Universidades públicas de Argentina vuelven a tomar las calles contra plan de ajuste de Milei

Estudiantes y profesores de universidades públicas de Argentina, respaldados por sindicatos, líderes opositores y organizaciones sociales, se movilizaron el miércoles en Buenos Aires y otros puntos del país para rechazar la amenaza del presidente argentino de vetar un aumento de presupuesto para los centros de estudio y los salarios de docentes, entre otros.

La multitudinaria manifestación tuvo lugar en medio del tira y afloja que mantiene el mandatario con las universidades públicas por un recorte de presupuesto en el marco del plan de ajuste que lleva adelante desde que asumió el 10 de diciembre y, que según él, es la única alternativa para terminar con el flagelo de la inflación.

El gobierno mantuvo el mismo presupuesto nacional de 2023, pese a una inflación interanual de casi un 240% en agosto, y dispone el aumento de partidas de forma unilateral.

En septiembre, el Senado —controlado por la oposición— sancionó la Ley de Financiamiento Universitario que prevé un incremento de las partidas equivalente al 0,14% del PIB. Milei adelantó que vetará la norma porque no se ajusta a su plan de austeridad.

Bajo la consigna “Un veto a la educación es un veto al futuro”, el Consejo Interuniversitario Nacional y otras organizaciones académicas convocaron a una marcha federal universitaria que tuvo su epicentro frente al Congreso. Los organizadores dijeron que se movilizaron un millón de personas en todo el país. La policía no dio cifras.

“Le pedimos en un grito de auxilio: promulgue la ley de financiamiento universitario", reclamó a Milei Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, al leer un documento de los organizadores. "Es una ley que resuelve los problemas responsablemente porque no compromete recursos del Estado”, expresó.

Se trató de la segunda movilización de estas características contra el presidente ultraderechista, luego de la protagonizada por estudiantes y docentes en abril. El miércoles también se sumaron sindicatos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos, así como figuras de la oposición, desde la expresidenta y exvicepresidenta de centro-izquierda Cristina Fernández de Kirchner hasta el titular de la centenaria Unión Cívica Radical, Martín Lousteau.

“La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida es de una gravedad inusitada, con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza”, denunció la líder estudiantil. “Esto pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos y servicios esenciales para su funcionamiento”.

Las autoridades de la pública Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las más prestigiosas de Latinoamérica y la de mayor matrícula de estudiantes del país sudamericano, reportaron que los salarios de docentes y no docentes han sufrido una pérdida del 40% de su poder adquisitivo en lo que va del año y advirtieron que continúan deteriorándose porque las “asignaciones unilaterales” que envía el gobierno a las universidades públicas están desfasadas con respecto a la inflación.

También alertaron sobre una inminente crisis terminal del sistema científico.

“La crisis del sistema es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. El 60% de quienes hacen ciencia lo hacen en universidades nacionales y la disminución de estos recursos impactan a jóvenes en formación y a equipos ya consolidados”, según el documento.

Según datos de la Secretaría de Educación correspondientes al año 2023, de los 2,7 millones de estudiantes universitarios en todo el país, el 80% están en universidades de gestión estatal.

“El gobierno no está en contra del reclamo, está en contra de que el Congreso sancione una ley sin indicar de dónde saca el dinero”, manifestó el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni. También cuestionó la falta de transparencia en el control de gastos y deficiencias en el funcionamiento de la educación universitaria gratuita.

“En el caso de la UBA, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 no se rindieron”, remarcó Adorni. “Esta falta de control de gastos hace imprescindible revisarlos”.

Si Milei veta la ley, el Congreso podría insistir con el aumento del financiamiento universitario si reúne los dos tercios de los votos en ambas cámaras.

“Es con más ciencia y educación superior pública y de excelencia. No es con menos. Si en un contexto de escasez no se privilegian estas áreas, el desarrollo de nuestra nación será solo una utopía”, concluyeron los universitarios en su comunicado.