Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrían intervenir si hay conflictos durante las elecciones

Es una pregunta que los estadounidenses no están acostumbrados a ponderar en una campaña electoral presidencial: ¿Pudiera la votación, el conteo o la reacción posterior volverse tan caótica que las fuerzas armadas tengan que intervenir?

La respuesta es sí, pero solamente en un caso extremo. No existe normalmente necesidad de que las fuerzas armadas tengan un papel en la elección. La Constitución mantiene a los militares en un espacio estrecho: defender el país de enemigos externos. El orden civil es dejado a la policía, pero existe una ley obscura, la Ley de Insurrección de 1807, que en teoría pudiera lanzar las fuerzas armadas a un papel policial. Adicionalmente, los gobernadores tienen la capacidad para usar la Guardia Nacional en emergencias estatales si es necesario.

Gobernadores y líderes militares han analizado el uso potencial de soldados —en servicio activo o de la Guardia Nacional— en las urnas o en caso de disturbios postelectorales. Las posibilidades surgen en momentos en que el presidente Donald Trump afirma sin evidencia alguna que las votaciones por correo crearán las condiciones para un fraude electoral e insinúa que pudiera no aceptar una derrota. Desplegar soldados en las casillas el día de la elección —incluso si es para proteger a los ciudadanos cuando votan— genera dudas sobre intimidación de los votantes.

A continuación, algunas preguntas y respuestas sobre una posible intervención militar en las elecciones:

El control civil de las fuerzas armadas es un principio básico de la democracia en Estados Unidos. Eso significa que los hombres y mujeres en uniforme responden a los líderes civiles, como el secretario de Defensa, y se mantienen aparte de la política. Ellos juran lealtad a la Constitución y las leyes de la nación, no a un partido político ni a un presidente.

El general Mark Milley, que como comandante del Estado Mayor Conjunto es el máximo líder militar de país, ha dicho al Congreso que las fuerzas armadas están comprometidas con permanecer apolíticas y lejos de cualquier papel en las elecciones.

“En el caso de una disputa sobre aspectos electorales, de acuerdo con la ley, las cortes federales y el Congreso tienen la obligación de resolver cualquier disputa, no las fuerzas armadas”, dijo en respuestas escritas a preguntas de dos legisladores demócratas miembros de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. “No preveo un papel para los soldados estadounidenses en ese proceso”.

Milley dijo que los militares no deben involucrarse en la transferencia del poder tras las elecciones. En otras palabras, no hay que esperar ver una intervención de las tropas si hay una disputa sobre quién ganó.

Las fuerzas armadas están compuestas por tropas en servicio activo, Guardia Nacional y Reserva. En todos los casos, con excepciones extremas, las tropas en servicio activo son usadas en guerras para proteger la nación, no contra ciudadanos estadounidenses en suelo nacional. Las unidades de la Guardia Nacional están en todos los estados y son controladas por los gobernadores, no por el gobierno federal.

Los gobernadores normalmente movilizan a la Guardia Nacional para emergencias, como desastres naturales, y pueden usarla para ayudarles a hacer cumplir la ley durante acontecimientos extraordinarios como disturbios, pero usualmente las agencias civiles del orden tienen el papel primordial y las fuerzas de la Guardia Nacional son un respaldo. En los incidentes de intranquilidad civil este año, los gobernadores usaron la Guardia Nacional para combatir violencia y proveer seguridad. Pudieran hacerlo de nuevo.

Para fortalecer esa gestión, el Buró de la Guardia Nacional ha designado unidades de la policía militar en dos estados para servir como fuerzas de reacción rápida para responder si un gobernador solicita ayuda de otros estados para controlar disturbios.

Durante una emergencia nacional, como en las guerras en Irak y Afganistán, un presidente puede desplegar la Guardia en un estatus federal para respaldar a las tropas en servicio activo. El presidente tiene la autoridad para federalizar la Guardia para su uso en emergencias nacionales, pero existen preguntas sobre si un gobernador puede bloquear ese paso.

El presidente tiene la autoridad bajo la Ley de 1807 para despachar a soldados en servicio activo en estados que no consiguen apagar una insurrección o desafían la ley federal. Bajo la ley, el presidente puede activar tropas sin aprobación de un gobernador siempre y cuando se satisfagan ciertas condiciones específicas, como si la violencia interfiere con la ejecución de las leyes allí.

¿Equivaldría una violencia post elección a una insurrección? Eso está sujeto a debate. No está claro si los estados pudieran bloquear legalmente cualquier uso de la Ley de Insurrección por parte del presidente.

En los últimos 50 años, los presidentes han enviado tropas a estados sureños para hacer cumplir la desegregación escolar en las décadas de 1950 y 1960, a veces sin consentimiento de los gobernadores. Adicionalmente, se enviaron tropas a California cuando el gobernador pidió ayuda federal contra los disturbios de 1992 en Los Ángeles, pero no ha sucedido en conexión con una elección en tiempos modernos.

En junio, Trump sopesó invocar la Ley de Insurrección para usar a soldados en servicio activo durante las protestas que siguieron a la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. El secretario de Defensa Mark Esper se opuso al uso de tropas para tareas del orden. Argumentó públicamente que la Ley de Insurrección debería ser invocada “solamente en las situaciones más urgentes y extremas” y añadió: “No estamos en una de esas situaciones ahora”

Aun así, sería algo sin precedentes que los líderes militares se negaran a obedecer una orden presidencial que invocara la ley.

Los demócratas temen que los partidarios de Trump van a tratar de intimidar a los votantes demócratas en las urnas para disuadirles de votar. Trump aumentó esos temores en el debate presidencial del 29 de septiembre, llamando a sus partidarios a “ir a las urnas y observar cuidadosamente porque eso es lo que tiene que suceder”.

Varios líderes estatales, incluso el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, han mencionado la posibilidad de usar tropas de la Guardia Nacional durante las elecciones primarias. En ocasiones sus miembros han lucido ropas civiles y cubierto puestos de trabajadores electorales que estaban ausentes debido a la pandemia. Además, ayudaron a desinfectar colegios electorales o desviar el tráfico, pero deben mantenerse fuera del proceso de votaciones.

Sin embargo, una posible presencia militar uniformada en las urnas, generaría temores.

Michele Flournoy, una demócrata que es considerada candidata importante para convertirse en la primera secretaria de Defensa mujer si Joe Biden gana, dijo que la Guardia Nacional solamente debería ser empleada si la policía se ve abrumada, pero advirtió que usar la Guardia Nacional en las urnas pudiera “ser muy intimidante para los votantes... Espero que como nación no lleguemos a eso”.