Apuesta de México por el gas natural enfrenta resistencia de comunidades y complica metas climáticas

El sol ya se ha metido y un manto violáceo empieza a teñir las nubes cuando Mauricio Contreras y su hija Eunices salen a pescar en Los Arrecifes, en el sureño estado mexicano de Veracruz. Eunices se encarga de tirar al agua la pesada red para capturar pargo, abadejo o cabrilla mientras su padre conduce la pequeña lancha por el Golfo de México.

Con la piel curtida por el sol y una cadena con un ancla colgando del pecho, Contreras cuenta que lleva dedicándose a la pesca más de 40 años, pero ahora teme que el principal sustento de su familia esté en riesgo por un ducto submarino construido el año pasado para transportar gas natural desde Estados Unidos.

“Cuando empezaron a ponerlo nos afectó porque los barcos botaban explosivo y se oía hasta acá, hasta la orilla”, recuerda. Ahora que ya ha entrado en operación, lo que más le preocupa es una posible fuga. “Es un peligro constante que va a estar ahí y es un riesgo para todo el sector pesquero”.

El gasoducto, conocido como Puerta al Sureste, fue construido por la empresa canadiense TC Energy en alianza con la paraestatal mexicana CFE. Se conecta con un ducto que ya unía el sur de Texas con Tuxpan, en Veracruz, y lo extiende otros 700 kilómetros por el fondo del mar hasta Paraíso, en Tabasco. Ya está alimentando la electricidad que requieren las operaciones de la refinería Dos Bocas, pero su principal objetivo es llevar gas hasta la península de Yucatán por medio de la expansión de otro gasoducto que todavía está en construcción.

La obra es parte de una oleada de proyectos en todo el país que pretende ampliar la infraestructura existente para importar más gas natural de Estados Unidos. Con ello, México —que ya es el mayor comprador de gas estadounidense del mundo—, busca tanto satisfacer la demanda interna de electricidad como reexportar parte de ese gas hacia los mercados asiáticos y europeos.

Sin embargo, la apuesta se está encontrando cada vez con más resistencia por parte de las comunidades en las que pretenden instalarse esos proyectos, desde Los Arrecifes hasta el Golfo de California. Además, se enfrenta a las críticas de los principales grupos ambientalistas del país que afirman que la estrategia aumenta el uso de un combustible fósil que contamina el aire y aleja a México de sus compromisos climáticos.

La resistencia en Veracruz

Contreras habla de la pesca como una forma de vida. En su comunidad es casi la única fuente de trabajo y en todo el estado de Veracruz más de 40.000 personas viven del mar. Él fue uno de los habitantes de 15 comunidades costeras que presentaron una demanda en junio del año pasado en contra del gasoducto. Aunque en un primer momento fue desechada, sigue en disputa en los tribunales tras haber presentado un recurso de queja.

La demanda alega que esas comunidades, mayoritariamente indígenas nahuas y nuntajiiyi’, no fueron consultadas sobre el proyecto antes de que iniciase la construcción, como lo exige la Constitución mexicana. “No estamos de acuerdo con este megaproyecto del gasoducto porque nunca se nos informó. Nunca se nos consultó y por consiguiente nosotros no sabemos las consecuencias que tiene”, dice Maribel Cervantes, quien también firmó la querella, desde el patio de su casa en la comunidad de San Juan Volador.

El gobierno argumentó que se trataba de una obra de seguridad nacional y mantuvo bajo secreto buena parte de la información del gasoducto, incluyendo el trazo exacto por el que pasa. Al ser preguntada sobre el caso en una de sus conferencias matutinas el año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “vale mucho la pena que llegue el gas natural a esa zona”.

Cuando se planteó la construcción del gasoducto, la organización ambientalista Greenpeace alertó que las obras de dragado para soterrar el ducto podrían afectar arrecifes de aguas profundas. Ese tipo de arrecifes, llamados mesofóticos, son capaces de vivir a profundidades de más de 150 metros y son el hogar de muchas especies marinas, incluyendo algunas que no se pueden encontrar en otros tipos de arrecifes.

Pablo Ramírez, coordinador del programa de energía y cambio climático de Greenpeace, alerta además que este tipo de infraestructura “comúnmente fuga metano y la fuga de este tipo de gas afecta la química del agua y los ecosistemas que están próximos”. Ramírez recuerda que los arrecifes de Veracruz “son el hogar de muchas especies de flora y fauna marina”, entre ellas tortugas verdes, carey y lora, que dependen de ellos para alimentarse y anidan en las playas de comunidades como Los Arrecifes.

En un video publicado en septiembre TC Energy aseguró que “expertos analizaron minuciosamente el entorno marino para asegurar que la ruta fuera diseñada para conservar ecosistemas”. La empresa canadiense declinó la solicitud de entrevista de Associated Press, pero aseguró en un comunicado que el gasoducto creó 4.000 puestos de trabajo durante su construcción y cumplió con todos los requisitos de la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente de México. Además, recalcó que la obra “lleva gas natural al sureste de México por primera vez, lo que abre oportunidades para el desarrollo económico y social en una de las regiones más pobres del país”.

El empuje mexicano por el gas natural

La apuesta de México por el gas natural estadounidense se remonta a más de una década, tras la reforma de 2013 que abrió la puerta a la inversión privada y extranjera en el sector energético mexicano, explica Víctor Ramírez, socio director de la firma de consultoría P21Energía. “Habría dos razones: la primera disminuir el uso de otro tipo de combustibles como el combustóleo y el carbón, mucho más contaminantes”, dice. “Y la otra aprovechar los precios bajos del gas natural de Estados Unidos”.

Ahora que el vecino del norte busca nuevos mercados para el gas natural que extrae por medio de la fracturación hidráulica en la Cuenca Pérmica de Texas, México ofrece no solamente una posición geográfica estratégica para reexportar ese gas, sino también mejores relaciones políticas con algunos mercados a los que Estados Unidos no podría acceder tan fácilmente, dice Wilmar Suárez, analista energético de Ember. Por su parte, México puede vender ese gas a precios más elevados a otros países, dice Suárez.

Puerta al Sureste actualmente sólo está suministrando gas a la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador con un coste superior a los 20.000 millones de dólares. Pero el gasoducto podría transportar más de 1.300 millones de pies cúbicos de gas al día si se completan los ambiciosos planes del gobierno mexicano.

Entre ellos se encuentra completar otro gasoducto que conecte Puerta al Sureste con Salina Cruz, en Oaxaca, donde prevé construir una planta de licuefacción para reexportarlo hacia Europa y Asia. En ese tipo de plantas el gas se enfría para volverlo líquido, lo cual reduce su volumen para poder transportarlo en buques. El proceso involucra la quema de parte de ese gas para dar energía a la planta, lo que genera emisiones contaminantes, dice Claudia Campero, de la organización Conexiones Climáticas.

Precisamente los planes para construir plantas de licuefacción han sido los que más oposición han generado en los últimos tiempos en el país. Uno de los casos más sonados ha sido el proyecto Saguaro, que busca construir un gasoducto de 800 kilómetros desde Texas hasta la comunidad pesquera de Puerto Libertad, en Sonora. Allí, la empresa estadounidense Mexico Pacific prevé construir una planta para licuar 15 millones de toneladas de gas al año para enviarlo por barco hasta Asia.

El problema, alerta Campero, es que esos buques pondrían en peligro a las ballenas porque circularían por el Golfo de California, un área clave para su reproducción.

El proyecto actualmente se encuentra detenido por un aluvión de demandas interpuestas por algunas de las comunidades que cruzaría el gasoducto y donde se instalaría la planta.

La primera planta de licuefacción para exportar gas natural licuado en México empezó a operar en 2024, pero hay planes en la mesa para muchas más. Si todas ellas llegasen a entrar en operación, México tendría nueve, la mayor parte ubicadas en la costa del Pacífico, según los datos de Global Energy Monitor. Estados Unidos cuenta actualmente con ocho.

Los expertos consultados dicen que la apuesta de México por el gas natural estadounidense hace peligrar su soberanía energética. Actualmente más del 60% de la electricidad en México proviene de plantas que se alimentan con gas y alrededor del 70% de ese gas viene de Estados Unidos.

Según un informe de la calificadora Fitch publicado en febrero del año pasado, la dependencia de México del gas procedente de Estados Unidos “seguirá aumentando”, impulsada por el crecimiento de la demanda, las limitaciones de la producción nacional y la expansión de la infraestructura de gasoductos.

“Entonces es muy fácil para Estados Unidos imponer ciertas condiciones a México, en el sentido de que tiene una posición dominante sobre el suministro del gas, que es su principal energético en este momento”, dice Suárez.

La Secretaría de Energía no respondió a las solicitudes de entrevista por parte de la Associated Press.

Compromisos climáticos en riesgo

En noviembre pasado, México se comprometió a reducir sus emisiones netas de dióxido de carbono entre un 31 y un 37% para 2035. Pero Pablo Ramírez, de Greenpeace, duda que eso sea posible si siguen adelante todos los proyectos de gas en el país.

Además, el enfoque en el gas natural hace difícil que México pueda alcanzar su objetivo de generar el 45% de su electricidad con energías renovables para 2030, como lo prometió la presidenta Sheinbaum en su discurso inaugural, dice Wilmar Suárez, de Ember. Actualmente, las renovables representan alrededor del 20% de la generación eléctrica del país.

El gobierno de Sheinbaum heredó la mayoría de las obras de gas natural proyectadas actualmente “y tienen que cumplir con esos compromisos porque ya están firmados, ya hay dinero metido, ya hay infraestructura desarrollada”, dice Ramírez, de P21Energía. Pero el experto ve como un “giro importante” que la Secretaría de Energía aprobase en diciembre pasado 20 proyectos de energía renovable en todo el país.

Lejos de los despachos de la Ciudad de México donde se toman las decisiones de política energética, en su patio rodeado de cocoteros, Maribel Cervantes pide a las autoridades que tomen en cuenta a las comunidades antes de autorizar este tipo de proyectos. “Como pueblos indígenas tenemos derecho de exigir que se respete nuestro derecho a la autonomía y a la libre determinación”, dice. “No queremos que vengan a imponernos sus megaproyectos”.

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De Miguel reporteó desde la Ciudad de México. La periodista de datos M.K. Wildeman contribuyó desde Hartford, Connecticut.

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