Acusan a gigantes mineros de “graves abusos contra los derechos humanos” y “contaminación ambiental devastadora” en Colombia

Se investigará a tres gigantes internacionales de la minería por presuntos “graves abusos contra los derechos humanos ” y “ contaminación ambiental devastadora” en la mina Cerrejón en Colombia, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo.

Glencore, BHP y Anglo American administran conjuntamente la mina. El proveedor de energía estatal de Irlanda, ESB, también será investigado como parte de la investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una organización económica intergubernamental con 37 países miembros, después de que se presentaran quejas simultáneamente en Australia, Irlanda. Suiza y el Reino Unido por la Red Global de Acción Legal (GLAN).

La acción ha sido apoyada por una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos y medio ambiente colombianas, irlandesas e internacionales.

De tener éxito, las tres empresas que poseen en conjunto la mina Cerrejón deberán tomar medidas para cumplir con los lineamientos de la OCDE para empresas multinacionales, incluido el cierre progresivo de la mina en su totalidad y la restauración ambiental.

Las denuncias contra los gigantes mineros también piden la compensación total de las comunidades por los daños que han sufrido.

Las quejas describen cómo la mina Cerrejón está relacionada con el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afrocolombianas y detalla la contaminación “generalizada, persistente y extrema” del aire y el agua cerca de la mina.

La Corte Constitucional de Colombia registró altas concentraciones de metales nocivos, que pueden causar enfermedades como el cáncer, en la sangre de la población local.

Las denuncias también apuntan al reiterado incumplimiento de Cerrejón de múltiples sentencias judiciales colombianas.

En septiembre, varios destacados expertos en derechos humanos de la ONU pidieron que se suspendieran algunas de las operaciones de la mina a raíz de una solicitud de intervención de los indígenas Wayuu.

Las denuncias alegan que las empresas matrices de la mina Cerrejón, como sus copropietarios, son responsables según las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales por los daños causados por sus operaciones.

También se han presentado quejas por separado contra la Coal Marketing Company (CMC) con sede en Dublín, que posee los derechos exclusivos para comercializar el carbón de la mina, así como contra la Junta de Suministro de Electricidad de Irlanda (ESB), que ha sido un importante comprador de la mina. carbón.

En 2019, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó que Irlanda “considere dejar de comprar carbón de la mina Cerrejón”.

El director de GLAN, Dr. Gearóid Ó Cuinn, dijo: “Estas quejas paralelas en cuatro países diferentes apuntan a un incumplimiento sistemático de las normas básicas de derechos humanos desde la extracción, la comercialización y la compra de carbón de Cerrejón.

“Los abusos de larga data en la mina han sido tan atroces que no hay forma de que las empresas respeten las leyes de derechos humanos y hagan negocios con Cerrejón”.

Rosa María Mateus Parra, abogada de CAJAR, una organización colombiana de derechos humanos y signataria de las denuncias, dijo: “Este es un ejemplo notable del papel que juegan las grandes empresas multinacionales en alimentar la injusticia.

“La gente de La Guajira ha asumido los enormes costos sociales y ambientales de la mina, mientras que el carbón de combustible fósil dañino se exporta a todo el mundo en medio de la crisis climática y un pequeño número de empresas registran enormes ganancias”.

De confirmarse, las quejas requerirán que BHP , Glencore y Anglo American cierren la mina y compensen a las comunidades afectadas por los daños que ha causado.

Si se confirma la denuncia separada en Irlanda contra la CMC, ésta le exigirá que deje de vender carbón de la mina.

Sorley McCaughey de Christian Aid Ireland dijo: “Vemos el impacto que los abusos de los derechos humanos corporativos están teniendo en todos los rincones del mundo y el caso Cerrejón subraya la insuficiencia de las pautas voluntarias para las empresas multinacionales.

"Los gobiernos de todo el mundo, incluidos el Reino Unido e Irlanda, deben introducir leyes obligatorias de diligencia debida ambiental y de derechos humanos para las empresas a fin de garantizar que no socaven los derechos humanos de los trabajadores o las comunidades en las que trabajan".