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Corte Suprema escuchará apelación de centro de detención por pagos de 1 dólar diario a migrantes

Lindsay Whitehurst
Lunes, 02 de junio de 2025 16:29 EDT
EEUU-CENTRO DE DETENCIÓN-MIGRANTES
EEUU-CENTRO DE DETENCIÓN-MIGRANTES (AP)

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el lunes escuchar la apelación de una empresa privada de prisiones que enfrenta una demanda en la que se le acusa de que los inmigrantes detenidos fueron obligados a trabajar a cambio de un salario de un dólar diario.

GEO Group presentó su apelación ante el máximo tribunal después de que un juez se negó a desestimar la demanda de 2014 en la que se afirmaba que los detenidos tenían que realizar trabajos de limpieza no remunerados y otras labores a cambio de un salario sumamente bajo para cubrir los gastos de sus escasos alimentos.

La empresa sostiene que las demandas son en realidad una forma indirecta de oponerse a la política federal de inmigración, y que sus tasas de pago se apegan a las regulaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés).

Afirman que los migrantes no pueden presentar una demanda porque la compañía opera la instalación de Aurora, Colorado, a nombre del gobierno, el cual es inmune a este tipo de denuncias.

Los abogados de los migrantes afirman que la demanda trata únicamente sobre personas que reciben "prácticamente nada" por su trabajo, y que el contrato no requería que se les pagara tan poco.

Un juez de un tribunal de menor instancia permitió que la demanda avanzara y la Corte Federal de Apelaciones del 10º Circuito determinó que no podía revisar las afirmaciones de inmunidad antes del juicio. GEO Group arguyó ante la Corte Suprema que los contratistas del gobierno deberían poder argumentar el tema en una apelación expedita.

GEO Group, con sede en Florida, es uno de los principales proveedores privados de servicios de detención en el país, con la gestión o propiedad de aproximadamente 77.000 camas en 98 instalaciones. Entre sus contratos se incluye un nuevo centro de detención de inmigración federal donde el alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado en una protesta el mes pasado.

Inmigrantes detenidos han presentado demandas similares en otros lugares, incluido un caso en el estado de Washington donde se le ordenó a la empresa pagar más de 23 millones de dólares.

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El periodista de Associated Press Mike Catalini, en Trenton, Nueva Jersey, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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