Medio digital El Faro denuncia que gobierno salvadoreño congeló bienes a sus socios fundadores

El medio de investigación El Faro anunció el jueves la congelación de los bienes de sus miembros, incluyendo una cuenta bancaria y propiedades, en lo que denunció como una escalada de persecución política por su labor de denuncia de la corrupción en el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Carlos Dada, fundador y director de El Faro, dijo en una conferencia de prensa transmitida en las redes sociales que esta es “la continuidad de un problema político que El Faro representa para el gobierno de Bukele por nuestras publicaciones”.

“Nosotros sabemos que han procedido con anotaciones preventivas, que han congelado bienes porque lo informó el banco de una de las cuentas congeladas y el registro de la propiedad en cuestión que fuimos a ver después de enterarnos del congelamiento de la cuenta bancaria”, agregó Dada.

El Faro ha mantenido enfrentamientos públicos con Bukele por sus investigaciones sobre la corrupción durante su administración, incluyendo revelaciones de que su gobierno negoció con bandas criminales.

Bukele, quien llegó al poder en 2019 con una plataforma anticorrupción como el líder más joven de la región, ha enfrentado crecientes críticas de organizaciones de derechos humanos por su represión de la disidencia y los abusos cometidos durante un estado de excepción de cuatro años que ha llevado a la cárcel a más de 91.000 personas.

La oficina de Bukele no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, pero él ha calificado anteriormente los reportajes del medio como “noticias falsas”.

Según la denuncia del medio, entre febrero y abril de 2026, el Ministerio de Hacienda realizó la inmovilización bajo la figura de “anotación preventiva”, es decir una reserva de bienes individuales a manera de garantía de pago contra eventuales deudas de una empresa.

Según Dada, el medio se enteró de la congelación de activos a través del banco y el registro de la propiedad, en lugar de mediante una notificación formal del gobierno.

Desde 2020, el medio ha sido objeto de auditorías continuas por parte de las autoridades salvadoreñas, en las que el gobierno alega que evadió 200.000 dólares en impuestos, lo cual Dada negó.

Claudia Paz y Paz, directora del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, con sede en Costa Rica, que representa a El Faro en su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaró en la conferencia de prensa del jueves que la medida es una “represalia” por el trabajo de El Faro y que busca “silenciar las voces de los periodistas”.

El periódico digital salvadoreño opera en Costa Rica desde el año 2023, cuando anunció sería administrado por la Fundación Paródica en San José, debido a lo que consideró la falta de condiciones seguras y al acoso del gobierno de Bukele.