Walmart demanda a Estados Unidos en un ataque preventivo por acusaciones de abuso de opioides

Walmart está demandando al gobierno de EE.UU. en un ataque preventivo en la batalla por su responsabilidad en la crisis del abuso de opioides.

Se espera que el gobierno emprenda una acción civil contra el minorista más grande del mundo, buscando grandes sanciones financieras, por el papel que sus farmacias pueden haber desempeñado en la crisis al surtir recetas de opioides.

Pero el jueves, Walmart presentó una demanda diciendo que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas están culpando a la compañía por la propia falta de políticas regulatorias y de cumplimiento del gobierno para detener la crisis.

Walmart dice que está buscando una declaración de un juez federal de que el gobierno no tiene base legal para reclamar daños civiles a la compañía. También está tratando de aclarar sus derechos y deberes legales bajo la Ley de Sustancias Controladas.

Walmart opera más de 5,000 farmacias en sus tiendas en todo el país.

“Walmart y sus farmacéuticos se encuentran en una posición insostenible”, dice la compañía con sede en Bentonville, Arkansas, en la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Este de Texas. “Bajo la visión generalizada de los acusados, Walmart y sus farmacéuticos pueden ser considerados responsables, quizás incluso penalmente, por no cuestionar a los médicos registrados por la DEA y rechazar sus recetas. Pero si los farmacéuticos lo hacen, pueden enfrentarse a la ira de las juntas médicas estatales, la comunidad médica en general, médicos individuales y pacientes".

La demanda nombra al Departamento de Justicia y al Fiscal General William Barr como acusados. También nombra a la DEA y su administrador interino, Timothy Shea.

En la demanda, Walmart describe una investigación del gobierno de la compañía que comenzó en diciembre de 2016 y la llama una "investigación criminal equivocada" realizada por la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Texas. Walmart dice que cooperó plenamente con la investigación.

En la primavera de 2018, la oficina informó que tenía la intención de acusar a la empresa. En agosto de 2018, Walmart dijo que los funcionarios del Departamento de Justicia reconocieron que no había una base plausible para una acusación penal y el departamento se negó formalmente a procesar a Walmart. Pero la investigación civil continuó.

La investigación inicial fue tema de una historia en ProPublica publicada en marzo. ProPublica informó que Joe Brown, entonces fiscal estadounidense de la oficina del Distrito Este de Texas, pasó años investigando un caso penal contra Walmart por sus prácticas de prescripción de opioides, solo para que se bloqueara después de que los abogados del gigante minorista apelaron a los altos funcionarios del Departamento de Justicia.

Dos meses después, Brown dimitió. No dio una razón para su salida, excepto para decir que estaría “buscando oportunidades en los sectores públicos y privados” y “algunas de ellas se harán evidentes en los próximos días". Brown se dedicó a la práctica privada en el área de Dallas.

Una portavoz de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Texas que manejó la investigación remitió las preguntas al Departamento de Justicia en Washington. El Departamento de Justicia se negó a comentar.

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