Nombran a Marcelo Ebrard y al gobierno mexicano “Persona del Año” por combate contra armas

Después del fracaso del operativo “Rápido y Furioso” que, de manera deliberada permitió el tráfico de más de dos mil armas a México, el gobierno de ese país presentó una demanda contra la industria armamentista de Estados Unidos por negligencia

Soledad Villa
viernes 14 enero 2022 19:48
Biden anuncia órdenes ejecutivas sobre control de armas

“Tengo el gusto de informarles que el gobierno de México ha ganado el reconocimiento 2021 de la Arms Control Association”. Así celebró el canciller Marcelo Ebrard la selección que lo nombró junto con el gobierno federal “Persona(s) del Año” gracias a la demanda que presentaron contra la industria armamentista por el tráfico ilegal hacia el país y la violencia que ha generado.

En otro tuit, el funcionario agradeció a la Asociación de Control de Armas por respaldar la estrategia con la que el gobierno mexicano pretende restablecer la paz en medio de los años más violentos desde que se tiene registro.

En agosto de 2021, representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentaron ante una Corte Federal estadounidense en Boston, Massachusetts, una demanda contra 11 productores y distribuidores de armas por supuesto comercio negligente e ilícito del armamento que, en muchas ocasiones es traficado a México y termina en poder de los grupos criminales.

La querella, que hace un seguimiento al operativo “Rápido y Furioso”, busca que la industria de armas estadounidense compense a México por el daño causado al país que sufre altos niveles de violencia desde hace dos décadas.

La demanda plantea que los daños ascienden a 10 mil millones de dólares y señala a empresas como Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc o Sturm, Ruger & Co, Inc. La mayoría con sedes u oficinas centrales en Boston.

La Arms Control Association organiza cada año la nominación de personalidades o entidades que buscan combatir la amenaza de las armas más peligrosas del mundo, misión de la organización desde 1971.

Daryl G. Kimball, director ejecutivo de la organización, señaló que la demanda "representa una nueva forma importante de responsabilizar a los actores deshonestos por su papel en la violencia causada por el tráfico de armas pequeñas a través de las fronteras internacionales."

“Rápido y Furioso” fue un operativo impulsado por la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) de Estados Unidos para introducir a México más de dos mil armas entre 2006 y 2011, con el fin de rastrearlas hasta sus compradores finales. En teoría, esto le daría a las autoridades un mapa de las organizaciones criminales y la localización de las mismas.

Sin embargo, el fracaso de la operación se dio a conocer cuando dos de los rifles de asalto que formaron parte del arsenal que la ATF permitió traficar, fueron utilizados en un tiroteo cerca de la frontera entre Arizona y México, donde murió Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza. Y cuando se comprobó que el arma que mató a Jaime Zapata, agente de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas), también pertenecía al operativo.

Fue entonces cuando Lanny Breuer, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, admitió que de forma deliberada permitieron el tráfico de miles de armas a México y les perdieron la pista poco después.

El fiscal general de ese entonces, Eric Holder, reconoció ante el Comité Judicial del Senado estadounidense que el operativo fue “defectuoso” en su concepción y operación. Por su parte, la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, también reconoció “serios errores” y se comprometió a evitar que se repitiera.

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