Empresario de Florida enfrentará juicio por infame masacre de 1972 en Argentina

Las víctimas eran parte de los 30.000 muertos estimados en la “guerra sucia” de la nación, escribe Andrew Buncombe

martes 15 febrero 2022 22:24
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Las familias llevan décadas buscando justicia

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Un hombre de 79 años que vive en Florida desde hace décadas finalmente irá a juicio por su presunta participación en el tiroteo masivo de al menos 19 personas en Argentina hace 50 años.

Roberto Guillermo Bravo, exoficial de la armada argentina y quien luego se desempeñó como diplomático en los EE.UU., está acusado de participar en lo que se conoció como la “masacre de Trelew”, un tiroteo masivo de presos políticos en agosto de 1972 mientras Argentina estaba gobernada por una dictadura respaldada por militares.

Durante décadas, las familias de 16 personas que fueron asesinadas ese día, junto con las familias de otras tres personas que sobrevivieron y luego “desaparecieron”, lucharon por obtener incluso la información más básica sobre lo que les sucedió a sus seres queridos, pertenecientes a los 30.000 estimados que perdieron la vida durante lo que se ha denominado la “guerra sucia” de la nación.

Pero los activistas en los EE.UU., que trabajan en conjunto con algunas de esas familias, ahora presentaron documentos contra Bravo, para iniciar una demanda civil en lugar de un caso penal, conforme a la Ley de Protección de Víctimas de Tortura.

A fines de este mes, los abogados de las familias presentarán pruebas que, según dicen, demostrarán que Bravo participó en la masacre. Le pedirán al jurado que lo declare legalmente responsable y otorgue daños compensatorios y punitivos. Bravo ha rechazado las afirmaciones.

Al menos 19 personas recibieron disparos (16 de los cuales fueron fatales) en lo que ahora se conoce como la masacre de Trelew

Ela Matthews, abogada del CJA (Centre for Justice and Accountability) en San Francisco, dijo que el caso se centró mucho en la angustia y el dolor que sufrieron los familiares de quienes fueron asesinados hace 50 años. Sin embargo, expresó que la demanda también llevaba un mensaje más amplio.

“El caso trata sobre la búsqueda de justicia de nuestros clientes durante 50 años, pero creo que nuestros clientes se ven a sí mismos como representantes de todas las familias de la masacre”, dijo a The Independent. Ella dijo que la CJA tenía un historial de ayudar a personas de todo el mundo que eran presos políticos o que se habían enfrentado a “regímenes represivos”.

La masacre de Trelew sucedió en el verano de 1972 e implicó la muerte a tiros de un grupo de presos políticos —y otros reclusos— que habían intentado escapar del penal de Rawson en la provincia argentina de Chubut. Posteriormente fueron retomados y recluidos en la Base Aeronaval Almirante Zar.

Según el testimonio de los supervivientes, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, despertaron a los presos, los sacaron de sus celdas y les ordenaron que se tumbaran en el suelo. Acto seguido, una unidad de tropas encabezada por el teniente coronel Luis Emilio Sosa abrió fuego. Supuestamente Bravo estaba entre el grupo.

Las autoridades inmediatamente se involucraron en un encubrimiento que duraría años. Los tres sobrevivientes, que habían presenciado lo sucedido, Maria Antonia Berger, Rene Haidar y Alberto Camps, fueron asesinados posteriormente. Las familias de todas las víctimas fueron perseguidas y se les ordenó que guardaran silencio. Muchos huyeron de Argentina.

“Mi padre sobrevivió a la masacre de Trelew y quiso dedicar su vida a exponer la verdad de lo sucedido, pero lo asesinaron antes de que pudiera ser testigo de la justicia”, dijo en un comunicado Raquel Camps, quien es una de las demandantes.

“Espero que el sistema de justicia de EE.UU. pueda ayudarnos a lograr su objetivo, lograr la rendición de cuentas y finalmente cerrar este capítulo doloroso en la historia argentina al poner fin a 50 años de impunidad para Bravo”.

En el caso contra Bravo, que se lleva a cabo en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur, los abogados de los familiares presentarán pruebas sobre el asesinato de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho, así como el intento de asesinato del padre de Camps. También buscarán explicar cómo los asesinatos afectaron a las víctimas y a toda la comunidad.

El caso ha llamado nuevamente la atención sobre la “guerra sucia” en la que miles de civiles, activistas y disidentes fueron asesinados por militares. También ha exhibido el apoyo a gobiernos respaldados por militares por parte de países como Estados Unidos.

Argentina volvió a la democracia en 1983, con la elección del presidente Raúl Alfonsín, un año después del conflicto de las Malvinas, disputado entre Gran Bretaña y Argentina, por las Islas Falkland, o Malvinas. Más de 250 soldados británicos y 650 miembros del ejército argentino murieron.

El excapitán Luis Sosa escucha la sentencia que le otorgó cadena perpetua en 2012

En octubre de 2012, varias décadas después de que Argentina regresara a la democracia, tres de los militares involucrados en la masacre, incluido Sosa, el comandante, fueron declarados culpables de asesinato, luego de un juicio en el que sus acciones fueron calificadas de crímenes de guerra. Los tres hombres fueron condenados a cadena perpetua.

Los fiscales en Argentina también quieren juzgar a Bravo por presunto asesinato y han estado buscando su extradición para ser juzgado.

Bravo está luchando contra los esfuerzos para extraditarlo a Argentina, y hace 10 años tuvo éxito cuando se hizo un intento anterior.

El ex oficial naval no respondió a los cuestionamientos. Su abogado, Neal Sonnett, tampoco respondió de inmediato a las preguntas.

Anteriormente, Sonnett cuestionó las circunstancias de la masacre y dijo en una audiencia de extradición que algunos de los muertos eran “terroristas”.

En 2020, le dijo al Miami Herald , que Bravo se había mudado a los EE.UU. con su familia en 1980 después de retirarse del ejército argentino y era un “hombre de negocios honesto y colaborador con un historial impecable”.

Al hablar desde Trelew, ubicada en la región de Argentina conocida como Patagonia, Eduardo Hualpa, abogado de las familias de las víctimas, dijo a The Independent que durante muchos años la masacre fue poco discutida en público.

El juicio de 2012 de los tres militares fue una gran victoria en el camino hacia la justicia, comentó, y había mucha gente en el pueblo que todavía recordaba la masacre.

El caso del señor Bravo estaba siendo seguido en todo el país.

Cuando se le preguntó por qué era tan vital y qué significaba para él, Hualpa dijo: “Es muy importante. Es la última pieza del rompecabezas en este caso”.

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