¿Qué es la “Operación Rápido y Furioso” y por qué existe una demanda contra un expresidente mexicano?
Según el Senado mexicano, “eso demuestra la injerencia de las agencias estadounidenses dentro del territorio nacional que actúan al claro amparo y complicidad con las agencias de seguridad mexicanas”
Entre los años 2006 y 2011, la denominada “Operación Rápido y Furioso” permitió la entrada ilegal de 2.500 armas largas a México provenientes de EEUU. El objetivo era colocarles dispositivos de rastreo o ‘chips’ al armamento para conocer el ‘modus operandi’ de las organizaciones criminales.
Cabe mencionar que, la “Operación Rápido y Furioso” fue justificada como parte de las actividades de la Iniciativa Mérida o Plan México –hoy Entendimiento Bicentenario–, un plan de cooperación bilateral en materia de seguridad, a través del cual, EEUU dotaba de recursos económicos e inteligencia al país azteca con la premisa del combate al narcotráfico.
Durante el sexenio del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), se vivieron los años más cruentos de la guerra contra las drogas, emprendida a solo 11 días de haber asumido el máximo cargo público del país. En ese periodo, la ATF (Agencia de Control de Armas, Tabaco y Alcohol de EEUU, por sus siglas en inglés) facilitó la entrada de armamento al territorio vecino.
De acuerdo con la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte del Senado de la República Mexicana, “esta operación confirmó la porosidad y corrupción que privan en las aduanas mexicanas, carentes de una política de seguridad, pues el énfasis es estrictamente fiscal”, refirió un documento presentado en el pleno del recinto legislativo.
La “Operación Rápido y Furioso” se salió de control rápidamente y, según un documento del Departamento de Justicia de EEUU, “agentes federales de ese país permitieron el ingreso a México de componentes para la fabricación de granadas de detonación. La ATF procedió a marcar dichos objetivos con el objetivo de rastrearlas una vez que llegaran a México”.
Según el Senado mexicano, “eso demuestra la injerencia de las agencias estadounidenses dentro del territorio nacional que actúan al claro amparo y complicidad con las agencias de seguridad mexicanas”.
Cabe mencionar que, esta operación hasta entonces secreta, fue descubierta en 2010 luego de que un par de los rifles de asalto con ‘chip’, fueran los causantes de un tiroteo en el que murió un agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU. El altercado habría ocurrido entre los estados de Sonora y Arizona.
Un año después, en 2011, fue descubierta un arma en el estado mexicano de San Luis Potosí, donde fue asesinado un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas. En ese año, autoridades en ambos lados de la frontera lograron recuperar 567 de las 2.500 armas de fuego que dejaron pasar ilegalmente; según expertos, la gran mayoría de este equipo hoy día está en poder de los cárteles de la droga, luego de que estos descubrieran los ‘chips’ y los extrajeran para su destrucción.
El caso sigue teniendo vigencia en el panorama político y judicial de México, pues fue hasta enero de 2022, que un juez libró siete órdenes de aprehensión en contra del mismo número de personas por el caso de la “Operación Rápido y Furioso”.
La FGR (Fiscalía General de la República) detalló que, entre los personajes involucrados en la operación encubierta entre México y EEUU y que tendrán que ser sometidos a la ley, son Joaquín Guzmán Loera, el otrora líder del Cártel de Sinaloa; Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México; y Luis Cárdenas Palomino, excoordinador de Inteligencia de la extinta Policía Federal. Actualmente, los funcionarios públicos y el capo de la droga se encuentran recluidos en prisiones de máxima seguridad en México y EEUU.
Demanda contra Felipe Calderón
El pasado 31 de octubre, el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, reveló que el expresidente Felipe Calderón sí cuenta con una denuncia internacional en La Haya por crímenes de lesa humanidad, derivado de la “Operación Rápido y Furioso”, en la que se vendieron armas a los cárteles de la droga.
Desde el Congreso de Oaxaca, Adán Augusto explicó que la denuncia fue interpuesta en la Corte Penal Internacional y, hasta ahora, se tiene conocimiento que están en la fase de recolección de pruebas. “Seguramente va a haber justicia”, dijo López, en el marco de una charla que avala la denominada “militarización” del país tras la aprobación de una reforma constitucional en el ámbito de seguridad.
Y agregó: “No olvidemos quiénes intentaron o militarizaron el país, pues fue Felipe Calderón, ahora no quieren acordarse muchos de aquella mañana de diciembre de 2006, en la que el entonces presidente instruyó al Ejército Mexicano que iniciara una absurda guerra contra el crimen organizado”.
Durante los seis años de la administración calderonista, el país registró 10.859 homicidios y 22.112 desapariciones, de acuerdo con datos del RNPED (Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas).
En octubre de este año, el Congreso mexicano avaló la ampliación hasta el 2028 de la presencia de las fuerzas armadas en las calles para realizar labores de seguridad pública; esto pese a las críticas de partidos políticos de oposición, organizaciones humanitarias y gran parte de la sociedad civil que consideran que la iniciativa agudizará la militarización del país.