Militares implicados en desaparición de niños siguen en prisión tras decisión de tribunal en Ecuador
Un grupo de militares implicados en la desaparición y muerte de un grupo de adolescentes en Ecuador seguirá en prisión luego de que el viernes un tribunal de justicia negara un pedido de habeas corpus presentado por su defensa.
Un total de 11 militares, de los 16 implicados, habían pedido habeas corpus para buscar su libertad. El resto no suscribió el pedido porque se acogió a un proceso abreviado de colaboración eficaz, en el que ofrecieron información a la justicia, a cambio de beneficios, para esclarecer el caso.
Fernando Bastías, uno de los abogados de los menores, en declaraciones a The Associated Press dijo que el juez “negó el pedido de 11 militares detenidos por improcedente", aduciendo además que la prisión preventiva impuesta no es ilegal, ni arbitraria, ni ilegítima.
La desaparición de cuatro adolescentes de la populosa barriada Las Malvinas, de Guayaquil, 265 kilómetros al suroeste de la capital, ocurrió el 8 de diciembre luego de que los menores —uno de 11 años, dos de 14 y otro de 15— no volvieron a sus hogares tras jugar un partido de fútbol.
Días más tarde, y en medio de una insistente búsqueda, las autoridades hallaron los restos calcinados cerca de una base militar. Un total de 16 uniformados enfrentan un proceso judicial en torno al caso.
Los militares que decidieron colaborar con la Fiscalía, admitieron que los menores fueron golpeados, obligados a arrodillarse, a desnudarse, además los lanzaron desde un vehículo militar, entre otras acciones violentas.
De acuerdo con un informe militar y videos mostrados por la defensa de los uniformados, los jóvenes fueron apresados por un “posible delito flagrante”, pero luego los soltaron cerca de la base militar. La fiscalía negó que los menores hubieran cometido algún delito.
El caso ocurrió casi un año después de que el presidente Daniel Noboa declarara el estado de conflicto armado interno ante la ola de violencia que asedia al país, permitiendo que un bloque de seguridad formado por militares y policías realicen operativos permanentes en las calles y cárceles.
Las familias de los menores han realizado reclamos y marchas pidiendo justicia. La pena mínima para los responsables de los hechos podría ser de 26 años de cárcel por el delito de desaparición forzada, con agravantes como la tortura de niños y adolescentes.