California: Corte mantiene fallo contra prohibición de contratar a estudiantes sin estatus legal
La Corte Suprema de California mantuvo en pie un fallo de un tribunal inferior que establece que la política de la Universidad de California de prohibir a los estudiantes sin estatus legal en Estados Unidos acceder a empleos universitarios es discriminatoria y debe ser reconsiderada.
Funcionarios del sistema universitario dicen que la decisión los coloca en una posición precaria mientras negocian con la administración Trump tras la retirada de fondos federales para la investigación.
Una demanda de 2024 argumentó que la prohibición de la universidad viola la ley estatal. En agosto, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito dictaminó que la institución no proporcionó pruebas suficientes para justificar su "política discriminatoria" de no contratar a estudiantes que están en el país sin permiso legal.
Ese fallo no llegó a anular el protocolo de contratación, pero los jueces ordenaron a la casa de estudios reconsiderarlo utilizando criterios legales adecuados. En lugar de eso, la universidad llevó el caso al tribunal superior del estado, que la semana pasada se negó a escuchar el desafío.
Rachel Zaentz, portavoz de la UC, declaró en un comunicado el martes que el sistema universitario está "evaluando sus opciones" y que la decisión del tribunal de no revisar el caso "crea serios riesgos legales para la Universidad y todos los demás empleadores estatales en California".
El gobierno del presidente Donald Trump le ha suspendido los subsidios federales a la universidad y la ha demandado exigiéndole que pague una multa de 1.000 millones de dólares por acusaciones que incluyen antisemitismo y el uso ilegal de la raza en las admisiones.
Una demandante en el caso, la exprofesora Iliana Pérez, instó al sistema universitario a tomar la decisión judicial como una oportunidad para modificar su política de contratación.
"La decisión del Tribunal Supremo de California no solo reafirma que no se puede seguir tolerando la discriminación contra los inmigrantes indocumentados en el acceso a empleos en el campus", indicó Pérez en un comunicado el lunes al Los Angeles Times. "Sino que también le da a la universidad la claridad para proveer valiosas oportunidades a los miles de estudiantes inmigrantes que contribuyen a sus campus, y a la economía y fuerza laboral del estado".
La demanda dice que sin la capacidad de trabajar, los estudiantes sin estatus legal luchan por reunir el dinero necesario para costear el total de su educación, incluyendo la vivienda. Aunque esos estudiantes son elegibles para subvenciones estatales y exenciones de matrícula, se les prohíbe acceder a subvenciones y préstamos federales. Eso empuja a muchos estudiantes a encontrar trabajos no declarados o en condiciones inseguras, han dicho los defensores.
La universidad argumentó que contratar a estudiantes sin estatus legal podría exponer a los empleadores del campus a litigios civiles o penales y poner en riesgo los miles de millones de dólares en contratos federales que recibe el sistema.
___________________________________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.