Texano con discapacidad intelectual según abogados enfrenta ejecución por asesinato cometido en 1997
Un hombre de Texas, descrito por sus abogados como intelectualmente discapacitado, enfrentaba el miércoles la pena de ejecución por estrangular y tratar de violar a una mujer que salió a correr cerca de su casa en Houston hace más de 27 años.
Arthur Lee Burton fue condenado por el asesinato de Nancy Adleman, cometido en 1997. La mujer, de 48 años y madre de tres hijos, fue golpeada y estrangulada con el cordón de uno de sus tenis en un área densamente boscosa, cerca de una pista para correr a lo largo de un pantano, señaló la policía. De acuerdo con las autoridades, Burton confesó haber asesinado a Adelman diciendo “me preguntó por qué lo hacía y dijo que no tenía que hacerlo”. Burton se retractó de esta confesión en el juicio.
Está previsto que Burton, de 54 años, reciba una inyección letal la noche del miércoles en la penitenciaría estatal de Huntsville.
Los tribunales de primera instancia rechazaron su petición para una suspensión, por lo que sus abogados pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que detuviera su ejecución.
Sus abogados argumentaron que los informes de dos expertos, así como una revisión de registros, muestran que Burton “presentó bajas puntuaciones en pruebas de aprendizaje, razonamiento, comprensión de ideas complejas, resolución de problemas y sugestionabilidad, todos los cuales son ejemplos de importantes limitaciones del funcionamiento intelectual”.
Los registros muestran que Burton obtuvo puntuaciones “significativamente por debajo” del grado académico en pruebas estandarizadas y tenía dificultades para realizar actividades diarias, como cocinar y limpiar, según la petición.
“Se requiere urgentemente la intervención de este tribunal para evitar la inminente ejecución del señor Burton, a quien las pruebas irrefutables muestran como intelectualmente discapacitado y, por lo tanto, categóricamente exento de la pena de muerte”, escribieron los abogados de Burton.
En 2002, la Corte Suprema prohibió la ejecución de personas con discapacidad intelectual, pero concedió a los estados cierta discrecionalidad para decidir cómo determinar tales discapacidades. Los jueces han tenido dificultades con la magnitud de la discrecionalidad que otorgan.