas por reflejo, personificada por Laura Ingraham de Fox News, declaró en un instante que esta era una táctica de izquierda con motivos políticos.
De hecho, la decisión de acusar a los padres es una deprimente admisión de fracaso frente a la oposición de la derecha a los esfuerzos de sentido común por reducir la violencia armada. Gracias al absolutismo rabioso a las armas de la derecha, los defensores del control de armas se han quedado sin tácticas viables. Se quedan con enfoques carcelarios inadecuados que apenas pretenden intentar reducir la violencia.
No hay ningún misterio especial en la epidemia de violencia armada en Estados Unidos. Estados Unidos tiene algunas de las leyes de armas más indulgentes del mundo y las tasas más altas de posesión de armas: 120,5 armas por cada 100 residentes. Eso es más del doble que la tasa del segundo país más alto, Yemen, con 52,8 armas por cada 100 habitantes.
Como resultado, Estados Unidos tiene tasas fenomenales de violencia armada. Tiene el segundo número más alto de muertes por armas de fuego en el mundo, después de Brasil, y la segunda tasa más alta de suicidios relacionados con armas de fuego después de Groenlandia. Su tasa de muertes violentas por armas de fuego es de 12,21 por cada 100.000 habitantes, que supera la tasa de 7,64 de su vecino del sur México y supera con creces la tasa de 2,05 de su vecino al norte Canadá.
Hay muchas soluciones sencillas para el desproporcionado y trágico número de muertos por armas de fuego en Estados Unidos. En 1996, Australia prohibió numerosos rifles y escopetas, exigió el registro de todas las armas de fuego e instituyó un ambicioso programa de recompra para retirar las armas de la circulación. La violencia con armas de fuego cayó en un periodo corto: los suicidios con armas de fuego, por ejemplo, cayeron de 2,6 por 100.000 en 1996 a 1,3 por 100.000 en 1998, mientras que los homicidios descendieron de 0,4 a 0,3 por 100.000. Las tasas han continúan en declive (en 2013, la tasa de suicidios con armas de fuego fue de 0,72 por 100.000).
Debido a la oposición política de derecha, Estados Unidos ha batallado para instituir reformas similares a nivel nacional. Más aún, en 2008, una Suprema Corte conservadora impuso severos límites a la capacidad de las localidades para prohibir diferentes clases de armas de fuego o incluso para ordenar que se desarmen para su almacenamiento. Algunos municipios, que luchan por limitar las muertes por armas de fuego, experimentaron con demandar a los fabricantes de armas por vender productos inseguros. Pero esa posibilidad también fue cerrada por el Congreso en 2005 con una ley que prevenía en específico las demandas contra los fabricantes de armas cuando sus productos se usaban en delitos.
Los suicidios con armas de fuego, los homicidios con armas de fuego y los tiroteos masivos ocurren con una regularidad abrumadora en los EE.UU., y el último de estos incluso ha ido en aumento en tiempos recientes. Los políticos de derecha se han asegurado de que no se pueda hacer nada útil al respecto. No obstante, existe un gran incentivo para tratar de abordar el problema. Lo que lleva a los fiscales locales a intentar demandar a padres como los Crumbleys.
Dejaré que los expertos evalúen si los Crumbleys son negligentes en materia legal o no, pero una cosa está clara: hay evidencia de que las prohibiciones de armas y los programas de recompra pueden reducir la violencia armada. No hay evidencia de que acusar a los padres después de tiroteos masivos haga lo mismo.
Ni siquiera existe una teoría razonable sobre cómo procesar a los padres reduciría la violencia. Los padres ya cuentan con importantes incentivos para evitar que sus hijos cometan actos de violencia masiva, como el hecho que los propios padres corren un grave riesgo si viven con alguien que decide empezar a disparar contra todos los que estén cerca. ¿La amenaza de posibles cargos criminales hará que los padres decidan de repente que su hijo es una amenaza? No parece probable.
Es poco probable que penalizar a los Crumbleys disuada a nadie o evite otros tiroteos. La única razón para castigar a los Crumbleys es castigarlos. Dos personas más serán sometidas al escrutinio público para que todo el mundo pueda ignorar al sistema.
La justicia penal en Estados Unidos en general se enfoca en el castigo más que en la prevención o reducción de daños. La derecha, en particular, está ansiosa por financiar las prisiones y la policía, y se niega a financiar o promover inversiones en la red de seguridad social, los recursos de salud mental, la reducción del plomo o la cobertura de atención médica ampliada. Su obstinado rechazo a aplicar restricciones a los fabricantes de armas o la verificación de antecedentes, o incluso a reconocer que las altas tasas de posesión de armas crean un peligroso potencial de violencia, es una pieza.
En este caso, la obsesión por las armas de la derecha triunfa sobre su rabia por el encarcelamiento. Pero esa curiosidad no debería eclipsar la triste verdad de que, ya sea que los Crumbleys sean condenados o no, cualquiera que se preocupe por reducir la violencia armada ya perdió. Es de esperar que en algún momento los progresistas puedan reunir la fuerza política necesaria para implementar reformas de armas que conducirán a menos lesiones y menos muertes. Sin embargo, procesar los Crumbleys no lo logrará.