Kavanaugh señala trampa importante en la ley antiaborto de Texas para propietarios conservadores de armas

El juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, una de las adiciones más recientes a la mayoría conservadora de la Corte, insinuó el lunes que cuestionó el precedente que se establecería al permitir que una ley de Texas que prohíba los abortos después de seis semanas se mantenga vigente.

Lo que está en juego es una disposición en la ley que busca eludir el lenguaje que prohíbe al estado hacer cumplir la prohibición del aborto y, en cambio, confiar en las demandas presentadas por ciudadanos privados para actuar como una medida de cumplimiento.

Los críticos de la ley han sugerido que el lenguaje podría conducir a todo tipo de intentos de restringir los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos o afirmados en casos de la Corte Suprema si los jueces encuentran que esto no viola el derecho establecido al aborto definido por Roe V Wade.

Durante los argumentos orales en el caso, Kavanaugh sugirió una situación hipotética en la que un gobierno estatal liderado por liberales podría redactar leyes que establezcan que los propietarios o vendedores de armas de fuego AR-15 podrían ser considerados responsables por ciudadanos privados en tribunales estatales.

“Cualquiera que venda un AR-15 es responsable ante cualquier ciudadano privado por un millón de dólares”, dijo Kavanaugh, describiendo la hipotética ley.

Luego le preguntó al procurador general de Texas, Judd Stone, si dicha ley estaría sujeta a una revisión previa a la aplicación, lo que significa que las personas o agencias afectadas tendrían la oportunidad de pedirle a un tribunal que detenga su aplicación, antes de que se implemente. Stone admitió que tal ley podría implementarse sin esa oportunidad para las partes afectadas bajo el precedente establecido al permitir que la ley de Texas se mantenga.

La crítica más fuerte de la banca del día provino de la jueza Elena Kagan, quien remarcó que la ley parecía ser el resultado de “algunos genios [ideando] una forma de decir que los estados pueden anular la ley federal”, así como Elizabeth Prolegar, el Procurador General de los Estados Unidos que representa el intento de la administración Biden de bloquear la ley.

Prolegar caracterizó la ley como un claro intento de debilitar la autoridad de la Corte Suprema y la supremacía del gobierno federal, e hizo un argumento que se hacía eco de la sugerencia de Kavanaugh de que otros estados buscarían aprobar leyes que restringieran otros derechos si se mantuviera en pie.

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“Nuestras garantías constitucionales no pueden ser tan frágiles y la supremacía de la ley federal no puede ser tan fácil de manipular”, dijo, y agregó que “ningún derecho constitucional es seguro” si la ley de Texas se mantiene.

La defensa de Stone a esa crítica se centró en la supuesta capacidad del Congreso para definir los derechos en la legislación de formas que no pudieran ser impugnadas a nivel estatal.

Los demócratas han buscado durante años codificar el derecho al aborto en la ley federal, lo que pondría fin a muchos intentos estatales de desafiar el precedente de la Corte Suprema sobre el tema. Sin embargo, el esfuerzo ha tenido poca tracción últimamente, ya que la mayoría de los republicanos en el Senado 50-50 han indicado su oposición a tales esfuerzos o se oponen abiertamente al derecho al aborto.

La administración Biden ha emitido numerosos llamados para que el Congreso apruebe un proyecto de ley que defina el derecho al aborto a nivel federal, al tiempo que indica que el presidente y la administración en general trabajarían para oponerse a los esfuerzos de los republicanos para hacer retroceder los derechos al aborto a nivel estatal.