Fallo de Corte Suprema de EEUU sobre mandamientos judiciales podría poner en riesgo bloqueos a Trump

La decisión del viernes de la Corte Suprema de Estados Unidos que impide a los jueces federales emitir mandamientos judiciales a nivel nacional amenaza con trastocar numerosas demandas que han derivado en órdenes que bloquean políticas del gobierno del presidente Donald Trump.

Entre el inicio del nuevo gobierno y mediados de mayo, diversos jueces emitieron unos 40 mandamientos judiciales a nivel nacional contra la Casa Blanca sobre temas que incluyen financiamiento federal, reglas electorales y consideraciones sobre diversidad y equidad. Los abogados involucrados en algunos de esos casos prometen seguir luchando, y hacen notar que el alto tribunal dejó abiertas otras vías jurídicas que podrían tener amplio efecto a nivel nacional.

Aquí hay un vistazo a algunas de las decisiones que podrían verse afectadas:

Ciudadanía por nacimiento

Muchos jueces federales han emitido mandamientos judiciales a nivel nacional para bloquear la orden de Trump que niega la ciudadanía estadounidense a los hijos nacidos en Estados Unidos de personas que están en el país ilegalmente o temporalmente. El máximo tribunal tomó su decisión el viernes en una demanda sobre esa orden, pero los jueces no aclararon si las restricciones sobre la ciudadanía por nacimiento podrían entrar en vigor pronto en partes del país.

Los opositores regresaron a la corte pocas horas después de que se emitió la opinión, utilizando una vía jurídica que el tribunal dejó abierta para presentar demandas colectivas que podrían tener efecto a nivel nacional.

Normas electorales

El 13 de junio, la jueza federal de distrito Denise J. Casper en Massachusetts bloqueó el intento de Trump de reformar las elecciones en el país. Una orden ejecutiva que el presidente republicano emitió en marzo buscaba obligar a los funcionarios a requerir prueba documental de ciudadanía a todos los que se empadronen para votar en elecciones federales, sólo aceptar boletas enviadas por correo recibidas el Día de las Elecciones, y condicionar el financiamiento de subvenciones electorales federales a que los estados se adhieran al nuevo plazo de recepción de boletas.

California fue uno de los demandantes. La oficina del fiscal general del estado, Rob Bonta, indicó en un correo electrónico que estaba evaluando el efecto de la decisión del viernes de la Corte Suprema en todos los litigios del estado.

Asistencia jurídica para migrantes

Un juez federal en California le impidió en abril al gobierno cortar el financiamiento para la representación jurídica de niños migrantes no acompañados. El gobierno ha apelado.

La jueza federal de distrito Araceli Martinez Olguín en San Francisco señaló que no había "forma práctica" de limitar el alcance del mandamiento judicial por parte interesada, ni por cuestiones geográficas.

"De hecho, según se discutió con los declarantes del gobierno en la audiencia de la orden judicial preliminar, sólo existe un contrato para la disposición del financiamiento en cuestión, y se aplica a servicios jurídicos directos a nivel nacional", escribió Martinez Olguin.

La abogada de los demandantes, Adina Appelbaum, directora de programas en el Amica Center for Immigrant Rights —un centro activista que ofrece servicios jurídicos a inmigrantes—, indicó que no creía que la decisión de la Corte Suprema afectara significativamente su caso.

Pero la criticó, diciendo que el alto tribunal había "dado la espalda a su papel de proteger a la gente", incluidos los inmigrantes.

Diversidad, equidad e inclusión

En febrero, un juez federal bloqueó en gran medida órdenes ejecutivas amplias con las que se pretendía poner fin al apoyo gubernamental a programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión.

El juez federal de distrito Adam Abelson en Baltimore concedió una orden judicial preliminar que le impide al gobierno rescindir o cambiar contratos federales que considera están relacionados con la equidad.

Posteriormente un tribunal de apelaciones suspendió la decisión. Los abogados del grupo sin fines de lucro Democracy Forward representaron a los demandantes en el caso.

La presidenta y directora ejecutiva del grupo, Skye Perryman, declaró que estaba decepcionada por el fallo de la Corte Suprema, diciendo que se trata de una barrera más a los intentos de obtener apoyo en la corte. Pero también indicó que la decisión era limitada y al menos podría permitir que sigan vigentes algunas decisiones que bloquean acciones del gobierno de Trump.

Atención a personas transgénero

Un juez federal en febrero impidió que el gobierno retenga fondos federales destinados a instalaciones de salud que brindan atención de afirmación de género a pacientes menores de 19 años.

Al explicar su razonamiento para un mandamiento judicial a nivel nacional, el juez federal de distrito Brendan Abell Hurson en Maryland señaló que un "enfoque fragmentado no es apropiado en este caso".

"El impedir que las agencias condicionen el financiamiento a ciertas instituciones médicas, mientras se permite que persista el financiamiento condicional a otras instituciones médicas, generaría una confusión significativa", escribió.

Una apelación en el caso estaba en espera mientras la Corte Suprema sopesaba temas similares sobre menores y atención médica para personas transgénero. La semana pasada, el alto tribunal confirmó una ley de Tennessee que prohíbe proporcionar tratamientos médicos clave para jóvenes transgénero.

Omar Gonzalez Pagan, abogado principal del Lambda Legal Defense and Education Fund Inc. —un organismo que defiende los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ—, fue uno de los abogados que aseguró el fallo de Hurson. Indicó que los abogados de los demandantes aún estaban evaluando el posible impacto de la decisión de la Corte Suprema, pero creía que el alto tribunal reconoció que “el alivio sistemático y universal es apropiado en ocasiones”.

Recortes federales

En mayo, un juez en Rhode Island bloqueó una orden ejecutiva que pretendía desmantelar agencias federales que apoyan a bibliotecas, museos, negocios de minorías y a partes en disputas laborales.

El gobierno ha apelado.

Rhode Island fue uno de los que interpusieron la demanda. El fiscal general del estado, Peter F. Neronha, declaró en un comunicado el viernes que "continuará utilizando todos los recursos jurídicos disponibles para asegurar que los estadounidenses, todos los estadounidenses, estén protegidos de los caprichos cada vez más peligrosos de este presidente".

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Thanawala informó desde Atlanta. Los periodistas de The Associated Press Alanna Durkin Richer, Lindsay Whitehurst, Christina Cassidy en Atlanta y Rebecca Boone en Boise, Idaho contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.