Willie Smith: Alabama ejecutará a hombre negro con discapacidad mental antes de que pueda apelar
Una decisión de última hora por parte de los tribunal de apelaciones federal aún podría detener el asesinato.
El estado de Alabama está a un día de dar muerte a un hombre negro con discapacidad intelectual, a pesar de que tiene un juicio programado para el próximo junio que desafía su proceso de ejecución como una negación de los derechos federales de discapacidad.
A las 6 pm hora del este del 21 de octubre, salvo órdenes de última hora de la corte federal de apelaciones o de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Alabama matará legalmente a Willie Smith por inyección, un hombre con un coeficiente intelectual que ronda en los 70 el cual fue condenado por el secuestro de y asesinato de Sharm Ruth Johnson en 1991 en Birmingham.
Willie Smith, a diferencia de otros presos condenados a muerte de alto perfil como Julius Jones, no defiende su inocencia.
En cambio, un equipo de defensores públicos federales que representan a Smith afirma que no se le otorgaron ajustes por discapacidad exigidas de manera legal según la ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) para completar un formulario de 2018 que designa su método preferido de ejecución. En junio de ese año, a los presos se les dio sólo unos días para seleccionar su procedimiento. Smith, quien se determina tiene las habilidades matemáticas y de lectura de un niño, no tuvo el tiempo adecuado para revisar el formulario con sus abogados y decidir un curso de acción, afirma en una demanda que se remonta a 2019. Según la ley federal, se requiere que los agentes gubernamentales proporcionen acomodaciones para aquellos bajo su cuidado que se sabe que tienen discapacidades. Ahora, los defensores públicos han presentado una solicitud de emergencia en la corte federal de apelaciones para detener la ejecución, argumentando que se le debe dar tiempo a este hombre para que el caso continúe.
"El hecho de que el Departamento de Correcciones no le proporcionó un ajuste, y ahora está luchando activamente contra él por este ajuste es perturbador", dijo John Palombi, miembro del equipo legal de Smith, a The Independent. “Aún más preocupante es que a pesar de que este caso ha estado pendiente desde noviembre de 2019, se encontraba activo en la fase de descubrimiento de los procedimientos y está programado para un juicio sobre las denuncias del Sr. Smith en junio de 2022, el Estado ha optado por intentar ejecutarlo ahora, mientras su meritoria demanda está pendiente".
Mientras tanto, las autoridades estatales dicen que el caso ya se ha litigado a fondo y que Smith nunca solicitó un ajuste o una forma alternativa de ejecución. Un tribunal inferior ha desestimado con anterioridad los reclamos a la ADA de Smith, y Alabama argumenta que Smith tuvo varias posibilidades de buscar un ajuste, pero que los hechos en este caso significan que los funcionarios no estaban obligados a dar una.
“La evidencia es indiscutible de que Smith tuvo acceso a las personas mejor situadas para ayudarlo a pensar en la decisión: Sus abogados”, escribió el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, en un informe el miércoles. "El ADOC (Departamento de Correcciones de Alabama) no estaba obligado a proporcionarle un ‘ajuste' para colocarlo en una mejor posición que a otros presos en el corredor de la muerte".
The Independent se ha puesto en contacto con el fiscal general y el gobernador de Alabama para obtener comentarios.
Los argumentos de última hora ante el Undécimo Circuito de Apelaciones federal son el último giro en el caso que ha explorado múltiples aspectos del proceso de ejecución. La ejecución de Smith estaba programada originalmente para febrero de este año, pero se detuvo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que tenía derecho a que su pastor se uniera a él en la cámara de ejecución y orara por él durante el asesinato. (Las autoridades de Alabama habían negado de manera previa sus solicitudes de presencia de un consejero espiritual dentro de la habitación).
No es la primera vez que el estado puede ejecutar a alguien antes de que tenga su proceso pleno en la corte. En 2017, durante un litigio en curso contra el protocolo de inyección letal del estado, la Corte Suprema de EE.UU. permitió que Alabama siguiera adelante con las ejecuciones de Robert Melson y Torrey McNabb, a pesar de que ambos hombres habían asegurado suspenciones previas en un tribunal inferior.
Alabama es conocida por su prolífico uso de la pena capital y ha ejecutado a 67 personas desde que comenzó la era moderna de la pena de muerte a mediados de la década de 1970, el séptimo total más alto en los Estados Unidos. El estado también tiene una alta tasa de error en las ejecuciones, con una persona exonerada por cada siete que son ejecutados, según la Iniciativa de Justicia Igualitaria.
Smith, quien creció en la pobreza extrema con un padre abusivo, no podía pagar un abogado, y uno de sus abogados designados por el tribunal fue expulsado de su labor como abogado, mientras que otro estaba manejando su primer juicio durante la fase de pena de su caso de pena de muerte. Su sentencia de muerte dictada en 1992 no fue unánime, pero a diferencia de la mayoría de los estados, Alabama permite veredictos de muerte no unánimes.
En 2012, un tribunal estatal dictaminó que, a pesar de su bajo coeficiente intelectual, Smith no tenía una discapacidad intelectual, utilizando una metodología que luego fue anulada por la Corte Suprema de EE.UU. en 2017.
Más tarde, un tribunal escribió, de manera apta, que la ejecución de Smith por esos motivos ahora refutados fue "una cuestión de coordinación".
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