Tribunal mexicano condena a 141 años de prisión a implicados en caso del rancho del Cártel Jalisco
Un tribunal estatal impuso el martes una condena de 141 años y tres meses de prisión a cada uno de los diez implicados en el caso de una finca que era utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el reclutamiento de sus miembros en el occidente de México.
A cuatro meses del escándalo desatado por el hallazgo en el estado de Jalisco del “Rancho Izaguirre”, un juzgado estatal declaró culpables a los diez hombres por los delitos de desaparición y homicidio en agravio de tres personas. Los hombres fueron detenidos en septiembre del 2024 durante una primera intervención de la finca.
El tribunal sentenció a los diez implicados a 141 años y tres meses de cárcel y el pago de 1,3 millones de pesos (unos 65.000 dólares) por reparación del daño, anunció el martes la Fiscalía de Jalisco.
Aún están pendiente de juicio otros cinco detenidos, entre ellos tres policías municipales, un operador del CJNG que se dedicaba a reclutar posibles miembros del cártel, y José Murguía Santiago, alcalde del municipio de Teuchitlán, donde operaba la finca de casi una hectárea de extensión.
La detención de Murguía Santiago se dio pocos días después que el fiscal general federal Alejandro Gertz Manero informó que desde el 2021 la Comisión de Derechos Humanos del estado de Jalisco reportó a las autoridades del municipio de Teuchitlán la existencia de la finca que era manejada por el CJNG, pero ignoraron la denuncia por varios años.
El caso del “Rancho Izaguirre” desató una fuerte controversia luego que el colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco –que busca a personas desaparecidas– denunció el 5 de marzo la localización de numerosos restos óseos calcinados y cientos de prendas de vestir y calzados en el lugar.
Tras la denuncia del colectivo, se determinó que la Fiscalía de Jalisco no avanzó por varios meses las investigaciones que se iniciaron en septiembre pasado después que la Guardia Nacional intervino el lugar y apresaron a diez personas. En esa oportunidad, las autoridades encontraron en la finca un cadáver y dos personas retenidas.
Ante las fallas y omisiones en las que incurrieron las autoridades estatales, la Fiscalía General de la República asumió el caso, pero los cuestionamientos han continuado.
A finales de abril, Gertz Manero descartó la existencia de centros de cremación en el “Rancho Izaguirre”, lo que avivó las críticas de los activistas. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco respondió al fiscal que había recuperado en el lugar “17 lotes de restos humanos óseos calcinadas” que estaban en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
El caso del “Rancho Izaguirre” dejó al descubierto las fallas de las autoridades mexicanas para llevar adelante muchas investigaciones, en particular los casos de personas desaparecidas, que ya alcanzan a 130.000.