Arzobispo: Nota alta a Bukele se debe a combate a pandillas

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, dijo el domingo que la nota alta que le da una reciente encuesta a la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele se debe a que el pueblo agradece lo que se ha logrado en materia de seguridad con el combate a las pandillas.

Es “el hecho de vivir en paz”, apuntó monseñor Alas en conferencia de prensa al final de la misa dominical al ser consultado sobre los resultados de una encuesta divulgada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad José Simeón Cañas, privada y dirigida por jesuitas. Este centro de estudios ha sido crítico al gobierno.

De acuerdo con ese estudio dado a conocer el 19 de enero, el 90% de la población reconoce que la situación de seguridad del país centroamericano ha mejorado, y que Bukele subió su nota al pasar de 7.54 puntos que logró al cierre del 2021 a un 8.37 al final del 2022.

Los salvadoreños han “comenzado a vivir un momento de paz, con libertad para salir. Ya las cosas han cambiado y es por eso por lo que el pueblo se siente agradecido”, subrayó el prelado, aunque consideró que la violencia no ha sido erradicada del todo.

Ahora el gobierno “tiene que atacar la pobreza, el subdesarrollo, las injusticias laborales”, porque para que el pueblo desarrolle tienen que generarse oportunidades para los jóvenes y los mayores, expuso el arzobispo.

“Yo creo que ahora el país está en condiciones de un despegue en esta dirección, (y) es lo que tiene que hacerse”, agregó.

Para combatir la alarmante violencia criminal, a petición de Bukele, el Congreso salvadoreño aprobó recientemente la décima prórroga del estado de excepción para seguir combatiendo a las maras o pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes cometidos en el país. El gobierno advirtió que seguirá con la medida hasta sacar de las calles al último de los pandilleros.

En su más reciente informe mundial, la ONG Human Rights Watch condenó el estado de excepción impuesto en marzo de 2022, al considerar que se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, durante ese régimen. Organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran tener documentado la muerte de al menos 90 personas bajo custodia de las autoridades.