Decisión de lanzar misiles está en manos del aún presidente de EE.UU., Donald Trump, quien encara los últimos días de su gestión

Los temores expresados esta semana por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump ordene un ataque nuclear en los últimos días de su presidencia resaltan algo poco conocido: la autoridad para lanzar los misiles está solamente en manos del presidente.

El asunto trae nuevamente a la palestra una pregunta sin una respuesta segura: ¿Qué sucedería si un comandante militar determina, basado en un juicio legal, que una orden presidencial de lanzamiento nuclear es ilegal? El comandante puede rehusar la orden, pero ¿entonces qué pasa?

Trump nunca dio indicios de que estuviera ponderando usar armas nucleares, pero Pelosi expresó preocupación de que un presidente “inestable” pudiera iniciar una guerra. Dijo que habló el viernes con el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, sobre “precauciones disponibles” para prevenir que Trump pudiera iniciar una acción militar u ordenar un lanzamiento nuclear. Dijo a sus colegas legisladores que recibió garantías no especificadas de que existen salvaguardas establecidas.

Un portavoz de Milley, el coronel Dave Butler, confirmó que Pelosi llamó al general. “Él respondió sus preguntas sobre el proceso de autoridad del comando nuclear”, dijo Butler, sin dar detalles.

Las preocupaciones de Pelosi resaltan un hecho, que data del inicio de la era nuclear en la década de 1940, de que el presidente tiene la sola autoridad para ordenar un ataque nuclear. Nadie desde Harry Truman lo ha hecho. El presidente no tiene que conseguir el consentimiento de nadie más: ni dentro de su gobierno ni en las fuerzas armadas ni el Congreso. Existen, no obstante, ciertas salvaguardas.

Aunque sería algo sin precedentes, un comandante militar pudiera negarse a obedecer una orden presidencial de lanzar un arma nuclear si una evaluación legal concluye que constituye un acto ilegal bajo las leyes internacionales reconocidas de conflicto armado. Es un área turbia, dado que esa circunstancia no ha ocurrido.

“Si las fuerzas armadas reciben una orden ilegítima del presidente de Estados Unidos, pueden y deben rechazar esa orden en una situación en la que se considera ampliamente que el presidente no está apto y es incapaz de tomar una decisión racional”, dijo Tom Z. Collina, coautor, junto con el exsecretario de Defensa William Perry, del libro: “The Button” (El Botón) sobre los peligros nucleares y la autoridad presidencial.

Bajos los procedimientos en vigencia, un presidente que pondera la necesidad de usar armas nucleares consultaría con asesores, más probablemente el secretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto y el comandante del Comando Estratégico, que tiene control operacional sobre el arsenal nuclear. Se evaluarían varios puntos, incluso los aspectos legales de las opciones de ataque.

La estructura actual en la que la única autoridad para ordenar un lanzamiento nuclear corresponde al presidente no está escrita en ley. Fue creada por Truman como forma de mantener las decisiones sobre el uso de las armas más peligrosas del mundo en manos civiles, en lugar de militares. La autoridad es considerada inherente al papel constitucional del presidente como comandante en jefe.

Durante la Guerra Fría, la perspectiva de una guerra nuclear significaba tener que responder en minutos a una ola de misiles soviéticos apuntando a Estados Unidos. El tiempo era esencial. Por ello parecía lógico dejar la decisión a una sola persona, sin necesidad de demoradas consultas con el Congreso.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. Algunos argumentan que ese enfoque de “autoridad única” debe cambiar también.

“Una vez en el cargo, el presidente gana la autoridad absoluta para iniciar una guerra nuclear”, escribieron Collina y Perry en un artículo publicado el viernes en Politico. “En minutos, Trump puede lanzar centenares de bombas atómicas o solamente una. No necesita una segunda opinión”.

Collina, Perry y otros han estado presionando para que el Congreso altere la autoridad de comando nuclear para que sea compartida por el presidente y el Congreso.

El asunto ha sido mencionado reiteradamente durante la presidencia de Trump. En noviembre de 2017, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia pública sobre el tema, la primera de su tipo en decenios.

En la audiencia, se le preguntó a un excomandante de las fuerzas nucleares de Estados Unidos, el general retirado de la Fuerza Aérea Robert Kehler, qué sucedería si un presidente ordenaba un ataque nuclear, por cualquier razón, y el general a cargo del comando estratégico se negó o rechazó a contestar directamente, por considerarlo ilegal.

“Estarías en una situación constitucional muy interesante”, admitió Kehler.

También en noviembre de 2017, el general de la Fuerza Aérea que era entonces el jefe del Comando Estratégico mencionó la posibilidad de tener que rehusarse a una orden ilegal de lanzamiento. Ese oficial, el general John Hyten, que es ahora el vicejefe del Estado Mayor Conjunto, subrayó que en cualquier circunstancia las fuerzas armadas solamente están obligadas a obedecer órdenes legales.

“Yo doy consejos al presidente”, dijo Hyten. “Él me dirá lo que hacer, pero si es ilegal, ¿qué crees que va a pasar? ¿Voy a decir ‘Señor presidente, eso es ilegal’? Él va a decir: ‘¿Qué sería legal?’ Y analizaríamos las opciones entre una serie de capacidades para responder a la situación y así es como funciona. No es tan complicado”.