A medida que la crisis migratoria se agrava con el paso de los meses, países como México se enfrentan a la necesidad de atender a los grupos vulnerables que buscan alcanzar territorio estadounidense o canadiense, con el fin de mejorar su calidad de vida o garantizar su integridad física. Sin embargo, poco ha sido el avance en materia de protección de derechos humanos, pues las iniciativas se han quedado en el discurso, según demostró una publicación el lunes 13 de diciembre.

Según el diario El Universal, 95 por ciento de las propuestas en favor de la protección de los migrantes ha quedado en la “congeladora”, es decir, 63 de las 66 iniciativas que se presentaron durante la última legislatura federal para fortalecer el apoyo a los migrantes en México, fueron desechadas, retiradas o se quedaron en calidad de “pendientes”.

Así, leyes para implementar protocolos de atención, sanciones; o para suscribir instrumentos internacionales; o para evitar las detenciones ilegales a través del principio de no discriminación, se quedaron en el papel, mientras en la frontera la Guardia Nacional sigue haciendo redadas, detenciones arbitrarias y llena los albergues sin las mínimas garantías de derechos humanos.

La publicación informó que 51 iniciativas de las 66 que se presentaron fueron turnadas a la actual legislación para ser revisadas y dictaminadas. Por ejemplo, aquella que busca diseñar e implementar una capacitación integral en el Instituto Nacional de Migración (INM) para la atención de niños y adolescentes sin perjuicio de su estatus migratorio.

Entre los trabajos congelados en el Congreso, también se encuentra una ley para destituir a los servidores públicos del INM que atenten contra la dignidad de los migrantes, mediante el uso de la violencia física, verbal y psicológica, el hostigamiento e intimidación o videograbaciones no autorizadas. También se busca separar de su cargo a los agentes del INM que propicien o coaccionen de manera probada, con dolo o por negligencia, la comisión de delitos de trata y/o tráfico ilegal de personas.

Entre las 66 iniciativas, el 27 de febrero del 2020 se presentó una iniciativa para permitir que los migrantes puedan solicitar y obtener permisos de trabajo “sin que se requiera oferta de empleo”. Obtuvo el aval del Congreso en diciembre de ese mismo año.

La segunda iniciativa aprobada prácticamente en fast track, garantiza al personal del INM el acceso a “herramientas tecnológicas” de vigilancia. Por lo que no resulta en la protección de los derechos de los migrantes.

El tercer y último dictamen aprobado fue la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, que tampoco atiende las necesidades de los grupos de personas que se mueven desde Centroamérica.