Decreto de Milei que designa dos jueces para la Corte Suprema empieza a cosechar resistencias
El decreto del presidente argentino Javier Milei que designa a dos jueces como nuevos miembros de la Corte Suprema se topó el miércoles con un primer obstáculo tras el pedido que realizó una asociación civil para que sea considerado inconstitucional.
En su presentación ante la justicia, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) solicitó que se declare la nulidad del polémico decreto que designó al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García-Mansilla como integrantes del más alto tribunal argentino, así como una medida cautelar para que se suspendan sus efectos.
El expediente recayó en el juzgado federal a cargo del juez Alberto Recondo de la ciudad de La Plata, a las afueras de Buenos Aires.
Lijo y García-Mansilla fueron impulsados por Milei para ocupar las vacantes que dejaron en el máximo tribunal de cinco miembros los magistrados Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda tras jubilarse. Como el oficialismo no logró conseguir los votos de los dos tercios de los presentes en el Senado para su designación, decidió hacerlo con un decreto.
CEPIS argumentó que la medida “se dispuso con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta... violentando las disposiciones constitucionales, así como tratados internacionales que garantizan la independencia del Poder Judicial”.
El portavoz presidencial Manuel Adorni defendió la medida en una rueda de prensa y sostuvo que "es la decisión del presidente de avanzar y que la Corte Suprema, con la importancia que reviste el máximo tribunal, tenga a todos sus miembros después de casi un año sin que esto avance como corresponde en el Senado”.
El funcionario recalcó que el Ejecutivo cumplió con todos los requisitos normativos y demostró “la idoneidad” de Lijo y García-Mansilla.
Sectores de la oposición, incluidos los aliados circunstanciales del gobierno, han subrayado especialmente la supuesta falta de idoneidad profesional e independencia de Lijo, al que cuestionan por haber atrasado investigaciones por corrupción que han salpicado a empresarios y políticos.
El magistrado ha rechazado estos señalamientos en comparecencias ante los legisladores y manifestó que siempre se ha sometido voluntariamente a investigaciones que no derivaron en sanciones.
El gobierno afirma que está respaldado por la Constitución, que habilita al Poder Ejecutivo a “llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión”.
En la teoría, la designación vía decreto se extenderá por nueve meses hasta el fin del año parlamentario. Una vez cumplido ese plazo, Lijo y García-Mansilla tienen que ser ratificados por el Senado para continuar en el máximo tribunal.