El INE, talón de Aquiles de López Obrador

Si algo demostraron las multitudinarias marchas para defender al INE el pasado domingo, es que la principal oposición que enfrenta el presidente López Obrador no proviene de los partidos políticos sino de un amplio y diverso sector de la sociedad civil mexicana.

A las marchas, que tuvieron lugar en 63 ciudades del país y del extranjero, acudieron cientos de miles de ciudadanos que, de manera espontánea y ordenada,  sin dádivas de por medio ni convocatorias de la oposición, decidieron tomar las calles ante la amenaza que representa la reforma electoral promovida desde el gobierno federal para terminar con la autonomía del INE y apropiarse del manejo de las elecciones.

De nada sirvieron los insultos proferidos desde Palacio Nacional contra quienes pensaban participar en las manifestaciones. Cansados de que les llamen “fifís”, “rateros”, “conservadores”, “racistas, “clasistas”, “corruptazos” y otras lindezas, cientos de miles finalmente salieron a defender la democracia que tanto esfuerzo y trabajo ha costado construir y que ahora, mediante un plumazo, López Obrador pretende echar abajo para que su partido se perpetúe en el poder, como en las peores épocas del PRI.

Y es que para millones de mexicanos es claro que el INE, aun cuando no sea perfecto, es la institución que ha permitido que desde el año 2000 México pueda tener alternancia en el poder gracias a elecciones libres y transparentes en las que los votos son contados por los mismos ciudadanos.

Con el pretexto de mejorarlo, López Obrador quiere ahora destruir al INE, tal como existe. Entre otras cosas, pretende quitarle al instituto el padrón electoral y convertirlo en una lista nominal controlada por el gobierno, emitir las credenciales para votar con el fin de usarlas a su conveniencia, disminuir el financiamiento a la oposición y eliminar la independencia en la elección de consejeros para que, en lugar de que sean los diputados los que los nominen, esta tarea recaiga, principalmente, en el Ejecutivo.

La intención de López Obrador es clara: quiere asegurarse que su partido, Morena, siga en el poder una vez que finalice su mandato para que pueda continuar de manera indefinida su llamada Cuarta Transformación.

El presidente tiene, además, otra motivación: la venganza. Aunque gracias al INE llegó a Palacio Nacional con una enorme mayoría de votos y es el presidente más poderoso del país en los últimos tiempos, no olvida que en 2006 perdió ante Felipe Calderón. Pese a que no existe evidencia de fraude alguno, pues ante sus reclamos de que le habían robado la elección, se contaron una y otra vez los votos que le dieron la ventaja al panista, López Obrador se niega hasta la fecha a reconocer su derrota.

El rencor y la amargura que le causó el haber perdido esa elección han moldeado su carácter y la forma en que gobierna ahora: no soporta la más mínima crítica y, más que dedicarse a gobernar para todos los mexicanos y resolver los inmensos problemas que aquejan al país, se ha dedicado a denostar a todos aquellos que no están de acuerdo con él. No es un jefe de Estado sino un activista con una ideología obsoleta.

Sus excesos verbales y sus diatribas no solo se dirigen contra intelectuales y periodistas que se atreven a señalar sus errores sino incluso contra mujeres que se manifiestan por el alto número de feminicidios, padres que demandan medicinas para sus hijos con cáncer o sectores de clase media que han votado por la oposición.

El domingo, todos esos grupos agraviados desde la más alta tribuna del poder, manifestaron su hartazgo y sus límites. No están dispuestos a que la  indiferencia y la apatía permitan que López Obrador se salga con la suya y destruya lo único que queda de lo mucho que ha destruido: un órgano electoral independiente que les de una luz de esperanza para que, en las próximas elecciones, puedan elegir de manera libre y democrática a sus próximos gobernantes.

Por desgracia, la soberbia y arrogancia del presidente le impiden ver la realidad política del país. En lugar de reconocer la importancia de las marchas, que según algunas consultoras como GEA, aglutinaron tan solo en la Ciudad de México a unas 640 mil personas, López Obrador se ha dedicado a minimizarlas y a ridiculizarlas mediante la injuria y el sarcasmo.

“No fue mucha gente, si acaso unos 60 mil que no hubieran llenado ni la mitad del Zócalo”, dijo AMLO, luego de que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Marti Batres, fuera criticado por decir que a la marcha en la capital mexicana habían acudido solo entre 10 mil y 12 mil personas, una cifra absurda frente a las imágenes que mostraron todo el Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, repleto de manifestantes que no cesaban de llegar.

Pero más allá de las cifras, López Obrador ha insistido en sus descalificaciones. En su opinión, las marchas fueron un “streaptease político del conservadurismo porque quienes participaron lo hicieron a favor de la corrupción, el racismo, el clasismo y la discriminación y la defensa del INE es solo una excusa porque en el fondo mostraron su rechazo al gobierno”.

El reto que le ha planteado el éxito de las marchas del domingo lo ha radicalizado aún más. En tono desafiante, acaba de anunciar que, si la reforma electoral no se aprueba, tiene listo ya un Plan B que consiste en enviar una iniciativa que no requiera la aprobación de las dos partes del Senado.

Las consecuencias que tendría la implementación de ese Plan B están por verse. Es muy posible que, ante la cerrazón del presidente, las muestras de descontento hacia su estilo autoritario de gobernar se multipliquen y esto dificulte aún más el camino de Morena para ganar las elecciones presidenciales en 2024.