¿Hacia dónde lleva Daniel Ortega a Nicaragua?

Han transcurrido 42 años desde que María del Valle luchó al lado de los sandinistas para derrocar a Anastasio Somoza en su natal Nicaragua. Fue una cruenta guerra civil que se inició en 1979 y cobró la vida de entre 30 mil y 50 mil personas, y forzó a muchas familias, como la de ella, a emigrar hacia Estados Unidos.

Con la mirada triste perdida en el horizonte, María relata que, debido a que era enfermera, los sandinistas la obligaron a dejar a sus tres pequeños hijos y la llevaron a un cuartel en el monte para que ayudara a curar a los heridos.

“No había material quirúrgico, ni anestesia. A los pobres hombres solo les dábamos un pañuelo para que se lo pusieran en la boca y pudieran aguantar el dolor cuando les teníamos que sacar las balas. Estuve ahí como cinco meses, hasta que pude escapar con otras dos compañeras”, relata.

María confiesa que, a pesar de lo ocurrido, en ese entonces simpatizaba con los sandinistas y con su líder, Daniel Ortega. Sin embargo, cuando escapó decidió pedir asilo en Estados Unidos porque temía que la fueran a separar otra vez de su familia.

Hoy vive tranquila en California con sus tres hijos y siete nietos. “Fue una decisión muy dura porque tuve que dejar atrás a mis padres y hermanos, pero no tenía otra opción”, dice durante un reciente festejo para celebrar el cumpleaños de una de sus nietas en un rancho del condado de Riverside.

Ataviada con un vistoso traje azul turquesa, María confiesa que nunca le ha gustado involucrarse en la política, pero entiende las causas que llevaron a Nicaragua a la guerra civil. “Somoza llevaba ya muchos años en el poder y había mucha pobreza. Los sandinistas, por otro lado, prometieron que iban a mejorar el país, que iban a combatir las desigualdades y a llevar la democracia”.

Por desgracia, no ha sido así. La situación en Nicaragua, tanto en términos económicos como de libertades políticas, se ha deteriorado cada vez más bajo el gobierno de Ortega.

El país centroamericano, que tiene 6 millones de habitantes, es hoy en día el segundo más pobre de América, después de Haití. Un reporte del Banco Mundial indica que Nicaragua ha ocupado esa posición, al menos durante tres décadas.

La crisis política y socioeconómica se ha intensificado a raíz de las cuestionadas elecciones del pasado 7 de noviembre que por cuarta vez le dieron el triunfo a Ortega. Debido a que el gobierno nicaragüense arrestó a los principales candidatos opositores para evitar que participaran en el proceso electoral, tanto Estados Unidos como la Unión Europea y varios países de Latinoamérica han calificado los comicios como una pantomima.

Entre las personas detenidas está Cristiana Chamorro Barrios, hija de Violeta Chamorro, contra quien Ortega perdió las elecciones presidenciales en 1990. Cristiana se encuentra bajo arresto domiciliario.

Ortega ha justificado la detención de sus rivales políticos porque, según él, intentan derrocarlo con la ayuda de potencias extranjeras.

Muchos se preguntan cómo es posible que Ortega, de 75 años, haya pasado de ser un revolucionario de izquierda a un autócrata que ahora desea perpetuarse en el poder, es decir, emular a los Somoza, a los que tanto combatió.

Ortega ganó notoriedad a finales de la década de 1970 cuando se convirtió en uno de los principales dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Esta organización militar se levantó en armas contra la familia Somoza que gobernó Nicaragua durante 42 años. El primero de esa dinastía fue Anastasio Somoza García. Luego le siguió su hijo Luis Somoza Debayle y por último Anastasio Somoza Debayle, quien tuvo que abandonar el país en 1979.

Después del triunfo de la revolución sandinista, Ortega fue elegido coordinador de la Junta de Gobierno en 1981. En 1984 ganó los comicios, pero en 1990 lo derrotó Violeta Barrios de Chamorro. Perdió también las elecciones de 1996 y de 2001.

En 2007, cuando muchos creían que su carrera política había terminado, Ortega recuperó la presidencia y no la ha soltado desde entonces.

Para mantenerse en el poder, Ortega no solo ha minado a la disidencia; también ha cambiado de forma radical las leyes. En 2009, el gobernante presionó a la Suprema Corte a declarar inaplicable el artículo 147 constitucional que prohibía la reelección consecutiva. Gracias a ello pudo reelegirse sin problema en 2011. Y en 2013 envió una propuesta, que fue aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría sandinista, para permitir su reelección indefinida.

Durante los años siguientes, Ortega logró mantener en relativa calma al país, gracias a la aplicación de mano férrea. Nadie se atrevía a levantar la voz o a protestar contra los crecientes abusos del gobierno por temor a la represión.

Pero el 18 de abril de 2018 esa paz forzada se quebrantó. El detonador fue la agresión del régimen de Ortega contra un grupo de ancianos que se manifestó contra las reformas al sistema de seguridad social. Varios sectores, entre ellos estudiantes y periodistas, se solidarizaron con las víctimas y también fueron reprimidos con dureza.

Un informe publicado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que el movimiento de inconformidad que estalló ese día no fue producto de hechos aislados sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Ortega y [su esposa Rosario] Murillo”.

El gobierno sandinista acabó con las protestas de manera violenta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que 328 personas murieron, miles resultaron lesionadas y al menos 700 terminaron en la cárcel. En la actualidad, de acuerdo con grupos opositores unas 75 personas siguen detenidas por razones políticas.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), otra de las graves consecuencias derivadas de la represión fue el éxodo de más de cien mil nicaragüenses por razones políticas o económicas. La mayoría migró a Costa Rica, Estados Unidos y Europa.

Como resultado de la represión gubernamental contra las protestas de 2018, la alianza que por años Ortega había cultivado con el sector privado también se derrumbó. Los grandes empresarios decidieron unirse a los manifestantes. Cuatro de ellos están ahora en prisión.

Si bien el cerco en contra de Ortega, sobre todo después de las elecciones de noviembre, se ha hecho cada vez más estrecho, el dirigente no se siente del todo abandonado. Aunque Estados Unidos y la OEA han llamado a nuevas elecciones, el sandinista tiene el respaldo de Cuba, Venezuela, Honduras, Rusia e Irán. Otras naciones de la región, como México, se han abstenido de comentar sobre lo que ocurre en Nicaragua.

La pregunta que todo el mundo se hace ahora es: ¿qué hará Ortega?

Varios analistas internacionales como Oscar René Vargas, un sandinista disidente, creen que el mandatario esperará a ver qué pasa con las elecciones municipales que tendrán lugar en Venezuela el 21 de noviembre y con las de Honduras que serán el 28 de noviembre.

Sus próximos pasos dependerán también de las acciones que emprenda el presidente de Estados Unidos, su enemigo, pero también su mayor socio comercial. Aunque Joe Biden ha anunciado que reforzará las sanciones contra Nicaragua y que revisará el tratado de libre comercio que permite a esa nación exportar el 60% de sus productos a la Unión Americana, algunos expertos consideran que debe sopesar bien las consecuencias de una decisión de esa naturaleza.

Debido a que Nicaragua es una de las naciones más pobres del continente, si se bloquean sus exportaciones a Estados Unidos, aumentará la pobreza y, por ende, la migración hacia el Norte. Otra consecuencia indeseable sería que Ortega decidiera ir tras el apoyo de Rusia y China.

Pero dejar de actuar conlleva también enormes riesgos. Equivaldría a dar el aval a una dictadura y, de esa forma, se fortalecerían también otros regímenes autocráticos de la región.

Aunque no se sabe si Ortega endurecerá su posición o aceptará negociar con sus opositores, lo que sí es seguro es que está decidido a quedarse en el poder. No permitirá nuevas elecciones, ni tampoco un diálogo que ponga en riesgo sus planes de crear una nueva dinastía familiar, lo que podría desencadenar una insurrección.