Noboa propone ley para luchar contra lo que califica como las "economías criminales" en Ecuador
El Ejecutivo ecuatoriano envió el sábado un proyecto de ley al Legislativo con el que busca luchar contra lo que calificó como las economías criminales, en el que propone mecanismos más expeditos para realizar confiscaciones, allanamientos y endurecer las penas de prisión contra miembros del crimen organizado.
El presidente Daniel Noboa envió la propuesta con carácter de urgencia al Congreso, cuyos nuevos integrantes se posesionaron recientemente y donde el partido de gobierno —Acción Democrática Nacional— tiene mayoría y el control de las principales comisiones. Esto tiene lugar en medio de una sostenida y violenta arremetida de bandas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
El mandatario propone entre las reformas confiscaciones de dinero y bienes ligados a lavado de activos, aumento del castigo para los integrantes de grupos ilegales armados, con penas de prisión de 22 a 26 años —antes eran de 10 a 13 años de cárcel—. Para los jefes de esos grupos se propone sanciones de cárcel más duras de 26 a 30 años. También que las armas, municiones y otros elementos incautados pasen directa e inmediatamente a las fuerzas del orden.
La iniciativa establece allanamientos sin orden judicial, aunque plantea la necesidad de que 24 horas después haya un control de jueces especializados. La ley vigente sólo permite esa acción con orden judicial previa.
En caso de amenaza a la seguridad del Estado, asegura el documento, se pueden realizar apresamientos con fines de investigación que no se prolonguen por más de un día, tras lo cual los detenidos pasarán a orden de la fiscalía. Asimismo, para quienes hayan cometido delitos en el marco del vigente conflicto armado interno, decretado por el gobierno hace más de un año, no se les podrá dar medidas sustitutivas, como la presentación ante la justicia, expresa el proyecto.
Para los policías, procesados por hechos relacionados con el cumplimiento de su deber, no habrá prisión preventiva, destacó.
El analista y abogado penalista Ramiro Aguilar planteó en declaraciones a The Associated Press que “no se trata de hacer nuevas leyes, sino de reconstruir una sociedad que está gravemente enferma por la pobreza, falta de trabajo y oportunidades".
Si no se empieza por ahí, “ninguna nueva ley tendrá mayor trascendencia”, acotó Aguilar. “Otro elemento importante es qué hará el Estado con miles de jóvenes de unos 20 años que permanecerán por largo tiempo en la cárcel”.
Ecuador afronta una espiral de violencia que se disparó hace cuatro años y no cesa, pese a que las autoridades destacan la reducción de homicidios, al pasar de 8.248 en 2023 —cuando el país registró un récord de muertes violentas— a 6.987 a finales del año pasado.
Para hacer frente a esta arremetida, Noboa decretó en enero del año pasado la vigencia de un conflicto armado interno, que permitió la acción conjunta de la policía y los militares en el control del orden público. A pesar de ello, las muertes violentas siguen en aumento y en el primer trimestre de este año llegaron a 2.361, según la policía.
Las autoridades atribuyen la ola de inseguridad a la expansión de la operación de grupos de delincuencia organizada vinculados a cárteles de Colombia y México, que han convertido al país andino en lugar de acopio, bodega y tráfico de la droga, la cual ingresa especialmente por la frontera norte.