Panamá: Tribunal Electoral afirma que no hay condiciones para consulta sobre contrato minero
El Tribunal Electoral de Panamá afirmó el lunes que no hay condiciones para celebrar una consulta popular que decida la derogación o no de un contrato con una empresa canadiense para extraer cobre en una zona boscosa del norte del país, mientras las protestas masivas que han semiparalizado el país entraban el lunes en su segunda semana.
El máximo organismo electoral panameño, que trabaja en la organización de las elecciones presidenciales de mayo del 2024, se pronunció luego de que el presidente Laurentino Cortizo, en un intento por aplacar las protestas, anunciara la noche del domingo que solicitaría al Tribunal Electoral que organice la consulta para el 17 de diciembre.
El anuncio de Cortizo no aquietó a los manifestantes que continuaron las protestas el lunes con bloqueos de carretera y planeaban nuevamente una marcha en la tarde, como lo han hecho desde hace más de una semana.
El rector electoral subrayó que “no existe en la Constitución política y en el código electoral norma alguna que contemple el tipo de consulta popular solicitada”, aunque destacó que si una ley debidamente aprobada y sancionada así lo ordenara, el Tribunal Electoral “quedaría obligada a convocarla y organizarla”.
El Tribunal Electoral se refirió también a que la Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley del contrato minero que han sido interpuestas y están pendientes de resolverse. Destacó que si el máximo tribunal de justicia emitiera un fallo antes de la fecha convocada por Cortizo para la consulta, la haría innecesaria.
Asimismo, el organismo electoral instó a las partes involucradas en la crisis a dialogar y a contribuir con soluciones pacíficas y efectivas.
Las protestas son impulsadas mayormente por jóvenes a través de las redes sociales y por gremios de la industria de la construcción, magisteriales, médicos e indígenas, entre otros, que exigen la derogación del contrato-ley. Líderes de las manifestaciones rechazaron el llamado a la consulta popular y han dicho que seguirán en la calle exigiendo la derogación de la ley y el cierre de la mina.
Cortizo, a quien le queda menos de un año para culminar su quinquenio, sancionó y promulgó aceleradamente el contrato ley el viernes 20 de octubre, luego de que también se aprobara con rapidez en el Legislativo pese al rechazo popular.
La ley le dio derecho a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, para seguir extrayendo, procesando y comercializando cobre y otros minerales en una zona de más de 12.955 hectáreas por un periodo de 20 años, prorrogable a 20 más.
Mientras que el gobierno defiende el contrato con el argumento de que salvaguarda miles de empleos en esa mina y hace un importante aporte a la economía del país de poco más de cuatro millones de habitantes, los que lo rechazan señalan que el Estado otorga demasiadas concesiones a la empresa y es desventajoso financieramente para Panamá.