Jueces de CPI consideran a expresidente filipino Rodrigo Duterte apto para ser juzgado

Los jueces de la Corte Penal Internacional dictaminaron el lunes que el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte está en condiciones de ser juzgado, tras posponer una vista anterior debido a preocupaciones sobre la salud del octogenario.

Duterte enfrenta cargos de crímenes de lesa humanidad por su presunta participación en decenas de asesinatos como parte de su llamada guerra contra las drogas durante sus mandatos, primero como alcalde de una ciudad del sur y luego como presidente.

Los abogados del exmandatario de 80 años argumentaron que Duterte estaba en mal estado de salud y que su estado estaba deteriorándose en la unidad de detención del tribunal.

Duterte fue arrestado en marzo y debía comparecer ante el tribunal en La Haya en septiembre. Esa audiencia fue retrasada después que un panel de jueces de instrucción concediera un "aplazamiento limitado" para dar tiempo al tribunal de determinar "si el señor Duterte está en condiciones de seguir y participar" en los procedimientos.

Tras una evaluación por una comisión de expertos médicos, los jueces determinaron que Duterte "es capaz de ejercer efectivamente sus derechos procesales y, por lo tanto, está en condiciones de participar en los procedimientos previos al juicio".

La audiencia ha sido reprogramada para el 23 de febrero.

El panel incluyó expertos en neurología geriátrica y psiquiatría. Según los documentos del tribunal, Duterte se sometió a pruebas cognitivas, así como a exámenes mentales y físicos.

El abogado principal de Duterte, Nick Kaufman, se dijo decepcionado con la decisión, la cual apelará. A la defensa "se le negó la oportunidad de presentar su propia evidencia médica y de cuestionar, en el tribunal, los hallazgos contradictorios de los profesionales seleccionados por los jueces”, afirmó.

Grupos de derechos humanos y familias de víctimas celebraron el arresto de Duterte en marzo. Dos organizaciones que apoyan a las familias de los sospechosos asesinados en la represión de Duterte elogiaron la decisión del tribunal como “una victoria rotunda para la justicia y la rendición de cuentas”.

“El fallo de la CPI reafirma una verdad simple pero poderosa: nadie, ni siquiera un exjefe de Estado, está por encima de la ley” , indicaron SENTRO y la CATW-AP en una declaración conjunta.

Según un documento presentado el mes pasado, los fiscales de la CPI afirman que Duterte instruyó y autorizó “actos violentos, incluido el asesinato, para ser cometidos contra presuntos criminales, incluidos presuntos traficantes y consumidores de drogas”.

Los fiscales anunciaron en febrero de 2018 que abrirían una investigación preliminar sobre la llamada guerra contra las drogas supervisada por Duterte cuando se desempeñó como alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, y luego como presidente.

En una medida que los activistas de derechos humanos señalan que fue tomada para evadir la rendición de cuentas, Duterte, quien era presidente en ese momento, anunció un mes después que Filipinas dejaría el tribunal.

Los jueces rechazaron una solicitud del equipo legal de Duterte para desestimar el caso con el argumento de que el tribunal no tenía jurisdicción porque Filipinas se había retirado del tribunal. Los países no pueden “abusar” de su derecho a retirarse del Estatuto de Roma “protegiendo a las personas de la justicia en relación con presuntos crímenes que ya están bajo consideración”, detalla la decisión de septiembre.

Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían, desde los más de 6.000 que la policía nacional ha reportado hasta los 30.000 que afirman los grupos de derechos humanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.