Departamento de Justicia de EEUU solicita información electoral de al menos 19 estados, según AP
Las solicitudes han llegado en cartas, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Los detalles varían, pero el objetivo es consistente: el Departamento de Justicia de Estados Unidos está intensificando un esfuerzo para obtener datos de votantes y otra información electoral de los estados.
En los últimos tres meses, la sección de votación del Departamento ha solicitado copias de las listas de registro de votantes a los administradores electorales estatales en al menos 15 estados, según un recuento de The Associated Press. De esos, nueve son demócratas, cinco son republicanos y uno es un comité bipartidista.
En Colorado, el Departamento exigió "todos los registros" relacionados con las elecciones de 2024 y cualquier registro que el estado haya conservado de las elecciones de 2020.
Los abogados del Departamento han contactado a funcionarios en al menos siete estados para proponer una reunión sobre la creación de un acuerdo de intercambio de información relacionado con casos de fraude electoral o de votación. La idea, dicen en los correos electrónicos, es que los estados ayuden al Departamento a hacer cumplir la ley.
El alcance inusualmente amplio ha generado alarma entre algunos funcionarios electorales porque los estados tienen la autoridad constitucional para llevar a cabo elecciones y la ley federal protege el intercambio de datos individuales con el gobierno.
También señala la transformación de la participación del Departamento de Justicia en las elecciones bajo el presidente Donald Trump. Históricamente, el Departamento se ha centrado en proteger el acceso a las urnas. Hoy, está tomando medidas para reprimir el fraude electoral y la votación de no ciudadanos estadounidenses, ambas situaciones inusuales pero que han sido objeto de años de afirmaciones falsas de Trump y sus aliados.
Las medidas del Departamento se producen junto a un esfuerzo más amplio del gobierno federal para investigar elecciones pasadas e influir en los comicios de medio mandato de 2026. El presidente republicano ha pedido un fiscal especial para investigar las elecciones de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden y continúa afirmando falsamente que ganó.
Trump también ha presionado a los republicanos de Texas para que reestructuren sus mapas congresuales a fin de crear más escaños en la Cámara de Representantes que favorezcan al Partido Republicano.
El Departamento de Justicia no suele "participar en expediciones de pesca" para encontrar leyes que potencialmente se hayan violado y por lo general ha sido independiente del presidente, dijo David Becker, un exabogado del Departamento que dirige el Centro para la Innovación e Investigación Electoral, un grupo sin fines de lucro.
"Ahora parece estar operando de manera diferente", dijo.
El Departamento respondió por email con un "sin comentarios" a una lista de preguntas enviadas por la AP buscando detalles sobre las comunicaciones con autoridades estatales.
Solicitudes a los estados varían y algunas son específicas
Las oficinas electorales en Alaska, Arizona, California, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva York, Utah y Wisconsin confirmaron a la AP que recibieron cartas de la sección de votación solicitando sus listas de registro de votantes a nivel estatal. Al menos otro, Oklahoma, recibió la solicitud por teléfono.
Muchas solicitudes incluían preguntas básicas sobre los procedimientos que los estados utilizan para cumplir con las leyes federales de votación, como la manera en que los estados identifican y eliminan registros de votantes duplicados o de votantes fallecidos o de otro modo no elegibles.
Ciertas preguntas eran más específicas de cada estado y hacían referencia a puntos de datos o inconsistencias percibidas de una encuesta reciente de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, mostró una revisión de la AP de varias de las cartas.
El Departamento de Justicia ya ha presentado una demanda contra la junta electoral estatal en Carolina del Norte alegando que no cumplió con una parte de la Ley Ayude a América a Votar que se relaciona con los datos de registro de votantes.
Es probable que haya más consultas en camino
Hay indicios de que el alcance del Departamento no ha terminado. Le indicó a la Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS, por sus siglas en inglés) que "todos los estados serán contactados eventualmente", dijo Maria Benson, portavoz de la NASS.
La organización ha pedido al Departamento que se una a una reunión virtual de su comisión electoral para responder preguntas sobre las cartas, dijo Benson. Algunos funcionarios han expresado preocupaciones sobre cómo se utilizarán y protegerán los datos de los votantes.
Las autoridades electorales en al menos cuatro condados de California —Los Ángeles, Orange, San Diego y San Francisco— indicaron que el Departamento de Justicia les envió cartas solicitando registros de listas de votantes. Las cartas pedían el número de personas eliminadas de las listas por ser no ciudadanos estadounidenses y sus registros de votación, fechas de nacimiento y números de identificación.
Funcionarios en Arizona, Connecticut, Michigan, Nevada, Nuevo México, Rhode Island y Wisconsin confirmaron a la AP que recibieron un correo electrónico de dos abogados del Departamento solicitando una llamada sobre un posible "acuerdo de intercambio de información".
El objetivo, según varias copias de los correos electrónicos revisados por la AP, era que los estados proporcionaran al gobierno federal información sobre casos de fraude electoral para ayudar al Departamento de Justicia a "hacer cumplir las leyes electorales federales y proteger la integridad de las elecciones federales". Uno de los que enviaba los correos electrónicos era un asesor principal en la división penal.
Los emails se referían a la orden ejecutiva de marzo de Trump sobre elecciones, parte de la cual instruye al secretario de Justicia a celebrar acuerdos de intercambio de información con autoridades electorales estatales en la "máxima medida posible".
Autoridades electorales escépticas evalúan cómo responder
Las autoridades electorales en varios estados que recibieron solicitudes de su información de registro de votantes no han respondido. Algunas señalaron que estaban revisando las consultas.
Funcionarios en algunos otros estados proporcionaron versiones públicas de las listas de registro de votantes al Departamento, con cierta información personal tachada, como números de Seguro Social. En otros lugares, las autoridades estatales respondieron preguntas de procedimiento del Departamento de Justicia pero se negaron a proporcionar las listas de votantes.
En Minnesota, la oficina del secretario de gobierno Steve Simon, un demócrata, dijo que la agencia federal no tiene derecho legal a la información.
En una carta del 25 de julio a la sección de votación del Departamento de Justicia, el asesor general de Simon, Justin Erickson, dijo que la lista "contiene información personal identificativa delicada sobre varios millones de individuos". Agregó que la oficina tenía obligaciones bajo la ley federal y estatal de no divulgar ninguna información de la lista estatal a menos que la ley lo exija expresamente.
En una carta reciente, legisladores republicanos en el estado pidieron a Simon que cumpla con la solicitud federal como una forma de "proteger los derechos de voto de los ciudadanos de Minnesota".
La secretaria de gobierno de Maine, la demócrata Shenna Bellows, dijo que la solicitud del Departamento de Justicia excede los límites del gobierno federal y que el estado no la cumplirá. Subrayó que hacerlo es una violación de la privacidad de los votantes.
El Departamento "no tiene derecho a saber todo sobre ti sólo porque lo desee", sostuvo Bellows.
Abogados dicen que algunas solicitudes del Departamento de Justicia son cuestionables
No hay nada inherentemente incorrecto en que el Departamento de Justicia solicite información sobre procedimientos estatales o que los estados la proporcionen, explicó Justin Levitt, un ex subsecretario adjunto de Justicia que da clases en la Facultad de Derecho de Loyola.
Pero las solicitudes del Departamento de Justicia de datos de registro de votantes son más problemáticas, destacó. Eso se debe a la Ley de Privacidad de 1974, que estableció pautas estrictas sobre la recopilación de datos por parte del gobierno federal. El gobierno está obligado a emitir un aviso en el Registro Federal y notificar a las comisiones del Congreso apropiadas cuando busca información personal identificable sobre individuos.
Becker dijo que no hay nada en la ley federal que obligue a los estados a cumplir con solicitudes de datos personales delicados sobre sus residentes. Agregó que, si bien el alcance sobre acuerdos de intercambio de información era en gran medida inocuo, la participación de un abogado en materia penal podría considerarse intimidante.
"Se puede entender cómo la gente estaría preocupada", dijo.
___
Fields reportó desde Washington. Periodistas de The Associated Press sobre gobiernos estatales de todo el país contribuyeron a este despacho.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.