Grupos ambientalistas presionan para cerrar el “Alcatraz de los caimanes” en Florida

Grupos ambientalistas pidieron el martes al panel de un tribunal federal de apelaciones que levante la suspensión temporal a una orden de un tribunal inferior que ordenaba a funcionarios estatales el cierre de un centro de detención de inmigrantes en el corazón de los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los caimanes”.

La instalación de los Everglades sigue abierta y aún alberga a detenidos porque, a principios de septiembre, el tribunal de apelaciones se basó en argumentos de Florida y del gobierno del presidente Donadl Trump de que el estado no había solicitado aún el reembolso federal y, por lo tanto, no estaba obligado a cumplir la ley ambiental federal. Las autoridades estatales abrieron el centro de detención el verano pasado para respaldar la ofensiva de Trump contra la inmigración.

Las preguntas de los tres jueces de apelación durante los alegatos orales en una sala del tribunal en Miami se centraron en cuánto control tenía el gobierno federal sobre la instalación construida por el estado y en qué circunstancias se requería una revisión ambiental para cumplir con la ley federal. Los jueces no indicaron cuándo emitirían su fallo.

Jesse Panuccio, abogado del Departamento de Gestión de Emergencias de Florida, dijo a los jueces que el financiamiento y el control federales de la instalación eran los dos criterios para determinar si se aplicaría la ley ambiental federal, y que las agencias federales no tenían control sobre el centro de detención administrado por el estado.

A finales de septiembre, se le notificó a Florida que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) había aprobado 608 millones de dólares en financiamiento federal para respaldar la construcción y operación del centro.

“Se necesitan ambos”, afirmó Panuccio. “Aun con financiamiento, no creo que eso se aplique porque no tienen control federal”.

Un abogado de los grupos ambientalistas sostuvo que la ley que exige una revisión es aplicable a la instalación porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) había autorizado el financiamiento y la inmigración era una responsabilidad del gobierno federal, no del estado.

“Lo que es diferente de esta propiedad es que la inmigración es constitucionalmente una función federal”, señaló Paul Schwiep, abogado que representa a Friends of the Everglades y al Center for Biological Diversity. “El estado no tiene ningún papel”.

A mediados de agosto, el juez federal de distrito en Miami ordenó que la instalación redujera sus operaciones durante dos meses porque los funcionarios no habían realizado una revisión del impacto ambiental del centro de detención conforme a la ley federal. Ese juez concluyó que ya se había tomado una decisión sobre el reembolso. El tribunal de apelaciones suspendió la orden tras una apelación.

La demanda ambiental fue una de tres impugnaciones que se han presentado en tribunales federales contra la instalación de los Everglades desde su inauguración. En las otras, un detenido afirmó que las agencias de Florida y los contratistas privados contratados por el estado no tenían autoridad para operar el centro conforme a la ley federal. La impugnación terminó después de que el inmigrante detenido que presentó la demanda aceptó ser expulsado de Estados Unidos.

En la tercera demanda, un juez federal de Fort Myers, Florida, dictaminó que la instalación de los Everglades debe proporcionar a los detenidos un mejor acceso a sus abogados, así como llamadas legales salientes confidenciales, sin monitoreo y sin grabación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.