Estados Unidos sanciona a entidad financiera de Nicaragua y a funcionarios allegados al presidente Ortega
Según el reporte del Departamento del Tesoro, la fiscal general Guido ha sido parte de un grupo de fiscales que “trabajaron con la Policía Nacional para fabricar casos contra presos políticos y sus familias”
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes nuevas sanciones a entidades y funcionarios del gobierno de Nicaragua, afectando esta vez a la fiscal general Ana Julia Guido y al secretario privado presidencial Paul Oquist Kelly, de origen estadounidense.
También se emitió una sanción contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (CARUNA), una institución financiera privada que manejó transacciones de la cooperación venezolana y que Washington vincula al desaparecido Banco Corporativo (Bancorp), también sujeto a sanciones.
Con esta disposición, suman 24 los funcionarios y allegados al presidente Daniel Ortega sancionados por Estados Unidos desde fines de 2017, incluyendo a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y a tres hijos de la pareja. Media docena de instituciones, entre ellas la Policía Nacional, también han sido objeto de sanciones.
Según el reporte del Departamento del Tesoro, la fiscal general Guido ha sido parte de un grupo de fiscales que “trabajaron con la Policía Nacional para fabricar casos contra presos políticos y sus familias”.
La unidad a cargo de Guido “ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra los presos detenidos por protestar pacíficamente”, indicó.
Según datos de organizaciones opositoras, al menos 103 personas se encuentran todavía detenidas por participar en protestas contra el gobierno desde la revuelta social que estalló en abril de 2018.
Sobre el secretario privado Oquist Kelley, el Departamento del Tesoro señaló que ha representado al gobierno de Nicaragua en foros internacionales donde ha desempeñado “la difusión de desinformación para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos a los derechos humanos”.
“En numerosas entrevistas con medios internacionales de habla inglesa y en reuniones con representantes extranjeros, Oquist ha difundido las falsas narrativas y propaganda del régimen de Ortega”, agregó el comunicado oficial.
En cuanto a la financiera privada CARUNA, el Departamento del Tesoro señaló que opera sin supervisión regulatoria y que fue sancionada “por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo del Banco Corporativo (Bancorp), una entidad cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la EO 13851″.
“CARUNA ha servido como herramienta para que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desvíe dinero del ALBA de Nicaragua, SA (Albanisa) $2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de crédito”, que sostiene han sido utilizados por el régimen “como recurso económico para mantenerse en el poder y pagar una red de mecenazgo”, señaló el informe.
“Los funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la OFAC, aprovechan la falta de supervisión regulatoria de CARUNA para invertir en propiedades y proteger sus ganancias mal habidas”, acotó.
“Los Estados Unidos seguirán tomando las medidas necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respete los derechos humanos y restaure la democracia en Nicaragua”, declaró vía Twitter el secretario de Estado Mike Pompeo al referirse a las sanciones.
El gobierno nicaragüense no reaccionó de forma inmediata al anuncio de las nuevas sanciones.
“Esta es una victoria más del pueblo de Nicaragua en su búsqueda de justicia y del aislamiento internacional de la dictadura. Hay esperanza”, dijo, por su parte, Félix Maradiaga, miembro del directorio de la denominada Coalición Nacional, de oposición.
La víspera, el Parlamento Europeo aprobó en Bruselas una resolución en la que solicitó aplicar sanciones al gobierno de Ortega en caso de que el Congreso nicaragüense apruebe un paquete de leyes, actualmente en trámite, para controlar los fondos externos de las ONG y penalizar los “ciberdelitos” en medios de comunicación y redes sociales.