Proyecto de presupuesto de Trump genera incertidumbre en los estados

El gran proyecto de ley del presidente Donald Trump para recortar impuestos y reducir el gasto federal en algunos programas de la red de seguridad social podría tener grandes implicaciones para los estados, pero para muchos ya es demasiado tarde para hacer mucho al respecto este año.

El martes marca el inicio de un nuevo año fiscal en 46 estados. Aunque algunas legislaturas aún están trabajando, la mayoría ya ha concluido y finalizado sus planes de gasto sin saber si se recortará la financiación federal y, de ser así, en qué medida.

"El flujo y reflujo de rumores y realidad han creado gran incertidumbre y cierta ansiedad en los gobiernos estatales", declaró David Adkins, director ejecutivo del Consejo de Gobiernos Estatales.

Varios estados han tomado medidas preventivas, colocando dinero en fondos de reserva o encargando a comités que monitoreen el impacto de las reducciones de financiación federal. Otros están planeando tentativamente regresar en sesiones especiales este año para tener en cuenta posibles recortes de financiación a programas conjuntos federales-estatales como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP. Otros tendrán que esperar hasta que sus legislaturas vuelvan a estar en sesión el próximo año.

¿Qué está en juego para los estados?

"Si hay recortes significativos, los estados no podrían absorberlos completamente", indicó Brian Sigritz, director de estudios fiscales estatales en la Asociación Nacional de Oficiales de Presupuesto Estatal.

A nivel nacional, el programa de atención médica Medicaid para residentes de bajos ingresos representa el 30% del gasto total estatal, según la organización de investigación de políticas de salud KFF. Esto lo convierte en el programa más costoso en muchos estados, incluso más que la educación K-12. La mayor parte del dinero de Medicaid proviene del gobierno federal, lo que significa que cualquier cambio en la política federal puede crear grandes repercusiones para los estados.

La legislación pendiente en el Congreso afectaría a Medicaid de varias maneras. Se espera que los nuevos requisitos de trabajo reduzcan la inscripción de millones de personas, mientras que otros cambios propuestos también podrían reducir los pagos federales a los estados.

Hasta ahora, el gobierno federal también ha cubierto el costo total de los beneficios de SNAP y la mitad de los costos administrativos. El proyecto de ley de Trump trasladaría más de esos costos a los estados, obligándolos a decidir entre desviar dinero de otros propósitos o recortar sus programas de asistencia alimentaria.

Los cambios en Medicaid y SNAP son solo los últimos en una serie de políticas de Trump que afectan las finanzas estatales, incluyendo la reducción de subvenciones para proyectos de transporte e internet de alta velocidad y los intentos de retener fondos federales de jurisdicciones santuario que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración federales.

Algunas legislaturas están acumulando ahorros

Un aumento en la ayuda federal y los ingresos fiscales estatales durante la pandemia de coronavirus llevó a abultados presupuestos y superávits históricos en muchos estados. A medida que los ingresos disminuyen y esos superávits se gastan, algunos estados ahora están tratando de protegerse contra las reducciones de financiación federal.

Nuevo México promulgó una ley este año creando un fondo fiduciario de Medicaid que se llenará gradualmente con hasta 2.000 millones de dólares que se pueden utilizar para apoyar el programa si los recortes de financiación federal causaran una reducción en la cobertura o los beneficios.

Los legisladores de Hawai, al elaborar el presupuesto del estado, dejaron 200 millones de dólares adicionales en el fondo general como contingencia ante la incertidumbre de la financiación federal. Planean regresar para una sesión especial.

Y el presupuesto de Vermont reserva hasta 110 millones de dólares en caso de que se recorte la financiación federal. Eso incluye 50 millones de dólares que se pueden gastar mientras la Legislatura no está en sesión y hasta 60 millones de dólares que podrían ser apropiados en el futuro para abordar déficits de financiación federal.

Aunque no necesariamente vinculado a recortes federales, los legisladores de Florida aprobaron una propuesta de enmienda constitucional que reservaría 750 millones de dólares al año, o una cantidad igual a hasta el 25% de los ingresos generales del estado, lo que sea menor, en un fondo de reserva que los legisladores podrían usar para emergencias. Esa medida aún debe ser aprobada por los votantes.

Algunos gobernadores están recortando gastos

Debido a los plazos legislativos, algunos legisladores estatales tuvieron que elaborar presupuestos mucho antes de que se concretaran los detalles del proyecto de ley de Trump.

Los legisladores de Virginia aprobaron un presupuesto en febrero para su año fiscal que comienza el martes. El gobernador republicano Glenn Youngkin anunció varias docenas de vetos en mayo con el objetivo de crear un colchón financiero de aproximadamente 900 millones de dólares.

"Existen algunos riesgos a corto plazo mientras el presidente Trump reajusta tanto el gasto fiscal en Washington como las políticas comerciales que requieren que seamos prudentes y no gastemos todo el superávit proyectado antes de ahorrarlo", afirmó Youngkin en un comunicado.

Otros estados también han dejado dinero sin gastar, aunque no siempre lo califican de resguardo contra los recortes federales.

"Los estados están promulgando presupuestos realmente cautelosos, sabiendo que pueden tener que revisarlos en sesiones especiales o abordar cambios en las sesiones del próximo año". manifestó Erica MacKellar, principal del programa de asuntos fiscales en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Algunos están esperando a ver qué ocurre

Antes de concluir sus sesiones, algunas legislaturas estatales establecieron procedimientos para monitorear los recortes de financiación federal y recomendar cambios presupuestarios.

El presupuesto de Montana incluye 50.000 dólares para un análisis de las implicaciones financieras de las acciones federales, pero ese gasto solo se activa si se cancelan al menos 50 millones de dólares de financiación federal previamente aprobada o si se anticipa la pérdida de al menos 100 millones de dólares de ingresos futuros.

Si la financiación federal a Maryland disminuye en al menos 1.000 millones de dólares, una disposición aprobada por los legisladores requiere que la oficina de presupuesto del estado presente un informe a la Asamblea General con acciones propuestas y posibles reducciones de gastos.

El plan de gastos aprobado por los legisladores de Connecticut también requiere que la oficina de presupuesto del estado responda rápidamente a las reducciones federales identificando fondos estatales que podrían usarse para preservar programas, particularmente aquellos que brindan atención médica, asistencia alimentaria, educación y otras prioridades.

Los legisladores de Dakota del Norte dejaron espacio para más trabajo. Concluyeron su sesión bienal seis días antes de su plazo de 80 días, permitiendo tiempo para reunirse nuevamente si es necesario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.