Republicanos restan importancia a correos de Trump para investigar teoría de conspiración
En las audiencias del comité sobre los disturbios en el Capitolio, los republicanos de la Cámara de Representantes sacaron a relucir Black Lives Matter, el portátil de Hunter Biden y la "ejecución" de Ashli Babbitt
Durante una audiencia del comité sobre los fallos en la aplicación de la ley durante los disturbios del Capitolio, el representante estadounidense Jim Jordan criticó a los demócratas por la publicación de un conjunto de correos electrónicos que muestran a la administración de Donald Trump instando a los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos a corroborar los intentos del expresidente de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Restó importancia al contenido de los correos electrónicos, incluidos los mensajes del jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, a los principales fiscales sobre un vídeo de YouTube que hace girar la teoría de la conspiración de que la inteligencia italiana conspiró con la CIA para comprometer los datos electorales.
“Apuesto a que hemos tenido algunos de nuestros jefes de personal enviando enlaces de YouTube”, dijo Jordan, burlándose de los demócratas que dijeron que los correos electrónicos señalaban la “presión” de la administración Trump.
“Cuando el jefe de personal del presidente de los Estados Unidos le pide a alguien en el poder ejecutivo que haga algo, y básicamente le dan el dedo, creo que ese es el problema que deberíamos investigar”, señaló.
Los legisladores republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes -que celebran una segunda ronda de audiencias sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad federales y los fallos de inteligencia en torno a la insurrección del 6 de enero- volvieron a centrar su rabia en los demócratas que celebran las audiencias y parecieron distanciarse de la falsa narrativa de “elecciones robadas” que alimentó el ataque en primer lugar.
El mes pasado, varios republicanos de la comisión fueron muy criticados por calificar a los alborotadores de “turistas” en el Capitolio y rechazar que se calificara el suceso de insurrección, después de que cientos de personas irrumpieran en los pasillos del Congreso en un intento de anular los votos de millones de estadounidenses, con el resultado de al menos siete muertos.
El representante republicano de los Estados Unidos Paul Gosar afirmó en esa audiencia que “se está utilizando propaganda descarada y mentiras para desatar el estado de seguridad nacional contra los ciudadanos estadounidenses que respetan la ley, especialmente los votantes de Trump.”
Antes de la audiencia del martes, el comité hizo públicos unos correos electrónicos que mostraban al personal de Trump presionando a los funcionarios del Departamento de Justicia para que persiguieran sus acusaciones infundadas de fraude electoral y teorías de conspiración relacionadas con las elecciones en las semanas posteriores a las elecciones y a su pérdida definitiva.
Los demócratas de la Cámara de Representantes solicitaron los correos electrónicos tras la primera ronda de audiencias del comité de supervisión sobre la respuesta policial al asalto, mientras los legisladores reconstruyen una línea de tiempo de los eventos y tratan de acercarse a responder por qué y cómo los oficiales militares y las fuerzas de seguridad federales no lograron detener a cientos de personas que irrumpieron en el Capitolio.
Sus continuos intentos de obtener información de los altos funcionarios de la administración y de las fuerzas de seguridad se producen después de la obstrucción por parte del Partido Republicano de las investigaciones sobre el ataque, incluido el obstruccionismo de los republicanos del Senado a una comisión bipartidista, que el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, desestimó por considerarla innecesaria.
Los legisladores del GOP han desestimado igualmente las audiencias paralelas de la comisión sobre el motín, cerrando de hecho cualquier intento bipartidista del Congreso de llegar al fondo de lo ocurrido el 6 de enero.
El representante republicano estadounidense James Comer calificó la audiencia del martes de políticamente motivada, “improductiva y partidista” e indicó que no había descubierto “ninguna información nueva”.
La audiencia anterior “no descubrió absolutamente ninguna información nueva”, mencionó. “Hoy, los demócratas quieren volver a intentarlo”.
El diputado republicano Jody Hice se quedó sin tiempo durante su intervención antes de poder preguntar por el portátil de Hunter Biden, comentó. Otros exigieron audiencias sobre las protestas de Black Lives Matter.
Gosar -que apoyó la campaña “Stop the Steal” que obligó a los disturbios- afirmó que el agente de la Policía del Capitolio de EE.UU. que disparó mortalmente a Ashli Babbitt estaba “al acecho” de ella antes de que fuera “ejecutada” cuando se unió a la turba pro-Trump que trató de irrumpir en la Cámara de Representantes el 6 de enero.
El representante estadounidense republicano Andy Biggs, otro de los congresistas críticos con la campaña “Stop the Steal”, sostuvo que la audiencia estaba “diseñada para atacar a Trump y a sus partidarios” y que las afirmaciones de que “los partidarios de Trump cometieron actos violentos” han sido “totalmente desacreditadas” a pesar de las imágenes ampliamente compartidas que muestran a las multitudes atacando a las fuerzas del orden durante los disturbios.
El diputado demócrata Gerry Connolly condenó los intentos de los legisladores republicanos de manipular la narrativa que rodea a los disturbios.
Declaró que sus comentarios “repugnantes” son “un deshonor para las memorias de aquellos que sí murieron y una deshonra y falta de respeto para aquellos que estuvieron dispuestos a ponerse en riesgo.”
Los legisladores interrogaron al director del FBI, Christopher Wray, así como al general del Ejército de EE.UU. Charles Flynn y al teniente general Walter Piatt, director del Estado Mayor del Ejército, dos hombres que participaron en una llamada telefónica en medio de los disturbios en la que, al parecer, las fuerzas del orden les instaron a desplegar la Guardia Nacional en medio de una supuesta preocupación por la “óptica” negativa de la presencia militar en defensa del Capitolio.
En el testimonio presentado, el general Flynn -hermano del ex asesor de seguridad nacional del señor Trump, Michael Flynn, entre los más destacados partidarios de la “gran mentira” de las elecciones de 2020- recordó que no escuchó ni utilizó la palabra “óptica” en la llamada.
Los documentos obtenidos por la comisión muestran que a partir de las 13:30 horas del 6 de enero, los funcionarios del Departamento de Defensa recibieron al menos 12 llamadas urgentes de ayuda de la policía del Capitolio, de la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, y de otras personas.
Las tropas de la Guardia Nacional no llegaron hasta las 17:20 horas, más de cuatro horas después de que se rompiera el perímetro del Capitolio.
La presidenta del Comité, Carolyn Maloney, precisó que la plataforma de medios sociales de derecha Parler envió avisos al FBI sobre amenazas violentas en la plataforma más de 50 veces.
Wray detalló que “no tenía conocimiento” de mensajes específicos.
“El sistema parpadeaba en rojo”, informó Maloney.
El jefe interino de la Policía del Capitolio, Yogananda Pittman, no compareció en la audiencia del martes; Maloney aseguró que comparecerá en una audiencia del Congreso el 21 de julio.
“Cinco meses después del ataque, todavía no tenemos la historia completa de estos fallos”, recordó, y añadió que el FBI y el Departamento de Justicia “no han cooperado plenamente con la investigación de este comité.”
“Este retraso es inaceptable y nos hace más vulnerables a otro ataque”, adelantó.
También condenó a los colegas del GOP que han “negado verdades básicas sobre ese día”.
“Seamos claros: el ataque fue una insurrección”, dijo. “No fue una protesta pacífica”.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, testificó el martes que las fuerzas del orden federales han detenido a más de 480 personas relacionadas con las investigaciones sobre los disturbios, y añadió que los fiscales se enfrentan a una “enorme tarea por delante” para llevarlos ante la justicia.