Panamá presenta demanda de inconstitucionalidad contra contrato de operación de puertos en el canal
La Contraloría General de Panamá presentó el miércoles dos demandas ante la justicia pidiendo que se declare inconstitucional un contrato de ley que otorgó a fines de la década de 1990 la operación de los puertos en ambos extremos del canal interoceánico a una subsidiaria de China y la nulidad de su renovación hace cuatro años, por considerarlo “abusivo” a los intereses del país.
El contralor general, Anel Flores, dijo a la prensa que espera que sean admitidas por la Corte Suprema “prontamente y tengamos los resultados que obviamente necesita el país y la ciudadanía".
Los puertos de Balboa, en la entrada del Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, han quedado en medio de las tensiones geopolíticas y comerciales entre Estados Unidos y China.
El lunes, un conglomerado de Hong Kong que había acordado vender los activos de esos dos puertos indicó que podría buscar un inversionista chino para unirse a un consorcio de compradores que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock Inc. Esa medida podría complacer a Beijing pero traería más escrutinio del gobierno de Donald Trump, quien ha asegurado que China interfiere con las operaciones del canal.
La demanda de inconstitucionalidad es contra el contrato de concesión entre el Estado y la empresa Panama Ports Company —filial de CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong— de 1997. La otra busca la nulidad de una prórroga por 25 años efectuada en junio de 2021.
La Corte Suprema admitió en febrero otra demanda de nulidad contra la prórroga, presentada por un abogado particular.
“Son las acciones que hemos tomado porque los panameños no estamos de acuerdo, ni estamos de ninguna forma complacidos con lo que ha vivido Panamá en los últimos veintitantos años con la relación con Panama Ports”, señaló Flores.
A inicios de abril, la Contraloría presentó los resultados de una auditoría en donde aseguró que el Estado dejó de percibir un estimado de 1.200 millones de dólares durante la primera etapa de concesión de esos puertos y pidió a las autoridades judiciales una investigación por la renovación del contrato.
La fiscalía general de Panamá anunció después una investigación penal por los posibles delitos contra la administración pública y perjuicio contra el Estado, mientras que Panama Ports Company negó las acusaciones sobre que no había pagado ese dinero a Panamá. Argumentó que había realizado inversiones en los puertos superiores a los 1.690 millones.