Departamento de Justicia demanda a Texas por redistribución de distritos aprobada por Partido Republicano

Los funcionarios dicen que los legisladores republicanos “diluyen de forma deliberada la fuerza de voto de las comunidades latina y negra”

Alex Woodward
lunes 06 diciembre 2021 21:09
Justice Department sues Texas over GOP-led redistricting
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El Departamento de Justicia de EE.UU. demandó al estado de Texas por los límites políticos trazados hace poco, aprobados por los legisladores republicanos del estado y promulgados por el gobernador republicano Greg Abbott.

El Fiscal General de EE.UU., Merrick Garland, declaró que los nuevos mapas de redistribución de distritos “niegan a los votantes negros y latinos la misma oportunidad de participar en el proceso de votación y elegir representantes de su elección en violación de la Ley de Derechos Electorales”.

La acción del 6 de diciembre marca la segunda vez que el Departamento de Justicia bajo la administración de Joe Biden demanda al estado por violaciones a los derechos electorales.

La última demanda sigue a otros desafíos legales de grupos de derechos civiles y votantes de la comunidad latina que también argumentaron que los mapas diluyen el poder electoral de las comunidades latina y negra, además de no tomar en cuenta el crecimiento demográfico del estado.

Los resultados del censo de EE.UU. de 2020 revelaron un aumento en el crecimiento de la población entre las personas de color en el estado. El número de residentes latinos creció en casi 2 millones durante la última década, y casi todas las ganancias de población entraron dentro de tres áreas metropolitanas principales, entre algunas de las más grandes del país.

Ese crecimiento significa que el estado ganará dos escaños más en el Congreso de EE.UU., así como cuatro escaños en la Cámara Estatal de Representantes.

Texas “no logró obtener un escaño que abarcara al creciente electorado latino en el condado de Harris” y “excluyó a las comunidades minoritarias del núcleo del Metroplex de Dallas-Fort Worth”, según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU.

“Texas también eliminó las oportunidades electorales latinas en el plan [de la Cámara Estatal de Representantes] mediante la manipulación o eliminación total de distritos donde las comunidades latinas habían elegido previamente a sus candidatos preferidos”, alega.

La Fiscal General Adjunta de EE.UU., Vanita Gupta, declaró que varios distritos se “trazaron con intención discriminatoria”, y señaló que los dos distritos recién creados para escaños en el Congreso tendrán mayorías de votantes blancos.

El estado ha demostrado “década tras década” sus intentos de “diluir de forma deliberada la fuerza de voto de los votantes de las comunidades latina y negra”, aseveró durante una conferencia de prensa el lunes.

El Departamento de Justicia también demandó al estado de Georgia por sus leyes electorales restrictivas.

“El fiscal general dejó en claro que el Departamento de Justicia no se quedará de brazos cruzados ante los intentos ilegales de restringir el acceso a la boleta electoral”, añadió Gupta.

Los estados implementan sus planes de redistribución de distritos una vez por década para volver a trazar las líneas de representación política en medio de una demografía en cambio constante y los continuos intentos del Partido Republicano de dificultar la votación y socavar los resultados de las elecciones.

Pero por primera vez en décadas, los estados vuelven a trazar esos mapas sin supervisión federal. Esto después de que la Corte Suprema de EE.UU. desechara en 2013 un elemento crucial de la Ley de Derechos Electorales el cual requería que estados con una historia de discriminación, como Texas, tuvieran una “autorización federal previa” antes de que los cambios propuestos entraran en vigencia.

Sin esas salvaguardas, las fronteras políticas en Texas se volvieron a trazar sin barreras mínimas contra la discriminación racial o el abuso partidista en uno de los estados de más rápido crecimiento en el país.

El Procurador General Garland reiteró su llamado al Congreso para restaurar el requisito de autorización previa de la Ley de Derechos Electorales, cuyo apoyo los funcionarios del Departamento de Justicia y los defensores del derecho al voto han exigido por parte de los legisladores. Comentó que “no estaríamos aquí” si ese requisito de autorización previa no se hubiera descartado.

Los republicanos del Senado bloquearon varias veces los intentos de introducir medidas en el Congreso sobre los derechos electorales.

El mes pasado, por primera vez desde su aprobación hace casi 60 años, el Senado de EE.UU. no logró restaurar la Ley de Derechos Electorales, que será nombrada en honor al difunto líder de derechos civiles y congresista John Lewis, después de que los legisladores republicanos invocaron un obstruccionismo por cuarta vez este año para evitar que la legislación avance al piso.

Es la primera vez que la Ley de Derechos Electorales no es aprobada por el Senado con el apoyo de ambos partidos.

Los senadores republicanos bloquearon dos veces la aprobación de la Ley Para el Pueblo y una versión reducida de “compromiso” del proyecto de ley, la Ley de Libertad de Voto.

Un creciente cuerpo de legisladores y defensores de los derechos civiles ha instado a los senadores demócratas a desmantelar las reglas de procedimiento que amenazan con socavar el derecho al voto, y protestó frente a la Casa Blanca para exigir que el presidente Joe Biden presione a su partido para hacer más. Los demócratas del Senado necesitan el apoyo de al menos diez republicanos para alcanzar un umbral de 60 votos para romper el obstruccionismo.

Los demócratas presentaron su legislación sobre derecho electoral como un antídoto a la campaña nacional de los legisladores estatales republicanos para dificultar el voto, quienes al mismo tiempo, buscan despojar a los funcionarios electorales de la supervisión electoral y dársela a las legislaturas estatales dominadas por los republicanos. Esto después de que Donald Trump y sus aliados fracasaran en subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 impulsado por su persistente mentira de que la elección se “amañó” en su contra.

Tras una avalancha de decenas de proyectos de ley en casi todas las cámaras estatales, al menos 19 estados promulgaron 33 leyes de votación restrictivas este año, según un análisis del Brennan Center for Justice. Los legisladores republicanos también presentan proyectos de ley electorales más restrictivos antes de las sesiones legislativas de 2022.

Un esfuerzo paralelo de los legisladores republicanos fue la aprobación de al menos 24 leyes que les otorgan más autoridad sobre el proceso electoral.

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