“Temo por mi seguridad; ya vienen por mí”: Periodista denuncia amenazas del Gobierno de México

El pasado 6 de agosto, el periodista y escritor mexicano, Jesús Lemus Barajas, reveló que está siendo perseguido por la FGR (Fiscalía General de la República Mexicana), y la FGE (Fiscalía General del Estado de Michoacán) tras la publicación de su libro “El fiscal imperial: El eslabón más oscuro de la 4T” (Harper Collins, 2022) de recién aparición en el mercado.

En una transmisión hecha a través de su canal de YouTube, Lemus Barajas comentó que, de acuerdo con sus fuentes al interior del Gobierno de México, existe una carpeta de investigación en su contra en la que ubican sus domicilios en la Ciudad de México y en el estado de Michoacán como “posibles casas de seguridad”.

“Me quieren detener. En México, no hay condiciones para hacer periodismo. Y todo esto viene a raíz de la publicación de mi libro ‘El fiscal imperial’”. En su obra, el autor denuncia “la perversidad del fiscal Alejandro Gertz Manero y cómo ha corrompido el cargo y cuál es su relación con las cúpulas del poder para simular un trabajo de procuración de justicia”, explicó Lemus en entrevista con Independent en Español.

Y agregó: “A mi hija, a mi esposa y a mí nos quieren señalar como miembros de un grupo del crimen organizado. No sé qué elementos tienen, pero sabemos que así trabaja y actúa el Gobierno Federal cuando quiere deshacerse de un periodista”.

Cabe mencionar que, durante el sexenio del expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó el país entre los años 2006 y 2012, el Gobierno Federal “vuelve a lanzar una embestida contra mí”, refirió el también colaborador de Los Angeles Times. Durante dicha administración, el periodista michoacano fue acusado injustamente de ser miembro del crimen organizado, en específico, de una célula criminal del cártel conocido como “La Familia Michoacana”.

Debido a ello, Lemus Barajas estuvo recluido en el Penal de Puente Grande, en Jalisco, la cárcel de máxima seguridad donde estuvo preso por varios años el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ahí, el periodista fue acusado de delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, lo que le valió un encierro de 1.100 días, los cuales aprovechó para recoger los testimonios de vida de personajes como Rafael Caro Quintero, Alfredo Beltrán Leyva y Mario Aburto, los cuales incluyó en su libro “Los Malditos. Crónica negra desde Puente Grande” (Grijalbo, 2016).

Según narró a este medio, Lemus Barajas está acogido al Mecanismo de Protección de Periodistas de la Segob (Secretaría de Gobernación de México); asimismo, aseguró que pedirá asilo político a EE.UU. y responsabilizó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; y al gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de lo que puediera pasarle a él y a su familia.

“Sé que el fiscal Gertz Manero es un hombre rencoroso, sé que va a decir que yo soy el peor de los delincuentes, pero no sé qué delitos me quiera atribuir. Temo por mi seguridad, temo por mi vida, temo por mi familia. Por eso los estoy señalando a ellos, de lo que nos pueda suceder”, dijo.

En el último mensaje que, hasta ahora, ha emitido públicamente el periodista mexicano, detalló que un grupo de hombres armados vigilaba su casa, presuntamente, en un país centroamericano. “Parece que son sicarios o elementos de la Policía Ministerial; ya vienen por mí”, puntalizó.

Cabe mencionar que, el pasado 2 de agosto, el periodista Ernesto Méndez, director del medio digital Tu Voz, fue asesinado por un grupo de hombres armados que irrumpió a un bar de su propiedad, y lo agredió a quemarropa. El crimen ocurrió en el estado mexicano de Guanajuato, una demarcación que libra una guerra entre dos poderosas organizaciones cirminales, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Con este homicidio, suman 13 asesinatos de periodistas en lo que va del año 2022.

La grave ola de violencia que azota al gremio periodístico y que data de por lo menos tres décadas, se ha acrecentado en los últimos meses bajo la administración del presidente López Obrador. El panorama es aún más preocupante, pues según cifras oficiales, de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, el gobierno actual solo ha podido esclarecer tres homicidios de comunicadores, con lo que la impunidad de los casos alcanza hasta un 90 por ciento.