Petro rechaza sanción de autoridad electoral a su campaña 2022 por violar límite de gastos
El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó el jueves la sanción administrativa impuesta por la autoridad electoral a la campaña electoral con la que llegó al poder en 2022 por exceder los límites de gastos permitidos en hasta 1,2 millones de dólares y por financiamiento con fuentes prohibidas.
“Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”, indicó Petro en la red social X, al cuestionar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
El CNE está compuesto por nueve magistrados electos por el Congreso de ternas elaboradas por los partidos políticos, por lo que suele recibir cuestionamientos sobre obedecer a los intereses políticos partidistas.
La autoridad electoral impuso multas sobre quienes administraron la campaña electoral como el gerente, Ricardo Roa, quien actualmente es el presidente de la estatal petrolera Ecopetrol; la tesorera de la campaña y la auditora. Así como los partidos de izquierda Colombia Humana y Unión Patriótica, que hacían parte de la coalición de la candidatura de Petro.
Por el fuero especial del que goza por ser presidente, Petro no puede ser sancionado por el CNE, según aclaró en junio la Corte Constitucional, al ordenar que el Congreso y no la autoridad electoral el que lo investigue por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña.
Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, es investigado por la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso por posibles irregularidades en la financiación de su campaña.
Petro ha defendido que no excedieron en los límites de gastos y advertido sobre un supuesto plan para sacarlo del poder impulsado por sus opositores utilizando las instituciones como la electoral.
El jueves, tras la decisión, defendió que a su campaña no entró “un peso del narcotráfico”, en respuesta a críticos que cuestionaron la financiación de la campaña con la que fue elegido, aunque la investigación no tuvo que ver con dineros ilegales sino con exceder los límites de la financiación.
El CNE recibió una queja anonima en 2023 y en octubre de 2024 decidió abrir la investigación sobre la campaña. Consideró que recibieron fondos de “fuentes de financiación prohibidas” procedentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), de Ingenial Medias y de la Unión Sindical Obrera.
La defensa de la campaña argumentó en el proceso que las donaciones no iban dirigidas a la campaña política, por lo que no debían consignarse en la campaña. En el caso de Fecode indicaron que se trató de una donación para el movimiento político Colombia Humana.
El partido Unión Patriótica rechazó la sanción en un comunicado el jueves, asegurando que vulnera las “garantías democráticas” en el país y asegurando que no se basó en pruebas sino en "convicciones políticas”.