Consejo de Uvalde investigará a todos los policías de la ciudad que respondieron a tiroteo

Las familias de las víctimas, los miembros de la comunidad y los funcionarios siguen exigiendo respuestas sobre la fallida respuesta de las fuerzas del orden a la masacre del 24 de mayo

Imágenes de las cámaras corporales muestran al jefe de la policía escolar tratando de negociar con el atacante

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El Concejo Municipal de Uvalde informó que investigará a todos los oficiales de policía de la ciudad que respondieron al tiroteo masivo en la Escuela Primaria Robb, mientras las familias de las víctimas exigen cada vez más que se expulse a los oficiales de sus funciones.

En una tensa reunión del concejo municipal el martes por la noche, el concejal Ernest “Chip” King III anunció que se lanzaría una investigación en torno a las acciones que realizaron 25 agentes del Departamento de Policía de Uvalde y prometieron “actuar en consecuencia” sobre los hallazgos.

“Esta investigación está analizando a cada oficial y lo que sus acciones (lo que hicieron, lo que dicen nuestras políticas) y básicamente, vamos a obtener un reporte sobre todos”, dijo.

“Actuaremos en consecuencia, y se los prometemos”.

Agregó: “Todos los que son de la policía de Uvalde que estuvieron allí serán hechos responsables por sus acciones”.

Como parte de la investigación, cada oficial será entrevistado por Jesse Prado, exoficial de policía de Austin e investigador principal del consejo de la ciudad.

Las familias de las víctimas, los miembros de la comunidad y los funcionarios continúan exigiendo respuestas sobre la respuesta fallida de las fuerzas del orden a la masacre del 24 de mayo.

Casi 400 agentes de varias agencias locales, estatales y federales respondieron al tiroteo ese día, pero pasaron 77 minutos sin actuar mientras el atacante asesinaba a 19 estudiantes y dos maestras inocentes.

El jefe de policía escolar de Uvalde, Pete Arredondo, comandante del incidente en el lugar, ha asumido gran parte de la culpa porque no envió a los agentes de la ley al salón de clases para confrontar al atacante.

Fue puesto en baja administrativa el mes pasado, pero cada vez hay mayor exigencia por que sea despedido.

Se esperaba que la junta escolar tuviera una reunión especial el sábado, en la que votarían si Arredondo es despedido, pero la reunión fue cancelada de último minuto. Se llevará a cabo en una fecha posterior, todavía no confirmada.

La semana pasada, el jefe interino del Departamento de Policía de Uvalde fue suspendido en espera del resultado de una investigación sobre sus acciones.

Imágenes de la cámara corporal muestran a oficiales armados y el jefe de la policía escolar, Pete Arredondo, fuera del salón donde se desarrollaba la masacre

La suspensión del teniente Mariano Pargas se decidió luego de que la Cámara de Representantes de Texas descubriera que el departamento no tuvo en cuenta su entrenamiento contra tiradores activos ese día.

Hasta ahora, el teniente Pargas y el jefe Arredondo son los únicos agentes de la ley que se sabe que enfrentan alguna acción disciplinaria por la respuesta fallida de las fuerzas del orden, a más de dos meses de la masacre.

Pero ahora, la atención se está enfocando en todos y cada uno de los agentes de la ley de la ciudad que estuvieron en la escena.

De los 39 oficiales del departamento de policía de la ciudad, 25 estaban en la escena del tiroteo escolar más mortífero de Texas el 24 de mayo, según el informe del comité de la Cámara.

Varios estaban entre los primeros oficiales en llegar a la escena.

En la reunión del martes, las familias que perdieron a sus seres queridos instaron a los miembros del consejo a suspender a los 25 oficiales mientras se lleva a cabo la investigación.

Brett Cross, tío de Uziyah García, de 10 años y una de las víctimas, señaló a un oficial en el reunión y dijo que “no estaba bien” que siguieran uniformados mientras las preguntas siguen sin recibir respuesta.

“Eso no está bien... hasta que se termine la investigación, deberían estar en licencia administrativa”, pidió.

El concejal Héctor Luévano abordó las demandas de la familia. “Sé que los padres quieren respuestas”, admitió, y prometió que los oficiales rendirían cuentas por cualquier error que salga a la luz.

“Si hay algún oficial que esté violando cualquier política o procedimiento sobre el que necesitaba actuar y no lo hizo y pudo haber causado la muerte de estos niños, de estas maestras, les puedo asegurar que rodarán cabezas”, advirtió en la reunión.

Se espera que la investigación del consejo de la ciudad tome alrededor de dos meses.

Esta representa solo la más reciente de una serie de investigaciones iniciadas para averiguar qué salió mal ese día.

Un agente de la policía de Uvalde observa mientras las víctimas de las familias exigen respuestas y que se rindan cuentas

A principios de este mes, el comité de la Cámara de Representantes de Texas que investiga la masacre publicó un informe explosivo en el que criticó el “enfoque indiferente” de las fuerzas del orden.

El atacante, Salvador Ramos, entró a la escuela y comenzó a disparar contra estudiantes y personal inocente a las 11:33 am de esa mañana.

Pasaron otros 77 minutos antes de que una unidad élite de la Patrulla Fronteriza irrumpiera en el aula y lo matara a tiros a las 12:50 pm.

Las condenatorias imágenes de vigilancia muestran a docenas de oficiales armados parados en los pasillos fuera del salón de clases, sin actuar.

El informe de 77 páginas del comité de la Cámara de Representantes de Texas reveló que una asombrosa cantidad de 376 agentes de la ley acudieron a la Escuela Primaria Robb para responder a lo que se convirtió en el peor tiroteo masivo de la historia de Texas.

Entre ellos se encontraban 149 de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., 91 policías estatales, 25 policías de Uvalde, 16 agentes del alguacil y cinco policías escolares de Uvalde.

El resto eran agentes de la Agencia Federal Antidrogas, alguaciles de EE.UU. y oficiales de policía que acudieron desde condados vecinos.

En el condenatorio informe, la respuesta de las fuerzas del orden fue descrita como un “caos” en el que no había un claro liderazgo, además de que los oficiales en el lugar “no priorizaron el salvar las vidas de víctimas inocentes por encima de su propia seguridad”.

“Hubo un enfoque general indiferente por parte de las fuerzas del orden en la escena. Para muchos, eso se debió a que recibieron y se basaron en información inexacta. Otros tenían suficiente información para actuar mejor”, señala el informe.

El informe del comité de la Cámara de Representantes de Texas indicó que era “plausible” que la prolongada demora para tomar medidas costara las vidas de varias víctimas que se desangraban en el aula.

Una maestra murió a causa de sus heridas en una ambulancia, mientras que tres niños murieron después de llegar al hospital.

Durante la reunión del consejo del martes, el consejo también aprobó una resolución que insta al gobernador de Texas, Greg Abbott, a convocar a una sesión especial de la legislatura estatal para considerar aumentar la edad mínima para comprar un rifle semiautomático de 18 a 21 años.

Ramos había cumplido 18 años apenas unos días antes de llevar a cabo la masacre. Compró legalmente los dos rifles AR-15 tan pronto como tuvo la edad suficiente en su estado natal, el cual tiene algunas de las leyes sobre armas más laxas del país.

El concejal Luévano mencionó que dudaba que el gobernador republicano respondiera a la petición porque está en deuda con la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

“Entonces, ¿va a suceder esta sesión especial? Creo que no”, indicó. “¿Y por qué tenemos que pedir una sesión especial? ¿Por qué no toma la iniciativa?”.

“Ni siquiera creo que le importe Uvalde”, agregó.

La semana pasada, se supo que Abbott no había asistido a un solo funeral de ninguna de las 21 víctimas de la masacre.

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