Juez impide que operador de cárcel privada albergue a inmigrantes en Kansas City

Un juez le prohibió el miércoles a un destacado operador privado de prisiones de Estados Unidos albergar a inmigrantes que enfrentan una posible deportación en un centro de detención clausurado en el área de Kansas City, a menos que pueda obtener un permiso de las autoridades municipales.

Tras concluir una audiencia en un tribunal atestado, John Bryant, juez del condado Leavenworth, acordó conceder la solicitud de la ciudad del mismo nombre de que se emita una orden de restricción temporal contra CoreCivic, uno de los mayores operadores de prisiones privadas del país.

CoreCivic había afirmado en documentos jurídicos que detener la apertura de la instalación de 1.033 camas en los suburbios noroccidentales del área de Kansas City le costaría 4,2 millones de dólares en ingresos cada mes. Funcionarios municipales indicaron que anticipaban la llegada inminente de detenidos aprehendidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), parte de las medidas enérgicas del gobierno del presidente Donald Trump para controlar la inmigración no autorizada.

Leavenworth no es la primera ciudad de Estados Unidos en la que la reapertura de una prisión privada con el fin de convertirla en una instalación para detenidos del ICE ha estado envuelta en controversia. En Newark, Nueva Jersey, el alcalde Ras Baraka demandó el martes al principal fiscal federal del estado por el hecho de que él fue arrestado recientemente por un cargo de allanamiento en una instalación federal de detención de inmigrantes en ese estado. Baraka alegó que el abogado designado por Trump había emprendido el caso motivado por resentimiento político.

Scott Peterson, administrador de la ciudad de Leavenworth, indicó que no sabía si el caso en Kansas representaba la primera vez que un municipio había prevalecido en la corte.

“Me gustaría hacer notar que tal vez la razón por la que hemos visto algún éxito aquí hoy es que esto no se trata de inmigración”, señaló Peterson. “Esto no es acerca de prisiones privadas. Esto es acerca de uso del suelo”.

A finales de 2021, CoreCivic dejó de albergar en la instalación de Leavenworth a detenidos que aguardaban ser enjuiciados para el Servicio de Alguaciles Federales después de que el entonces presidente Joe Biden le pidiera al Departamento de Justicia que redujera el uso de prisiones privadas. En los meses previos al cierre, la Unión Americana de Libertades Civiles y defensores públicos federales instaron a la Casa Blanca a acelerar el cierre, citando violaciones de los derechos de los reclusos allí, además de apuñalamientos, suicidios e incluso un asesinato.

Pero luego de que Trump ha estado impulsando deportaciones masivas para controlar la inmigración ilegal, la instalación que CoreCivic ahora llama Centro de Recepción Regional del Centro-Norte nuevamente tiene demanda. Está ubicada a sólo 16 kilómetros (10 millas) al oeste del Aeropuerto Internacional de Kansas City. Dentro de sus medidas enérgicas, Trump ha prometido aumentar drásticamente las camas de detención a nivel nacional, luego de que este año se presupuestaron 41.000 camas.

En un principio CoreCivic, con sede en Tennessee, solicitó un permiso de uso especial a la ciudad en febrero, pero el mes siguiente retiró esa solicitud, argumentando en documentos judiciales que no necesitaba el permiso y que el proceso tomaría demasiado tiempo.

“Se hizo evidente para CoreCivic que no había una relación de cooperación”, señaló en la corte Taylor Concannon Hausmann, un abogado del operador privado de prisiones.

La ciudad demandó a CoreCivic, alegando que la empresa obstaculizó la capacidad de la policía de la ciudad para investigar agresiones sexuales y otros crímenes violentos. La demanda sostenía que el proceso de obtención de permisos era necesario para protegerse de futuros problemas.

“Tan sólo sigan nuestras reglas", declaró en la corte Joe Hatley, un abogado de la ciudad. “Vayan a obtener un permiso”.

La primera versión de la demanda, presentada en marzo en un tribunal federal, fue desestimada en mayo por motivos técnicos. Pero Bryant se puso del lado de Hatley en el caso presentado de nuevo el mismo mes en un tribunal estatal, y halló que no se siguieron los procedimientos adecuados.

Concannon Hausmann, el abogado de CoreCivic, declinó hacer comentarios el miércoles mientras una multitud salía de la sala del tribunal. Norman Mallicoat sostenía un cartel que decía: “CoreCivic no opera Leavenworth” mientras se iba.

“En esencia, lo que yo veo aquí es que se trata de una empresa de gran tamaño que intenta intimidar a una pequeña ciudad para obtener lo que quiere y no tener que seguir las reglas y ordenanzas de la ciudad”, expresó Mallicoat.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.