Fallo judicial contra DACA, que protege a miles de “Dreamers”
Una corte federal de apelaciones dictaminó que el programa viola la ley federal y le ordenó a un tribunal menor que le haga una nueva revisión. Por ahora, los beneficiarios no pierden sus derechos, pero continúa la prohibición de nuevas solicitudes
El futuro de DACA, que protege de la deportación a miles de indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, sigue en el limbo porque una corte federal de apelaciones falló que el programa es ilegal y le ordenó a un tribunal menor que revise los cambios que le hizo el gobierno de Joe Biden.
La Corte de Apelaciones del 5o. Circuito dictaminó que DACA viola la ley federal y le ordenó a un juez federal de Texas revisar el programa a partir de los cambios que implementó la administración Biden el pasado agosto para darle una base legal más firme.
Este fallo significa que, al menos por ahora, los beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) siguen protegidos de la deportación, pero continúan vigentes las prohibiciones para que nuevos solicitantes se inscriban al programa.
Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo que, si bien este fallo no le quita las protecciones de DACA a nadie, permite a los funcionarios estatales de Texas y otras entidades continuar con su esfuerzo para terminar el programa.
“Como resultado”, agregó Jadwat, “los Dreamers y sus familias continuarán viviendo en la incertidumbre por el temor de que las protecciones limitadas que tienen podrían desaparecer en cualquier momento”.
El programa DACA fue creado por el expresidente Barack Obama en 2012 para evitar que miles de jóvenes indocumentados que llegaron en la infancia, conocidos como Dreamers, fueran deportados y pudieran tener permisos de trabajo.
Ataques de los republicanos
Desde su creación, el programa ha estado bajo ataque por parte de muchos legisladores y representantes republicanos que argumentan que los contribuyentes no tienen por qué pagar los costos por los servicios que reciben los jóvenes indocumentados.
Algunos gobiernos estatales como los de Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina, Texas y West Virginia argumentan que el programa impone una dura carga a sus contribuyentes, sin tomar en cuenta las grandes aportaciones a la economía que hacen los Dreamers, no sólo como profesionistas y empleados en diversos ramos sino también como inversionistas y dueños de pequeños negocios.
El año pasado un tribunal de distrito en Texas determinó que Obama violó la ley federal al utilizar una orden ejecutiva para crear DACA, en parte porque no solicitó comentarios públicos sobre el posible impacto del programa. Como consecuencia de ello, el magistrado a cargo del caso suspendió las nuevas solicitudes de DACA, aunque dejó abierta la puerta para quienes ya están inscritos.
En respuesta al fallo adverso del tribunal de distrito, Biden ha tratado de reforzar DACA y para ello implementó algunas modificaciones. A finales de agosto, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) anunció una norma para darle al programa una base legal más formal que la que le dio Obama. Entre los cambios se contempla solicitar comentarios del público y ofrecer una explicación más amplia de los beneficios que tiene esta medida.
Debido al ambiente político tan dividido que hay en torno a la migración, es posible que el caso termine en la Corte Suprema, donde los conservadores gozan de una ventaja de 6-3.