Del “regreso a su cuarteles” a la “militarización del país”; la polémica sobre la Guardia Nacional en México
El presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando una reforma constitucional para que medio millón de elementos castrenses brinden seguridad en todo el territorio nacional
Cuando estaba en campaña política, el 6 de febrero de 2012, el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se comprometió a regresar a sus cuarteles al Ejército en solo seis meses. Hizo esa promesa si ganaba la elección presidencial en julio de ese año. Perdió.
Casi seis años después, durante los comicios electorales de 2018 en los que obtuvo un contundente triunfo, AMLO expresó lo mismo durante un evento en la ciudad de Saltillo, en Coahuila: “Mi compromiso es regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y retirarlos de las calles”. Ese año, López Obrador se instaló en la silla presidencial pero no cumplió su promesa. Falló.
Entre tiroteo y ‘narcobloqueos’, México ha vivido una escalada de violencia sin precedentes. Tan solo el pasado mes de agosto fue catalogado como el tercero más violento en lo que va de 2022, después de mayo y julio, reveló un informe del Gabinete de Seguridad. En los últimos 30 días, se registraron 2.304 víctimas de homicidio doloso en México.
La ola de inseguridad estuvo marcada por tiroteos y ‘narcobloqueos’ en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Colima y Zacatecas, entidades laceradas por los enfrentamientos entre el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) y el Cártel de Sinaloa comandados por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”; e Ismael “El Mayo” Zambada, respectivamente.
En semanas recientes, el mandatario mexicano ha reiterado su interés de impulsar una reforma constitucional para que medio millón de elementos castrenses brinden seguridad en todo el territorio nacional. Sin embargo, para que eso suceda propone que la Guardia Nacional dependa de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), lo que expertos y partidos políticos de oposición han denominado “la militarización del país”.
¿De regreso al pasado?
La madrugada del 3 de septiembre, legisladores de la Cámara de Diputados de México aprobaron la iniciativa del presidente AMLO para que la Guardia Nacional sea trasladada a la Sedena; se trata de un proyecto que ahora fue turnado al Senado de la República.
Sin embargo, para que el proyecto sea aprobado, deberá de reformarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea. Recientemente, el PAN (Partido Acción Nacional) pidió que cada una de las leyes se votara por separado y todas fueron aprobadas.
En lo que respecta a los artículos transitorios, también se votaron algunos de ellos; por lo que de ratificarse esta iniciaitva, la Secretaría de Seguridad Federal tendría 60 días para realizar la transferencia tanto de recursos presupuestales, como financieros y materiales a la Sedena, con el objetivo de que la Guardia Nacional pueda operar.
Las fuerzas políticas de oposición han reiterado que los años de mandato de AMLO han sido los más mortíferos a causa de la delincuencia organizada y, en específico, las disputas entre cárteles del narcotráfico. Según cifras oficiales, durante el año 2021, se contabilizaron 33.315 homicidios; en 2020, 34.554; y en 2019, 34.690.
Este miércoles, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México se aprobó, en lo general, la iniciativa de reforma que plantea ampliar la presencia de las fuerzas castrenses en las calles hasta el año 2029. La reserva fue emitida por el PRI (Partido Revolucionario Institucional), una fuerza política que fue acérrima crítica de AMLO.
En un principio, el presidente sugirió en su habitual conferencia de prensa matutina que las labores del Ejército en las calles siguieran hasta por lo menos marzo de 2024, cuando sus funciones como titular del Poder Ejecutivo culminen. Hasta ahora, los mexicanos han expresado su repudio a la denominada “militarización del país”, asegurando que AMLO emulará la estrategia fallida de seguridad del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), “al que tanto criticó”, aseguran.