Tribunal de apelaciones mantiene orden que bloquea redadas indiscriminadas de inmigración de Trump.
Un tribunal federal de apelaciones falló el viernes por la noche a favor de mantener la orden temporal de una corte inferior que impide que el gobierno del presidente Donald Trump realice detenciones y arrestos indiscriminados de inmigrantes en el sur de California.
Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos celebró una vista el lunes por la tarde en la que el gobierno federal pidió al tribunal que revocara una orden de restricción temporal emitida el 12 de julio por la jueza Maame E. Frimpong, alegando que obstaculizaba la aplicación de la ley de inmigración.
El mes pasado, grupos de defensa de los migrantes presentaron una demanda en la que acusaban al gobierno de Trump de perseguir sistemáticamente a personas de piel morena en el sur de California durante su campaña de represión de la inmigración ilegal. La denuncia incluía a tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses como demandantes.
En su orden, Frimpong señaló que había una "montaña de evidencia" de que las tácticas de aplicación de la ley migratoria federal violaban la Constitución. Además, argumentó que el gobierno no puede usar factores como la raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, la presencia en un lugar como un depósito de vehículos o un autolavado, o la ocupación de alguien como única base para una sospecha razonable que lleve a la detención de alguien.
El panel de la corte de apelaciones se mostró de acuerdo y cuestionó la necesidad del ejecutivo de oponerse a una orden que le impide violar la Constitución.
“Si, como sugieren los demandados, no están realizando detenciones que carecen de fundamentos razonables, difícilmente pueden afirmar que se ven perjudicados de forma irreparable por una orden judicial que busca prevenir un subconjunto de detenciones no respaldadas por sospechas razonables”, escribieron los magistrados.
La vista para una orden judicial preliminar, que sería una orden judicial más sustancial a medida que avanza la demanda, está programada para septiembre.
La región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla con la Casa Blanca debido a su agresiva estrategia migratoria, que provocó protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines durante varias semanas. Agentes federales han arrestado a inmigrantes en situación irregular en el país en establecimientos de Home Depot, autolavados, paradas de autobús y granjas. Muchos de los detenidos llevaban décadas viviendo en Estados Unidos.
Uno de los demandantes es Brian Gavidia, un residente de Los Ángeles que aparece en un video grabado por un amigo el 13 de junio durante su detención por parte de agentes federales mientras gritaba: “¡Nací aquí, en Estados Unidos, en el este de Los Ángeles, hermano!".
Quieren “enviarnos de regreso a un mundo donde un ciudadano estadounidense... puede ser detenido, golpeado contra una cerca y que le quiten su teléfono e identificación solo porque estaba trabajando en un depósito vehículos en un vecindario latino”, dijo el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Mohammad Tajsar, al tribunal el lunes.
El gobierno federal alegó que no había tenido tiempo suficiente para recopilar y presentar pruebas, ya que la demanda se presentó poco antes del feriado del 4 de julio y la vista tuvo lugar la semana siguiente.
“Es muy grave afirmar que múltiples agencias del gobierno federal tienen una política de violar la Constitución”, apuntó el abogado Jacob Roth.
También argumentó que la orden del tribunal inferior era demasiado amplia y que los activistas proinmigración no presentaron suficientes pruebas para demostrar que el gobierno tenía una política oficial de detener a personas sin sospechas razonables.
Se refirió a los cuatro factores —raza, idioma, presencia en un lugar y ocupación— que se enumeraron en la orden de restricción temporal para apuntar que la corte no debería poder prohibir al gobierno que los usase. También alegó que la orden sobre lo que es exactamente permisible por ley no estaba clara.
“Legalmente, creo que es apropiado usar los factores de sospecha razonable”, manifestó Roth.
Los jueces cuestionaron enérgicamente al gobierno sobre sus argumentos.
“Nadie ha sugerido que no puedan considerar estos factores en absoluto”, dijo la jueza Jennifer Sung.
Sin embargo, esos factores por sí solos solo constituyen un "perfil amplio" y no satisfacen el estándar de sospecha razonable para detener a alguien, añadió.
Sung, que fue nombrada por el expresidente Joe Biden, dijo que en una zona como Los Ángeles, donde los latinos son hasta la mitad de la población, esos factores "no pueden descartar a quienes tienen estatus no documentado y aquellos que tienen estatus legal documentado".
"¿Qué daño hay en que se diga que no hagan algo que afirman que no están haciendo?", preguntó la magistrada.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la decisión como una "victoria para el Estado de derecho" y dijo que la ciudad protegerá a los residentes de "la discriminación racial y otras tácticas ilegales" utilizadas por los agentes federales.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.