Jueza le prohíbe temporalmente a administración Trump despedir empleados durante cierre
La administración del presidente Donald Trump debe detener por ahora el despido de trabajadores durante el cierre del gobierno, ordenó el miércoles una jueza federal en San Francisco.
La jueza Susan Illston emitió la orden de emergencia después de que las agencias federales comenzaran el viernes a emitir avisos de despido destinados a reducir el tamaño del gobierno federal. Los avisos son parte de un esfuerzo de la administración republicana de Trump para ejercer más presión sobre los legisladores demócratas mientras continúa el cierre del gobierno.
Illston determinó que la administración estaba actuando sin pensar bien sus decisiones.
"Es muy de disparar primero y apuntar después en la mayoría de estos programas, y tiene un costo humano", afirmó. "Es un costo humano que no se puede tolerar".
La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno y otros sindicatos federales habían solicitado a Illston una orden de restricción temporal que impidiera a la administración emitir nuevos avisos de despido e implementar aquellos que ya se habían enviado. Los sindicatos indicaron que los despidos eran un abuso de poder diseñado para castigar a los trabajadores y presionar al Congreso.
La orden de Illston llegó mientras el cierre, que comenzó el 1 de octubre, entraba en su tercera semana. Los legisladores demócratas exigen que cualquier acuerdo para reabrir el gobierno federal aborde sus demandas de atención médica. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, predijo que el cierre podría convertirse en el más largo de la historia y se ha negado a negociar con los demócratas hasta que reabran.
La administración Trump ha estado pagando al ejército y llevando a cabo las masivas detenciones de inmigrantes mientras recorta empleos en salud y educación, incluidos en educación especial y programas extracurriculares. Trump declaró que los programas afectados son demócratas y "nunca van a regresar, en muchos casos".
En un documento judicial, la administración anunció que planeaba despedir a más de 4.100 empleados en ocho agencias.
Los sindicatos dicen que los avisos de despido son un intento ilegal de presión política y represalia y se basan en la premisa falsa de que una interrupción temporal de fondos elimina la autorización del Congreso para los programas de las agencias.
El gobierno dice que el tribunal de distrito carece de jurisdicción para escuchar decisiones de empleo tomadas por agencias federales.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.