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¿Por qué los españoles se manifestaron en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél?

Además de sus tweets y letras, el rapero también ha sido acusado de agresión, obstrucción de la justicia y allanamiento de morada

Via AP news wire
Viernes, 19 de febrero de 2021 12:03 EST
Pablo Hasél "tiene antecedentes penales, por delitos no solo de expresión"
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Esta semana estallaron disturbios en muchas ciudades españolas durante las protestas por la libertad de expresión por el encarcelamiento de un rapero que insultó a la monarquía española y elogió el terrorismo.

Pero el tema ahora se ha convertido en una patata candente para el gobierno de coalición del país, con el socio menor de extrema izquierda exigiendo que el rapero sea perdonado, mientras critica a la policía por presunta brutalidad.

¿QUIÉN ES PABLO HASÉL?

Hasta hace unas semanas, Pablo Hasél, de 32 años, no era un nombre familiar en España. Un rapero de lengua ácida y anti-establishment, algunos lo consideran un poeta y otros un punk.

Partidario de la secesión de Cataluña de España, ha tenido varios roces con la ley, lo que le valió más de una condena aunque aún no estaba preso. Además de sus tweets y letras, también ha sido acusado de agresión, obstrucción de la justicia y allanamiento de morada.

Pero reincidió recientemente con una canción y tuits insultando al exrey Juan Carlos I y alabando a los grupos terroristas, presionando a las autoridades para que busquen su arresto y lo pongan en la cárcel de Lleida, su ciudad natal de Lleida, en el noreste de Cataluña, para que cumpla una condena de nueve meses.

LETRAS RADICALES

Hasél ha alterado muchas plumas y ha irritado a las autoridades durante la última década. En los insultos a la monarquía, describió al exrey como "un mafioso que saquea el reino español".

En tweets se refirió a un miembro fallecido del extinto grupo armado terrorista vasco ETA como "exterminado por el estado torturador". En otras composiciones, elogió a otros grupos terroristas y abogó por ataques con bombas en la televisión estatal española y en el político socialista vasco Patxi López.

Si bien algunos vieron esto como un ejercicio de su derecho a la libre expresión, la ley opinó lo contrario.

LAS PROTESTAS

Hasél había advertido que no se entregaría voluntariamente para cumplir su mandato. Se refugió con simpatizantes en una universidad de Lleida el lunes pasado durante 24 horas antes de que la policía se lo llevara, sin cubrebocas y gritando consignas a los partidarios.

Las protestas, pacíficas al principio, brotaron en varias ciudades catalanas, incluida Barcelona. Los manifestantes encapuchados comenzaron a arrojar objetos a la policía y a prender fuego a contenedores de basura para levantar barricadas en las calles. La policía respondió con balas de espuma y cargas de porras. Una joven perdió un ojo.

El martes, las protestas se extendieron por todo el país con graves disturbios en Madrid. Las protestas del miércoles fueron cada vez menores, pero nuevamente violentas.

UNA LEY NO POPULAR

Bajo el fuego es el de Seguridad Pública Ley elaborado por un gobierno conservador anterior, lo que muchos consideraron fue diseñado para reducir las protestas contra el gobierno y la policía de protección.

La ley se ha utilizado contra otros raperos y tuiteros, incluso titiriteros. El caso de Hasél provocó críticas por parte de Amnistía Internacional y provocó una petición de unas 200 figuras culturales, incluido el director de cine Pedro Almodóvar y el actor Javier Bardem.

El gobierno de coalición, sintiendo la creciente presión, prometió enmendar el código penal para eliminar las penas de prisión por delitos relacionados con la libertad de expresión.

SIN FIN INMEDIATO A LA VISTA

Con la convocatoria de más protestas, el gobierno español y las fuerzas policiales tienen la tarea de calmar la situación en las calles y facilitar el debate político.

El gobierno del primer ministro socialista, Pedro Sánchez, ha defendido a la policía y ha criticado la violencia, pero debe contener la ruptura con su socio de coalición de extrema izquierda. El hecho de que United We Can evite condenar públicamente la violencia ha alimentado los pedidos de la oposición para la expulsión de su líder del gobierno, lo que podría derrocar a la coalición y desencadenar nuevas elecciones nacionales.

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