Empleados de FBI despedidos por caso de documentos de Trump demandan para ser reincorporados

Empleados del FBI despedidos por sus funciones en la investigación sobre la retención de documentos clasificados por parte del presidente Donald Trump en su propiedad de Florida presentaron una demanda el jueves para recuperar sus puestos de trabajo, al calificar sus despidos como actos ilegales de “represalia política”.

La denuncia se suma a la creciente lista de impugnaciones legales a los despidos masivos, bajo el director del FBI Kash Patel, de agentes que participaron en investigaciones del presidente republicano o que son vistos como contrarios a los intereses del gobierno de Trump.

La demanda se presentó ante un tribunal federal en Washington en nombre de nueve agentes, analistas de inteligencia y especialistas en operaciones de personal que fueron despedidos en febrero, tras ceses anteriores de agentes que habían trabajado en la pesquisa sobre los esfuerzos de Trump por revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

Patel ha declarado en testimonio ante el Congreso que los empleados que ha despedido habían “convertido en arma” al FBI. Pero los agentes niegan esa afirmación en la demanda, y señalan que, entre todos, acumulaban más de un siglo de servicio distinguido y apolítico en el FBI, que incluyó responder al atentado del Maratón de Boston, recuperaciones de rehenes y la investigación del intento de asesinato de Trump en 2024 en Butler, Pensilvania.

Sus despidos, sostiene la demanda, generan una “pérdida inconmensurable” para “la seguridad nacional de Estados Unidos”.

“A cambio de su servicio, fueron despedidos porque hicieron su trabajo, como siempre lo hicieron: seguir los hechos y la ley sin sesgo ni favoritismo. Para este gobierno, eso es una ofensa. Para el resto de nosotros, es heroico”, señaló un comunicado de sus abogadas y abogados, Margaret Donovan, Abbe Lowell y Rebecca Tinio.

“Esta demanda demostrará su despido ilegal y hará que el gobierno rinda cuentas por este ataque flagrante al Estado de derecho”, añadió el comunicado.

Investigación de Mar-a-Lago derivó en cargos penales contra Trump

La demanda expone un recuento detallado de las acusaciones contra Trump y describe cómo almacenó indebidamente decenas de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, que se llevó consigo tras dejar la Casa Blanca, los mostró a personas no autorizadas a verlos y obstruyó los esfuerzos del FBI por recuperarlos.

La pesquisa derivó en un dramático registro del FBI en Mar-a-Lago en 2022, que recuperó documentos clasificados, y posteriormente produjo una acusación formal en un tribunal federal de Florida que imputó a Trump decenas de cargos por delitos graves.

Trump negó haber cometido irregularidades, y el caso fue desestimado en 2024 por una jueza designada por Trump, Aileen Cannon, quien determinó que el fiscal especial que presentó los cargos, Jack Smith, había sido nombrado ilegalmente por el Departamento de Justicia del gobierno de Biden.

Los nueve empleados despedidos del FBI no se ofrecieron voluntariamente para la investigación, sino que fueron asignados a ella como parte de su trabajo en escuadrones especializados de contrainteligencia y contraespionaje, según la demanda, que afirma que aun así fueron despedidos debido a percepciones infundadas de que el desempeño de sus funciones de aplicación de la ley había “chocado con la lealtad política y personal a Trump que los Demandados exigían”.

“Al presentar el trabajo de los Demandantes en la investigación Plasmic Echo como ‘politizado y convertido en arma’, los Demandados presumieron erróneamente conocer las convicciones políticas personales de los Demandantes y tomaron medidas ilegales basadas en esa presunción”, sostiene la demanda, utilizando el nombre en clave del FBI para la indagación sobre los documentos clasificados. “Peor aún, los Demandados concluyeron erróneamente que esas convicciones políticas personales afectaron o impulsaron su trabajo”.

La demanda solicita, entre otras medidas, la reincorporación al FBI, el pago retroactivo de salarios y una orden judicial que declare que los despidos fueron ilegales.

La demanda afirma que despidos fueron la culminación de campaña de represalias

Los abogados de los empleados despedidos sugieren que el “destino” de sus clientes “quedó sellado” mucho antes de los despidos de febrero, y presentan las expulsiones como la culminación de una campaña de represalias de larga data que se activó una vez que Trump regresó a la Casa Blanca en 2025.

La demanda señala cómo Patel, en su calidad de podcaster conservador antes de convertirse en director del FBI de Trump, había denostado el registro del FBI en Mar-a-Lago como “ilegal” y había acusado a los agentes que participaron en él de ser “gánsteres corruptos del gobierno”.

Días después que Trump asumiera el cargo, un alto funcionario del Departamento de Justicia exigió que el FBI entregara una lista de empleados de la agencia que habían participado en investigaciones relacionadas con Trump, una orden a la que se resistió el entonces director, Brian Driscoll, y que dentro de la fuerza laboral se consideró un posible preludio de despidos masivos.

Durante el año siguiente, el FBI y el Departamento de Justicia despidieron en oleadas a empleados involucrados en pesquisas sobre Trump, sin audiencias ni el aviso adecuado que, según los abogados de los demandantes, exige la ley.

La demanda sostiene que los agentes y analistas de Mar-a-Lago fueron despedidos el febrero pasado después que Patel revelara a Reuters que el FBI, como parte de la indagación, había citado a declarar sus registros de peaje, que muestran la fecha, la hora y la duración de una llamada telefónica, pero no el contenido de las comunicaciones.

“Los Demandantes fueron despedidos ilegalmente no por alguna causa o por algún motivo legítimo, sino únicamente para satisfacer la vendetta personal del Presidente”, afirma la demanda. “Los despidos no siguieron ninguna investigación interna ni proceso disciplinario dentro del FBI, y a los Demandantes no se les dio ningún aviso, una audiencia ni una oportunidad de apelar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.