Carolina del Sur analiza planes de ejecución debido a la falta de fármacos

El estado de Carolina del Sur dice que un recluso programado para ser ejecutado la próxima semana podría ser ejecutado con una dosis letal de una sola droga si los funcionarios no pueden hacerse con las tres drogas que requiere el procedimiento.

La Corte Suprema de Carolina del Sur fijó una fecha de ejecución para el 4 de diciembre para Richard Bernard Moore, de 55 años, quien ha pasado casi dos décadas en el corredor de la muerte luego de su condena por el asesinato en 1999 de un empleado de una tienda de conveniencia en Spartanburg.

En una carta a los abogados de Moore, el Departamento de Correcciones de Carolina del Sur dijo que se reserva el derecho de ejecutar a Moore con una sola dosis letal del sedante pentobarbital, informó por primera vez el viernes el Herald-Journal.

El protocolo de inyección habitual del estado requiere tres medicamentos: pentobarbital, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio. Pero la agencia correccional ha dicho que no ha tenido los medicamentos en stock desde 2013, cuando expiraron sus últimos suministros.

Los planes de ejecución podrían retrasarse si la agencia no puede obtener pentobarbital. Asegurar medicamentos de inyección letal se ha convertido en una tarea cada vez más difícil en los Estados Unidos, yTexaa que los fabricantes de medicamentos han evitado vender a los estados bajo la presión de los activistas contra la pena de muerte. El jefe de correccionales, Bryan Stirling, junto con el gobernador y el fiscal general, han abogado por un proyecto de ley para proteger las identidades de los fabricantes que suministran dichos medicamentos.

Un puñado de estados, incluidos Texas y Georgia, junto con el sistema federal, han utilizado recientemente pentobarbital sódico solo en sus protocolos de ejecución, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte.

El equipo de Moore continuará presentando desafíos legales en la corte federal luego de que la Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó una moción reciente para suspender la ejecución, dijo el lunes la abogada Lindsey Vann a The Associated Press.

Los abogados de Moore habían argumentado que el tribunal debería retrasar la fecha debido a los peligros que presenta la pandemia de coronavirus para los involucrados en la ejecución y para quienes la presenciarán.

Los abogados también dijeron que el departamento de correcciones estaba reteniendo información sobre sus métodos de ejecución, lo que impedía que Moore tomara una decisión informada entre los dos métodos de pena de muerte previstos por la ley estatal: inyección letal o electrocución.

Por ley, Moore tenía hasta el 20 de noviembre para elegir entre los dos métodos. Pero Moore no tomó ninguna decisión hasta el viernes, confirmó Vann. Sin esa opción, el método predeterminado es la inyección letal.

El equipo de Moore se opuso a revisar la información proporcionada por el departamento de correcciones la semana pasada porque les exigía que firmaran un acuerdo de confidencialidad que no les habría permitido consultar con expertos médicos, dijo Vann.

En las presentaciones judiciales, los abogados de la agencia penitenciaria y la oficina del fiscal general han caracterizado el litigio reciente como un "intento de último minuto de retrasar un castigo aprobado constitucionalmente". Vann dijo que Moore ha solicitado información sobre los métodos de ejecución durante meses.

Moore es una de las 37 personas, todos hombres, actualmente en el corredor de la muerte de Carolina del Sur. Algunos fiscales han solicitado la pena de muerte con menos frecuencia en los últimos años, citando la incapacidad del estado para llevar a cabo ejecuciones.

Los fiscales dijeron que Moore intentó robar una tienda de conveniencia en 1999 y entró en un tiroteo con el empleado James Mahoney, quien le disparó a Moore en el brazo izquierdo. Moore disparó contra Mahoney y un cliente, matando a Mahoney, dijeron.