Distritos de Minnesota piden a jueza restablecer límites a las redadas migratorias cerca de escuelas

Abogados de dos distritos escolares de Minnesota y del principal sindicato de docentes del estado pidieron el miércoles a una jueza federal que bloquee un cambio de política del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, el cual les dio a las autoridades migratorias más libertad para llevar a cabo redadas en las escuelas y cerca de ellas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anuló el año pasado restricciones de larga data a nivel nacional a las medidas de control migratorio en “lugares delicados” como escuelas y paradas de autobuses escolares, iglesias y hospitales, que en la práctica los dejaban fuera del alcance de los agentes, salvo en circunstancias excepcionales.

Los distritos escolares de Fridley y Duluth, y el sindicato Education Minnesota, presentaron una demanda en febrero para bloquear la nueva política, en un momento en que el DHS había enviado a unos 3.000 agentes federales al estado para la Operación Metro Surge. Agentes federales involucrados en la ofensiva mataron a dos ciudadanos en Minneapolis en enero.

Los demandantes le pidieron al tribunal el miércoles una suspensión o una medida cautelar preliminar que restablezca las restricciones anteriores.

La abogada Amanda Cialkowski, quien representa al distrito y al sindicato, comentó posteriormente a los periodistas que no estaba claro si un fallo a su favor sería aplicable fuera de Minnesota o en otros “lugares delicados” como iglesias y hospitales.

“Simplemente tendremos que esperar y ver qué hace la jueza”, expresó.

Docentes de todo el país han detallado las maneras en que la ofensiva migratoria de Trump ha moldeado su trabajo y la vida de sus estudiantes. En escritos judiciales de un caso en curso presentado por sindicatos nacionales de docentes ante un tribunal federal en Oregon, educadores describieron rumores de redadas que ahuyentaron a estudiantes, padres inmigrantes que dejaron de enviar por completo a sus hijos a la escuela, y relatos de padres y estudiantes arrestados en paradas de autobús.

Y una exigencia de los demócratas para que las autoridades federales se abstengan de realizar operativos de control migratorio en los alrededores de de escuelas, iglesias y hospitales es una de las disputas no resueltas en el enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno por la financiación del DHS.

Los argumentos el miércoles ante la jueza federal de distrito Laura Provinzino se centraron en su mayoría en cuestiones jurídicas complejas sobre si los distritos y el sindicato tenían capacidad legal para demandar, podían demostrar que habían sido perjudicados directamente por el cambio de política, y si la nueva directriz constituía el tipo de decisión final de la agencia que un tribunal tendría autoridad legal para revisar.

Jessica Lundberg, abogada del Departamento de Justicia, sostuvo que “sustituir” la guía de política del año pasado por la guía anterior, según desean los demandantes, en realidad no tendría un impacto significativo. Incluso bajo las reglas anteriores, afirmó, siempre existía la posibilidad de que se efectúen acciones de control migratorio en las escuelas y sus alrededores.

Provinzino indicó que fallará “tan rápido como pueda... pero también asegurándome de hacerlo bien”.

Los superintendentes del distrito de Fridley, en los suburbios de Minneapolis, y del distrito de Duluth, en el norte de Minnesota, estuvieron en la sala del tribunal durante los alegatos.

La superintendenta de Fridley, Brenda Lewis, manifestó que el cambio “afectó profundamente” la asistencia porque las familias no se sentían seguras para enviar a sus hijos a la escuela. Señaló que sus escuelas tuvieron que pasar al aprendizaje virtual para muchos estudiantes, lo que supuso una presión adicional sobre los recursos.

La superintendenta también indicó que su distrito ha perdido 72 estudiantes desde diciembre, lo que ha perjudicado la financiación que dependía del número de alumnos y de las comidas servidas. Algunos se inscribieron en distritos que consideraban más seguros, mientras que otros han salido del país, y algunos están en centros de detención, explicó.

Aunque el fin oficial de la Operación Metro Surge significa que Fridley no ha visto a agentes del ICE en propiedades escolares en ocho semanas, Lewis afirmó que los efectos perdurarán muchos años.

El superintendente de Duluth, John Magas, señaló que su distrito —que está a unos 240 kilómetros (150 millas) al norte de Minneapolis— se encuentra muy afuera del área metropolitana de las Ciudades Gemelas, pero empezó a sentir los efectos del cambio de política mucho antes del operativo.

Los distritos escolares de toda el área de las Ciudades Gemelas vieron dispararse el ausentismo durante la ofensiva migratoria. En St. Paul, más de 9.000 estudiantes estuvieron ausentes a mediados de enero, más de una cuarta parte del distrito, según datos de asistencia obtenidos por The Associated Press.

Más de 8.000 estudiantes de las Escuelas Públicas de Minneapolis permanecieron en casa el último día de clases de enero, cerca del 30% del alumnado. Y Fridley registró una caída de la asistencia en casi un tercio, según documentos judiciales.

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Sharon Lurye, reportera de datos de la Red de Reportajes de Educación de The Associated Press, contribuyó a esta historia desde Filadelfia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.