Los retos de la nueva mesa de diálogo entre Colombia y la disidencia de alias "Iván Márquez"
El gobierno colombiano enfrentará nuevos desafíos jurídicos y políticos en una mesa de diálogo que instalará con la Segunda Marquetalia, un grupo ilegal encabezado por alias “Iván Márquez”, que retomó las armas tras el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Tras más de un año de acercamientos las partes anunciaron que instalarán la mesa formal el 24 de junio en Caracas. En un documento que firmaron describieron una agenda sobre el “desescalamiento del conflicto”, la construcción de territorios de paz y las víctimas. Sin embargo, no incluyeron el tratamiento de la situación jurídica en la que quedarían los integrantes del grupo ilegal en caso de un eventual acuerdo.
Márquez —cuyo verdadero nombre es Luciano Marín—, quien asistió a una primera reunión en Caracas el 3 y 4 de junio, según confirmó el jefe negociador del gobierno, se mantiene como la cabeza más visible de la organización ilegal. En mayo Márquez reapareció por medio de un video, luego de meses de rumores sobre su supuesta muerte.
Armando Novoa, jefe negociador del gobierno, aseguró a The Associated Press que hay “retos complejos, pero no insuperables”. Uno de ellos es el tratamiento jurídico que obtendrían los miembros reincidentes.
Además hay un ambiente político desfavorable pues una parte de los colombianos se muestran incrédulos ante las intenciones del grupo armado.
A diferencia de otras facciones disidentes de la extinta guerrilla, la Segunda Marquetalia fue conformada por experimentados guerrilleros que hicieron parte de la línea de mando de las FARC y tuvieron voz en las anteriores negociaciones de paz.
El grupo armado ilegal dirigido por alias Iván Márquez nació en 2019. Quienes lo conformaron consideraban que el Estado los “traicionó” en lo acordado. Alegaron que el Estado no “protegió” a los excombatientes —algunos asesinados tras el proceso—, o que lo incumplió al capturar a uno de sus líderes por supuestos vínculos con el narcotráfico —lo que el grupo liderado por Márquez consideró un “montaje”—, entre otros señalamientos.
La posibilidad de una nueva mesa de diálogo ha generado preocupaciones sobre el tratamiento a los grupos disidentes después de que Gustavo Petro —el primer izquierdista en ser electo presidente de Colombia— decidió darle a la Segunda Marquetalia un estatus político en el marco de su política de “paz total”, la cual consiste en conversaciones simultáneas con varios grupos armados ilegales y bandas urbanas.
Pero el Estado tiene un impedimento para volver a negociar y dar beneficios de justicia especial a quienes se desmovilizaron y siguieron delinquiendo según el acuerdo de paz de 2016 y pronunciamientos de la Corte Constitucional, señaló a AP Andrés Preciado, director del área de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz.
“El gobierno está tratando de conseguir tiempo, cierta ventaja, porque el impedimento jurídico está sobre todo relacionado con los beneficios (jurídicos), que sería lo último del proceso de negociación”, agregó Preciado.
Novoa aseguró que el tratamiento jurídico se va a examinar en las próximas reuniones en busca de encontrar un "camino institucional para resolverlo”.
Para Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, la mesa de diálogo también tendrá el reto de lograr credibilidad entre la sociedad, debido a que se trata de una nueva oportunidad para quienes desertaron del acuerdo de 2016.
El acuerdo de paz con las FARC ha tenido resistencia interna, incluso fue rechazado en un plebiscito en 2016 porque sus críticos consideraban que era muy favorable para los rebeldes. Sin embargo, tras algunos cambios, quedó en firme y los exrebeldes que lo firmaron conformaron un partido político y se sometieron a un tribunal especial cuyos juicios siguen abiertos, con la posibilidad de recibir penas que no impliquen cárcel.
Novoa reconoció que hay un “clima político complejo que nos obliga a hacer una labor de pedagogía” sobre el proceso de negociación y justificó la necesidad de que haya un acuerdo de paz como una forma de menguar la violencia que persiste y tiene “características supremamente difíciles en muchos territorios” en los que hay "grupos con estrategias de copamiento de poder y economías ilegales”.
La estructura interna del grupo armado también es un reto, según Dickinson, pues no está claro cómo se articulan los intereses de los diferentes frentes ni qué tan cohesionados están para negociar, un punto que ha dificultado otras mesas de diálogo.
La Segunda Marquetalia se ha consolidado de a poco; las Fuerzas Armadas calculan que tiene más de 1.788 miembros en total, entre armados y redes de apoyo, muy lejos aún de los más de 13.000 miembros que tenían las antiguas FARC.
Entre los miembros de esta disidencia están, además de Márquez, Henry Castellanos, alias “Romaña”; Seuxis Pausias Hernández, conocido como “Jesús Santrich”; y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias “El Paisa”. Los dos últimos estarían muertos desde 2021, según el gobierno.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el grupo armado está presente en 65 municipios del país. Las autoridades también han señalado que opera en Venezuela, lo cual siempre fue negado por el gobierno de Nicolás Maduro.