Sobreviviente de abuso clerical en Perú visita la ciudad natal del papa para pedir más reformas
Una sobreviviente peruana de abuso sexual por parte de clérigos llevó el jueves su campaña pública en pro de reformas a la ciudad natal del papa León XIV, diciendo que él falló en investigar su caso cuando era obispo en Perú y ahora necesita actuar al respecto en su papel de líder de los católicos del mundo.
Durante una conferencia de prensa en el centro de Chicago, Ana María Quispe Díaz dijo que ha guardado silencio desde que el pontífice fue elegido, pero advirtió que no piensa estar callada para siempre.
Se presentó junto a miembros de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés). El grupo activista le envió una carta al papa el jueves, en la que reiteró sus exigencias de que haya mayor rendición de cuentas en las denuncias de abuso sexual por parte de clérigos, y publicó documentos relacionados con el caso de Díaz.
The Associated Press no nombra a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, a menos que estén de acuerdo en ser identificadas o decidan contar sus historias públicamente, tal como lo ha hecho Díaz. Comenzó a hablar en redes sociales en 2023, y debido a ello ha enfrentado amenazas y acoso en Perú, indicaron funcionarios de SNAP.
Antes de que León fuera elegido en mayo, SNAP presentó una queja formal contra el entonces cardenal Robert Prevost ante el secretario de Estado del Vaticano, alegando que él abusó de su poder eclesiástico en el manejo de dos casos.
Díaz dijo que es víctima en uno de esos casos, que coincidieron con el periodo en que Prevost fue obispo de Chiclayo, Perú. Según la queja presentada en marzo por SNAP, la diócesis de Prevost no investigó a fondo en abril de 2022, cuando tres mujeres acusaron a los sacerdotes Eleuterio Vásquez Gonzáles y Ricardo Yesquén de abusar sexualmente de ellas cuando eran menores de edad.
Díaz declaró el jueves que habló brevemente con Prevost por teléfono en 2020, contándole cómo fue sujeto de abusos por parte de Vásquez Gonzáles, pero no recibió garantías de que se pudiera hacer mucho. Las tres mujeres hablaron con Prevost en persona en 2022 sobre ambos sacerdotes, según Díaz.
Siguiendo un protocolo establecido por el papa Francisco
Pero Prevost hizo todo lo que se suponía debía hacer, según la diócesis de Chiclayo y el Vaticano, incluido el restringir las labores ministeriales del sacerdote, enviar una investigación preliminar a la oficina de delitos sexuales de la Santa Sede, ofrecer ayuda psicológica a las víctimas y sugerirles que acudieran a las autoridades, quienes archivaron el caso porque ocurrió hace demasiado tiempo.
El papa Francisco tuvo un historial dispar en lo que respecta a su respuesta a la crisis de abuso sexual por parte del clero, manejando mal un caso de gran peso en Chile en 2018 antes de cambiar de rumbo, ordenar una investigación y disculparse con las víctimas. A la larga, el caso de Chile se convirtió en un punto de inflexión durante el resto de su papado en la forma en que dirigió a la Iglesia para manejar casos de sacerdotes que abusaban sexualmente de niños.
En estos casos, la investigación del Vaticano encontró que Prevost actuó correctamente al imponer restricciones preliminares a Vásquez Gonzáles mientras las autoridades peruanas realizaban su propia investigación civil. La oficina de la Santa Sede archivó el caso por falta de pruebas, pero en 2023 lo reabrió después de que resonara en los medios.
Los grupos de víctimas están exigiendo que León rinda cuentas. Mientras tanto, los simpatizantes del pontífice dicen que el caso de Chiclayo está siendo explotado por sus opositores para socavarle después de que se hizo de enemigos al ayudar a cerrar el Sodalitium Christianae Vitae, una comunidad laica católica sacudida por escándalos en Perú.
Nadie ha acusado a León de cometer abusos él mismo, ni de mantener conscientemente a abusadores confirmados en labores públicas de ministerio, el mayor problema para la Iglesia católica en los últimos años.
SNAP quiere que los sacerdotes acusados sean retirados de sus labores lo antes posible
SNAP ha pedido que los sacerdotes acusados sean suspendidos de sus labores, algo que Díaz también ha procurado lograr.
La organización proporcionó copias de correspondencia sostenida en julio entre funcionarios de la Iglesia peruana y Díaz. En ellas, funcionarios eclesiásticos peruanos dicen que Vásquez Gonzáles solicitó este año ser dispensado de las obligaciones derivadas de su ordenación como sacerdote y dejar el estado clerical.
El proceso tomaría al menos seis meses para completarse, según las cartas. Díaz considera que eso es demasiado tiempo.
Fidel Purisaca, director de comunicaciones de la diócesis de Chiclayo, ni confirmó ni negó la solicitud de Vásquez Gonzáles. "Eso es un trámite reservado del sacerdote con el obispo y el Dicasterio Vaticano", dijo a la AP en un mensaje vía WhatsApp.
La diócesis indicó que Yesquén estaba demasiado enfermo para continuar con sus labores clericales. Ninguno de los sacerdotes ha comentado públicamente sobre las acusaciones.
En su visita a Chicago, Díaz concedió entrevistas con medios de comunicación en español y podcasts. También se presentó en la conferencia anual de SNAP en Pensilvania la semana pasada.
Ahora, con 29 años y madre de dos niños pequeños, la mujer indicó que aún le cuesta trabajo hablar de ello. Pero señaló que algo cambió cuando su hija cumplió 1 año, ya que recordó los abusos que sufrió. Ahora le pesa mucho dejar solos a sus hijos cuando se ve obligada a hacerlo.
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La periodista de The Associated Press Nicole Winfield en Roma y Franklin Briceño en Lima contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.