¿Qué saber acerca del fallo de un juez de Nevada sobre los que enfrentan deportación?

El gobierno del presidente Donald Trump revirtió décadas de política migratoria el verano pasado cuando determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debe encarcelar a toda persona que enfrente la deportación, incluso si ha vivido en Estados Unidos durante décadas y no tiene antecedentes penales.

Pero un tribunal federal en Nevada falló el martes en contra de esa política, al señalar que viola la ley federal y causa un “daño irreparable” a quienes son arrestados. La decisión, emitida por el juez de distrito Richard Boulware II, representa la primera vez que una demanda colectiva en Nevada revoca una política del Departamento de Seguridad Nacional, y podría afectar a cientos de personas, al permitir que hasta 60 por semana soliciten su liberación en el estado.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Nevada, una de las partes demandantes en el caso, indicó que esto podría permitir que potencialmente miles de detenidos por inmigración no autorizada soliciten la libertad bajo fianza, y que es aplicable a inmigrantes que cumplan los requisitos en todo el estado.

El fallo representa un enorme triunfo para los defensores de los inmigrantes en Nevada, quienes se han opuesto a la creciente colaboración de los gobiernos locales con el servicio de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés). Desde que Trump volvió al cargo, los arrestos por cuestiones migratorias se han disparado en el estado, y la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes de delitos violentos. Nevada también alberga uno de los centros de detención más saturados del país.

“La decisión es enormemente trascendental", afirmó Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU de Nevada, en una entrevista con The Nevada Independent. "Si esta decisión se mantiene, la gente tendrá la oportunidad de volver con sus familias”.

Cómo funciona

El gobierno de Trump ha promocionado la política —a la que se le llama “detención obligatoria”— como clave para su campaña de deportaciones masivas. La norma no sólo somete a más personas a la detención mientras impugnan su deportación, sino que además les prohíbe pedirle a un juez de inmigración que sopese liberarlas bajo fianza. Más de 100 jueces en todo el país han fallado en su contra, al considerarla una violación de los derechos al debido proceso, ya que impide que las personas cuestionen su detención.

Previamente esta semana, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito falló a favor del gobierno de Trump en un caso similar, aunque esa decisión sólo afectaría a partes de California.

Antes de la implementación de la política, las personas que no habían cometido delitos graves o que recibían una orden de expulsión en la frontera podían solicitar fianza.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de momento a una solicitud de comentarios sobre si planean apelar la decisión.

El fallo ya está teniendo impacto. Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV), que representa a clientes que enfrentan la deportación, comentó que ya ha visto esta semana la concesión de fianzas que, de otro modo, habrían sido denegadas. Dijo también que la posibilidad de que alguien sea liberado bajo fianza puede marcar una enorme diferencia en la vida de una persona, al permitirle volver a casa con su familia y ver de nuevo a sus hijos mientras aguarda novedades en su caso.

La decisión permitiría que extranjeros sin estatus legal o que estén en procesos de expulsión en Nevada soliciten un amparo. Para el 7 de abril, el gobierno está obligado a difundir avisos sobre el fallo en las áreas comunes de los centros de detención cuando las personas ingresen a ellos. Para el 14 de abril, los centros deben proporcionar formularios que permitan a las personas impugnar su encarcelamiento ante un tribunal, lo que se conoce como una petición de habeas corpus.

Kagan añadió que, antes de que el gobierno de Trump implementara la norma de detención obligatoria, los jueces de inmigración negaban de manera rutinaria la fianza a los inmigrantes que consideraban un peligro para el público.

“Esta política no tenía que ver con un peligro para el público", sostuvo Kagan. "Sólo se trataba de encerrar a inmigrantes indocumentados”.

El caso fue presentado por la Clínica de Inmigración de la UNLV y la ACLU de Nevada a finales de octubre en nombre de Victor Ramirez y Edgar Alcantar, después de que se les negaran audiencias de fianza. Ambos llegaron a Estados Unidos siendo menores y no tenían condenas penales. A los dos se les concedieron audiencias de fianza en noviembre, después de que se presentara la demanda.

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Esta historia fue publicada originalmente por The Nevada Independent y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.